Dura reacción del fiscal Luciani a la revelación de que Lázaro Báez seguía alquilando sus propiedades embargadas

El fiscal general Diego Luciani -junto al fiscal general adjunto Sergio Mola- solicitó medidas urgentes ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a raíz de la investigación que se inició en Río Gallegos en la que se reveló que Lázaro Báez continúa administrando, explotando y cobrando rentas de bienes que integran el listado de bienes a embargados y a decomisar en las causas de Vialidad y de la Ruta del Dinero K. Varias de esas propiedades incluso ya fueron registradas a nombre de la Corte Suprema para ser rematadas.

En una breve respuesta, el TOF 2 acusó recibo del reclamo y supeditó la respuesta a otras gestiones y pedidos de información y medidas solicitadas desde junio a media docena de oficinas públicas y judiciales en el proceso de gestión de los decomisos del caso Vialidad.

“Se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes ", sostuvo en un escrito al que accedió Clarín.

La maniobra descrita por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, ubica como principal responsable a Lázaro Báez quien operó dando órdenes desde la cárcel de Ezeiza para alquilar las propiedades. Incluso se sospecha que fueron alquiladas a bandas narco.

Para el fiscal Báez, su novia Claudia Insaurralde y otros integrantes se dedicaban a lavar plata en el marco de una asociación ilícita.

Uno de los puntos más destacados es que los involucrados no crearon nuevas empresas para introducir fondos ilícitos al mercado, como suele ocurrir en las operaciones de blanqueo, sino que “operaron directamente sobre un vasto patrimonio preexistente que ya se encontraba judicialmente cautelado mediante embargos, depósitos judiciales e incluso mandatos firmes de decomiso dictados en causas previas contra Lázaro Báez”.

La maniobra principal consistió en sustraer dichos activos para evitar la ejecución patrimonial judicial, ya que el empresario kirchnerista debe responder al decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K (55 millones de dólares) y del caso Vialidad (685.000 millones de pesos).

La causa radicada en la fiscalía federal de Río Gallegos sostiene que los involucrados en la presunta asociación ilícita buscaban mantener esos bienes en explotación comercial productiva y “derivar sistemáticamente sus beneficios económicos”, burlando la inhabilitación dictada sobre el empresario, respecto a la administración y disposición de sus bienes.

Entre las pruebas reunidas y expuestas este jueves en la audiencia de formalización (ya que en la jurisdicción rige el sistema acusatorio) el representante del Ministerio Público Fiscal, expuso escuchas telefónicas que corroboraron cómo Báez daba instrucciones sobre su patrimonio bajo cautela judicial, desde el Penal de Ezeiza. Además de veinte documentos secuestrados en su celda, donde entre otras cosas, tenía constancia de los bienes que estaba explotando y cuánto percibía al respecto.

Frente a ese escenario y el cuadro acusatorio, el fiscal general Diego Luciani junto a su par, Sergio Mola, realizaron una presentación ante el TOF 2 responsable de ejecutar la pena en el caso Vialidad donde Lázaro Báez junto a Cristina Kirchner y otros siete imputados, están condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En el escrito , al que accedió Clarín , el fiscal sostuvo señaló: “las maniobras que se investigan en Río Gallegos no recaen sobre bienes ajenos a la ejecución, sino precisamente sobre aquellos que la Corte Suprema ya tiene registrados bajo su dominio y/o se encuentran afectados al cumplimiento del decomiso dispuesto en esta causa. Eso lleva a la necesidad de que el Tribunal ordene de manera inmediata medidas de aseguramiento y de resguardo de los frutos que aquí se solicitan."

Al ponderar la prueba reunida por su par de la capital santacruceña, Luciani indicó que los “bienes alcanzados por la orden de decomiso, dictada en autos, siguen siendo explotados y generando frutos, como cánones locativos y producción agropecuaria, es que amerita la adopción de medidas urgentes, máxime cuando esos frutos se perciben fuera de todo control jurisdiccional, por medio de terceros y bajo directivas del propio condenado."

Frente a la gravedad de los hechos, remarcó el fiscal general, “se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes."

El cruce de registros determinó que las maniobras recaen sobre activos alcanzados por los decomisos de Vialidad o de la Ruta del Dinero K. Entre los cuales se encuentran las estancias "Alquinta" y "La Entrerriana", y la firma Austral Agro S.A.

Sobre dichos campos, Báez designaba desde la prisión encargados, personal y supervisaba la explotación de lo producido. ¿Los números? En uno de los casos se detalló un pago anual de $ 80 millones “entre marzo y abril según el kilo de cordero”, dice. Por el resto de los campos, detalla haber percibido más de 14 millones de pesos por mes.

