Así lo afirmó durante una recorrida por la zona norte de la Provincia, que incluyó los partidos de Zárate y San Nicolás, donde entregó móviles policiales e inauguró puestos de vigilancia para mejorar la seguridad de la región.
"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", explicó el funcionario provincial.Y agregó que "cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba", se cae "en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia".
"Como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos", sostuvo el ministro, al tiempo que advirtió que "con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados".
"Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión", concluyó.