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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el viernes las condenas a 10 años de prisión para un matrimonio y su hijo por captar, trasladar y explotar a una adolescente de 13 . La víctima fue obligada a casarse con uno de los acusados, que era siete años mayor que ella.
El fallo, firmado por el juez Daniel Petrone, rechazó la impugnación de los acusados y remarcó que su “pertenencia a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal ”.
Todo ocurrió en Neuquén entre marzo y abril de 2022. La víctima fue entregada a la familia acusada a cambio de $825.000 como “precio dotal”. Después de la unión, la joven fue sometida a explotación laboral, doméstica y a graves abusos físicos durante más de dos años.
La investigación determinó que Isabel y Alberto Cristo forzaron a V.S.Y., de 13 años, a una unión de hecho con su hijo Franco, de 20. Luego, la chica quedó embarazada.
Los tres acusados después trasladaron a la joven a Santa Fe, donde fue sometida a servidumbre sexual, doméstica y laboral hasta diciembre de 2024. La chica relató que sufrió golpes, quemaduras y amenazas.
También fue obligada a realizar tareas domésticas para toda la familia y trabajar como vendedora ambulante y entregar todo el dinero bajo amenaza de dejarla sin comida. La adolescente padecía estos episodios de violencia incluso mientras atravesaba enfermedades y embarazos.
En diciembre de 2024, la víctima logró regresar a San Juan junto a Franco y su hijo. Sin embargo, en abril de 2025, los padres del hombre intentaron forzarla de nuevo a regresar a Santa Fe. Pero durante una parada en Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la joven trató de huir con su hijo en brazos.
La Fiscalía determinó que “la acusada Isabel Cristo la persiguió a pie mientras los demás la seguían en la camioneta”. Sin embargo, “la mujer la alcanzó y la obligó a subir al vehículo, que se retiró a gran velocidad”.
Un testigo de ese episodio que estaba en una estación de servicio llamó a emergencias para hacer la denuncia, que fue registrada por el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de San Juan . El personal policial de la Unidad Rural N° 1 recibió la alerta y, al poco tiempo, logró rescatar a la joven y a su hijo.
En el juicio, la defensa de los acusados argumentó que la relación fue voluntaria y que no existió explotación ni aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ya que ambas familias compartían condiciones socioeconómicas similares y que el pago de la dote era parte de sus costumbres. También cuestionó la indemnización de $75 millones fijada a favor de la víctima .
El juez Petrone desestimó estos planteos y sostuvo que la sentencia del tribunal de juicio se basó en “una valoración integral, sistemática y racional de las evidencias” , entre ellas, la declaración de la víctima en Cámara Gesell, testimonios de profesionales, audios del 911 e informes oficiales. Para Casación, la captación, traslado y sometimiento de la adolescente configuraron el delito de trata de personas con fines de explotación , “conforme al Protocolo de Palermo y a la legislación argentina”.
El fallo de Casación ratificó la calificación de un “matrimonio infantil y forzoso”, y descartó cualquier consentimiento válido de la víctima por su edad y situación de vulnerabilidad. Además, enfatizó que las costumbres culturales no pueden justificar conductas que violan derechos humanos y libertades fundamentales.
La sentencia incluyó una reparación económica de $75 millones para la joven en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
En la instancia de Casación, actuó la Fiscalía General N° 1 ante ese tribunal, a cargo del fiscal general Mario Villar y representada por la auxiliar fiscal Natalia Crede.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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