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Treinta años después de la muerte de José Delfín Acosta Martínez, la Justicia volverá a indagar a los policías que participaron del procedimiento que terminó con la muerte del ciudadano uruguayo en una comisaría de Balvanera.
El juez Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, dispuso que siete agentes retirados de la Policía Federal Argentina sean interrogados por su presunta responsabilidad en el caso.
Las indagatorias se realizarán durante octubre, a pedido del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, responsable de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10.
Los imputados son siete exintegrantes de la fuerza: el comisario inspector Horacio Raúl Bussetti, el comisario Claudio Oscar Cervera, el inspector Pedro Fabián Aguilar, el sargento primero Omar Justo Ojeda, el sargento Humberto Mario Echegaray, el cabo primero Marcelino Hugo Lezcano y el subcomisario Alfredo Daniel González. Todos se encuentran retirados. Otro de los policías investigados, el sargento primero Domingo Alberto Oliva, murió en 2011.
Acosta Martínez, un ciudadano uruguayo afrodescendiente de 32 años, murió el 5 de abril de 1996 después de haber sido detenido y trasladado a la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal, ubicada en Balvanera.
El procedimiento había comenzado horas antes, cuando efectivos policiales fueron enviados a las inmediaciones del local bailable Maluco Beleza, en Sarmiento al 1700, ante una denuncia sobre una persona que supuestamente estaba armada.
Además de Acosta Martínez, fueron detenidos dos hermanos brasileños. Según la hipótesis que actualmente investiga la fiscalía, el procedimiento habría sido irregular y los tres hombres habrían sido privados ilegítimamente de su libertad en un contexto de discriminación racial.
Acosta fue llevado a la guardia interna de la dependencia, mientras que los dos hermanos fueron alojados en una celda. La versión policial de aquel momento sostenía que el detenido se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, que había insultado a los agentes y que luego se había desvestido y golpeado contra el piso mientras permanecía esposado.
Un médico del SAME que llegó desde el Hospital Ramos Mejía constató que Acosta Martínez sufría convulsiones y ordenó su traslado. Sin embargo, el hombre murió durante el trayecto.
La primera investigación judicial concluyó que no había existido delito y fue archivada el 25 de abril de 1996. La familia apeló y, después de una segunda autopsia realizada en Uruguay, logró que el expediente fuera reabierto en 1998.
Sin embargo, dos años después la causa volvió a ser archivada bajo la hipótesis de que la muerte había sido provocada por el consumo de alcohol y drogas y por lesiones que, según aquella reconstrucción, la propia víctima se habría causado.
El expediente recorrió distintas instancias hasta llegar al sistema interamericano. En 2020, el Estado argentino reconoció su responsabilidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó por unanimidad que el país había violado los derechos de Acosta Martínez.
El tribunal internacional consideró que su detención había sido arbitraria e ilegal y que se produjo en un contexto de discriminación racial. También responsabilizó al Estado por su muerte bajo custodia policial y por las deficiencias de la investigación posterior.
La nueva pesquisa incorporó elementos que ponen en duda la versión policial. La segunda autopsia detectó un traumatismo craneoencefálico y lesiones en distintas partes del cuerpo. Además, una Junta Médica concluyó que las lesiones en la región lumbar y temporoparietal bilateral no podían haber sido provocadas por la propia víctima ni ser consecuencia de las convulsiones.
Para la Procuvin, la reconstrucción de los hechos también permite sostener que Acosta Martínez no estaba protagonizando una conducta que justificara su detención. La fiscalía puso el foco en testimonios según los cuales el hombre habría gritado: “Siempre se la agarran con los negros”, y consideró que su detención pudo haber estado vinculada con su condición racial.
La hipótesis fiscal sostiene que las lesiones que terminaron siendo determinantes para la muerte fueron provocadas durante el arresto. Según el dictamen, los golpes habrían sido aplicados durante la maniobra de sujeción, mientras que los demás policías presentes no habrían intervenido para impedirlos.
Los investigadores también sospechan que, después de la muerte, los efectivos involucrados habrían construido una versión común para explicar las lesiones y sostener que habían sido autoinfligidas, lo que habría permitido desvincularlos de responsabilidad por el desenlace.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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