Ante la decisión que esta mañana tomó el presidente Alberto Fernández de iniciar una nueva sesión de reuniones con gobernadores y funcionarios del Gobierno, surge el interrogante sobre la posibilidad de aplicación de multas y sanciones penales para las personas que infrinjan las restricciones a la circulación que se podrían restablecer como en el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo de 2020.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020,
que lleva la firma de Alberto Fernández y todos sus ministros, se dispuso el
confinamiento para todo el país, en principio por 15 días y luego se prorrogó
varias veces.
En el artículo 4 de ese DNU se estipuló que
"cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del
'aislamiento social, preventivo y obligatorio' o a otras normas dispuestas para
la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se
procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación
a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes
del Código Penal".
¿Qué dicen estos artículos?
El Artículo 205 del Código Penal, el cual establece
que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare
las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la
introducción o propagación de una epidemia".
Además de ser imputado, la persona podría quedar
sujeta a "medidas patrimoniales para garantizar bienes" ante posibles
demandas civiles por parte de las personas que haya afectado por incumplir el
aislamiento.
Por su parte, la violación del Artículo 239 del Código
Penal establece: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que
resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de
sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de
aquél o en virtud de una obligación legal".
Nuevas restricciones
- Reuniones: el Gobierno de Alberto Fernández busca limitar la posibilidad de salidas nocturnas con especial preocupación en los jóvenes, y restringir a 10 personas el máximo por reunión.
- Vuelos: se espera reducir todavía más los viajes al exterior y exigir un test PCR a quienes lleguen de otra provincia. El control apunta sobre todo a limitar los viajes de los destinos donde hay mayor número de casos.
- Transporte público: el objetivo del Poder Ejecutivo es
volver a limitar el uso del transporte público, y restringirlo a los
trabajadores esenciales, como en el inicio de la cuarentena.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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