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Una mujer de Neuquén contrató una casa prefabricada, pagó las cuotas acordadas y esperó que comenzara la construcción. Pero cuando llegó el momento de solicitar la obra, la empresa le comunicó que el contrato estaba rescindido por una supuesta falta de pago .
La compradora decidió llevar el caso a la Justicia y consiguió un fallo a su favor. La Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad de la constructora y fijó una sanción económica de más de $82 millones por daño punitivo . Además, ordenó devolver las cuotas que había abonado y mantuvo una indemnización de $3 millones por daño moral .
La resolución fue dictada en febrero de 2026 y ratificó parcialmente la sentencia de primera instancia. Los jueces consideraron que la empresa había perjudicado los derechos de la consumidora al no cumplir con la construcción de la vivienda.
El conflicto comenzó en 2020, cuando la mujer firmó un contrato para adquirir los materiales y la construcción de una vivienda industrializada de 36 metros cuadrados .
El acuerdo establecía un plan de financiación de 96 cuotas mensuales . Una vez que alcanzara el pago de la cuota número 44 , la compradora quedaba habilitada para solicitar el inicio de los trabajos.
Cuando cumplió con esa condición y pidió que comenzaran la obra, recibió una respuesta inesperada: la compañía sostuvo que el contrato había sido rescindido por una supuesta mora en los pagos . La mujer reclamó ante la Justicia por el incumplimiento y pidió recuperar el dinero que había destinado a la compra de su vivienda.
Durante el proceso se analizaron los comprobantes y las condiciones del acuerdo. Los jueces concluyeron que la compradora había cumplido con las obligaciones necesarias para acceder a la construcción, mientras que la empresa no logró justificar por qué no había realizado la prestación comprometida.
Al revisar el expediente, los magistrados consideraron acreditado un proceder doloso en perjuicio de los derechos de la consumidora .
Entre los elementos que tuvieron en cuenta, señalaron que la constructora había recibido pagos incluso después de comunicar la rescisión del contrato y que había postergado el cumplimiento de sus obligaciones.
La Cámara entendió que la empresa había intentado trasladarle a la clienta la responsabilidad por un incumplimiento que le correspondía a la propia firma . Por eso, confirmó la condena, aunque modificó el monto de la sanción económica que había establecido el juez de primera instancia.
La sentencia estableció una sanción de $82.183.159,68 en concepto de daño punitivo , una figura que busca castigar conductas especialmente graves de proveedores y empresas en perjuicio de los consumidores y desalentar que se repitan.
A ese monto se suman la devolución de las cuotas que la mujer había pagado durante el plan y los $3 millones por daño moral que ya habían sido reconocidos en primera instancia. De esta manera, la Justicia confirmó la responsabilidad de la constructora por no haber cumplido con la construcción de la vivienda que había vendido y financiado.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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