.jpg)
Una pareja de Neuquén contrató a una empresa para construir su casa, pero el proyecto quedó prácticamente en el inicio. Aunque había pagado más de la mitad del presupuesto, la obra se frenó y nunca se retomó . Ahora, la Justicia condenó a la constructora y a uno de sus socios gerentes a pagarles más de $110 millones .
El acuerdo se había firmado en febrero de 2023. La empresa debía levantar una vivienda de 160 metros cuadrados con el sistema steel framing y tenía un plazo de 270 días para terminarla. El precio pactado era de $43 millones y los clientes llegaron a abonar el 57% de ese monto.
Sin embargo, en octubre de ese año los trabajos se interrumpieron. Según consta en el expediente, pese a las promesas de reanudarlos, la construcción nunca volvió a avanzar . La pareja también denunció que se habían retirado materiales de un corralón que finalmente no fueron utilizados en la vivienda.
Durante el proceso judicial se realizó una evaluación técnica para establecer en qué estado había quedado la construcción . El informe confirmó que solo se había completado el 7% de la obra : las tareas realizadas se limitaban a la nivelación del terreno y el comienzo de la estructura.
La pericia también constató que el proyecto estaba abandonado. Ese resultado fue uno de los elementos que tuvo en cuenta la jueza civil María Eliana Reynals para resolver el caso. “Quedó demostrado el incumplimiento imputado a la demandada”, sostuvo la magistrada en la sentencia.
La resolución no alcanzó únicamente a la empresa. La jueza también responsabilizó a uno de sus socios gerentes por su intervención directa en el contrato y en el desarrollo de la obra.
Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta los testimonios que indicaron que las negociaciones y las explicaciones sobre el avance de los trabajos se mantenían directamente con él . Además, los pagos acordados habían sido depositados en una cuenta bancaria de su titularidad.
La magistrada aclaró que no encontró pruebas de que la sociedad comercial hubiera sido utilizada como una pantalla para cometer un fraude. Sin embargo, consideró que el socio había asumido un papel activo en la ejecución del contrato y que su responsabilidad no se limitaba a representar formalmente a la compañía. Por eso, la condena estableció que ambos debían responder por el incumplimiento.
La jueza también explicó que la devolución del dinero no podía limitarse a reintegrar la suma nominal que la pareja había pagado en 2023 . El objetivo, sostuvo, era recuperar el valor económico que había salido de su patrimonio por un contrato que no se cumplió.
Por ese motivo, ordenó calcular la restitución tomando el porcentaje abonado por los clientes sobre el precio actualizado de una vivienda de las mismas características que la contratada.
A ese monto se sumaron $10 millones por daño moral . De esa manera, la empresa constructora y el socio gerente fueron condenados a pagar una suma superior a los $110 millones.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Entradas
Redes