En el detalle corroborado por la fiscalía de Río Gallegos, incluye un edificio de la calle Zapiola N° 55 (en la capital provincial). Las unidades funcionales UF 1, 3, 6, 10, 16 y 21, que ”ya pertenecen formalmente a la Corte Suprema de Justicia”, indicó el fiscal Luciani. Cristian Ibáñez -quien realizaba negocios en el sur, en representación de Báez-, intentó rastrear quién cobraba los alquileres de cuatro de esos departamentos, cuya administración pasó de una inmobiliaria a una financiera de Zapiola y Fagnano.

Asimismo, hay un conjunto de inmuebles cuya titularidad corresponde a Badial SA, compañía del holding de Lázaro Báez. Sé trata de propiedades en la calle Gregorio Funes 840/850/880, de la capital de Santa Cruz, donde funcionan Prexa S.R.L. y el Centro Médico La Trinidad S.A. “Báez instruyó a Claudia Insaurralde (su novia) el 8 de octubre de 2026 sobre la renegociación o rescisión de los contratos con esas firmas y con Cedimag S.A”.

Además de esas propiedades, se encuentran detalladas como parte de la maniobra, un predio de Kank y Costilla SA (la constructora del Grupo Austral). En ese lugar funciona un lavadero y fue secuestrado el camión dominio COC 335 -visto previamente frente al domicilio de Ibáñez- quien quedó detenido al igual que, Claudia Insaurralde, desde comienzos de semana.

Junto con ese detalle se dio cuenta de otro inmueble emplazado sobre la calle Córdoba 45 (Río Gallegos). La propiedad “ya inscripta a nombre de la Corte Suprema donde opera la Inmobiliaria Seoane, lugar al que Ibáñez concurrió en septiembre para firmar un trámite de interés de Báez”.

Hay, también, un listado de vehículos puestos a disposición de la estructura delictiva: Una camioneta Toyota Hilux (dominio AD916TU) de Austral Agro S.A. y un automóvil Ford Mondeo (dominio LSJ-212) a nombre de Báez que seguía circulando pese a tener pedido de secuestro vigente.

Ante la imputación formulada por la fiscalía radicada en Río Gallegos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, Diego Luciani expresó que se deben adoptar medidas respecto de los bienes que se estuvieron explotando comercialmente pese al pedido de decomiso vigente. "Entendemos con toda lógica que si alguno de los bienes que son objeto de decomiso, se encuentran produciendo frutos a través de, por ejemplo, la ejecución de contratos de locación, esos frutos deben también ser alcanzados por la orden de decomiso emitida en autos".

Es por ello que el fiscal general consideró que era necesario designar un administrador de las propiedades. “Solicitamos al tribunal que proceda a designar un administrador recaudador judicial (o bien, dada la cantidad de bienes, un equipo de recaudadores liderados por un administrador recaudador)”.

Asimismo, sostiene el planteo, se “deberá informar a los locatarios de los inmuebles que los sucesivos cánones locativos se encuentran sujetos a decomiso, como consecuencia de lo cual solamente se desobligarán abonando en la forma y por el procedimiento que el tribunal disponga”.

Entre las medidas sugeridas, se requirió que se notifique a “cada uno de los obligados al pago de los frutos (cánones locativos) que en lo sucesivo la única forma de cumplir con sus obligaciones será depositando las sumas de dinero correspondientes en la cuenta de autos”.

El escrito del fiscal Luciani detalla movimientos financieros ocurridos durante 2026 dentro del entorno de Báez. Por ejemplo: entre abril y octubre de 2026: Cristian Ibáñez recibió transferencias por un total de $23.200.000 en su cuenta de Mercado Pago provenientes de Paula Beatriz Godfrid y Mauro Gastón Trevisan Godfrid.

Otra de las fechas consignadas, es entre enero y septiembre de 2026, donde se determinó que Ibáñez transfirió $4.600.000 a Claudia Insaurralde.

En junio de 2026 la novia de Báez, recibió otros $2.000.000 enviados directamente por Trevisan Godfrid.

Son sólo algunos de los cuantiosos movimientos de fondos detectados por el fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate. A partir de los informes bancarios que fueron analizados y constituyen parte de la prueba del caso, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo 677 transacciones bancariasen las cuentas vinculadas a Ibáñez y Jorge Ulloa (imputado y preso), de las cuales 662 resultaron efectivamente acreditadas por un monto de 380.620.089 pesos.

El flujo consolidado total detectado por la fiscalía alcanzó aproximadamente 390.880.000 pesos, una cifra que representa cerca de 980 salarios mínimos, vitales y móviles, pulverizando el piso típico de 150 salarios mínimos exigido por el artículo 303 del Código Penal.

Amparándose en el artículo 23 del Código Penal -que alcanza también a los frutos o rentas producidos por los bienes decomisados-, los fiscales Luciani y Mola solicitaron al tribunal un decomiso inmediato de los frutos producidos por esta maniobra. Se pidió, en consecuencia, “incorporar a la ejecución patrimonial todos los cánones locativos y rentas agropecuarias que estén generando los inmuebles decomisados”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín