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A contramano del pedido de Milei, una provincia sube impuestos a su banco y al gas para financiar la educación

USHUAIA.– Con una larga polémica y votación empatada 7 a 7 que se definió por el doble voto de la presidenta del cuerpo, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. Es una iniciativa del gobernador Gustavo Melella que crea nuevos fondos para la educación a partir de dos cargas tributarias que concentraron la polémica: una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural –actividad que en la provincia presta Camuzzi Gas del Sur– y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF) .

La ley era una de las promesas que el Ejecutivo le hizo a la dirigencia Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para poner fin a un conflicto que incluyó 46 días de paro y acampe en una de las provincias que mantiene menor cantidad de días de dictado de clases.

El caso fueguino refleja un problema que atraviesan casi todas las provincias. Desde que el gobierno nacional dejó de girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), varias jurisdicciones –entre ellas Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba y Entre Ríos– crearon mecanismos propios para compensar en parte esa pérdida salarial, y los conflictos docentes se multiplicaron en el país.

Al mismo tiempo, la ley va en sentido contrario a la presión de la Casa Rosada para que las provincias bajen Ingresos Brutos , el tributo que el ministro de Economía, Luis Caputo , calificó como “el peor impuesto”. A mediados de este año, el Banco Central habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas por vía digital en sucursales de provincias con menor carga tributaria, una medida que apunta contra las jurisdicciones que gravan con más fuerza la actividad financiera.

Con el gobernador de viaje y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo la sesión la presidió la legisladora justicialista María Victoria Vuoto (hermana del intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto ).

Estuvieron presentes 14 de los 15 legisladores y la votación salió empatada, por lo que debió desempatar Vuoto, y lo hizo en sentido positivo.

Resultó decisivo el cambio de postura de Laura Colazo (Partido Verde), que había votado semanas atrás para quitarle la urgencia al proyecto del Ejecutivo. Tras la votación explicó que recibió información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego, aunque admitió que “esta ley no es la panacea”.

La norma crea dos fondos. Por un lado, el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se nutre de la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre el código de actividad de distribución de gas. El 40% irá a mantenimiento y nueva infraestructura escolar y el 60%, a obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.

En segundo lugar, el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y de afectación exclusiva, recibe el adicional del 3% al Banco de Tierra del Fuego , el 40% del fondo de infraestructura y otras fuentes: parte de lo que se recaude por revalúos del impuesto inmobiliario rural (cuya valuación se actualizará cada año por IPC), de las utilidades de empresas del Estado, de Terra Ignis Energía S.A. y de futuros ingresos por hidrógeno verde y economía del conocimiento. Su distribución, que la ley define como “orientativa” y que el Ejecutivo puede modificar, es 40% para salario docente, 40% para infraestructura y 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.

Las dos cargas tributarias fueron el eje de la discusión desde que el proyecto ingresó, en septiembre. En octubre, el propio Melella había defendido gravar a la distribuidora afirmando que “los comercios pagan Ingresos Brutos; las pymes pagan Ingresos Brutos y todo el que es cuentapropista paga Ingresos Brutos ¿Por qué Camuzzi no va a pagar?”. Ayer, tras la sanción, insistió: “No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo”.

Para la oposición, “los costos terminan trasladándose a la sociedad”, tal como sostuvo Villegas, que cuestionó la carga sobre Camuzzi y sobre el banco. “No se puede pretender solucionar la falta de gestión trasladando la factura a los fueguinos”, agregó.

Por su parte, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) puso en duda que la prohibición de traslado se cumpla: dijo que los nuevos tributos, según la ley, no podrán trasladarse a clientes o usuarios, “cosa que no va a suceder. No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía”, afirmó.

El radical Federico Sciurano, que votó en contra, había advertido desde octubre que las dos cargas terminarían afectando a los mismos sectores que la ley pretende beneficiar. “Me parece importante que haya una ley de financiamiento educativo”, aclaró entonces, pero sobre el gravamen al banco provincial fue tajante: “El propio empleado público va a terminar pagando también ese incremento”. Y resumió su objeción: “Lo que te doy te lo saco después a través de un tributo, porque si no lo que estamos discutiendo no tiene sentido”.

Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, ya había planteado la duda en octubre: “Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”. Tras la votación calificó a la norma como “una cáscara vacía, que lo único que hace es dar una salida elegante a los 46 días de paro”.

Melella, en tanto, reconoció las limitaciones y dijo en redes sociales que “esta nueva ley, aunque no alcanza por sí sola, ayuda a contar con más recursos”, dijo, y atribuyó la falta de aumentos salariales al ajuste del gobierno nacional y a la eliminación de programas.

Ese reproche a la Casa Rosada no fue aislado: el oficialismo provincial planteó el debate por el financiamiento educativo como una disputa con el gobierno de Javier Milei. Desde el oficialismo provincial Greve le respondió a La Libertad Avanza: “La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación”.

La confrontación, sin embargo, tiene matices: cuando envió el proyecto, en septiembre, Melella venía de abrir un canal de diálogo con la Casa Rosada y respaldaba en líneas generales el Presupuesto 2027 nacional. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la ley a un acuerdo político entre el gobernador y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena .

La sanción llega en un contexto fiscal ajustado: el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo prevé aumentos de impuestos y aún así un déficit de unos $200.000 millones, teniendo en cuenta que 100 mil millones de estos serían cubiertos por la nueva tarifaria.


Fuente: La Nación


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