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El desvío de fondos multimillonarios del presupuesto de la Armada de la República Argentina (ARA) a cuentas de oficiales y civiles que se enriquecieron con esas transferencias ilegales es un escándalo mayor al que se conoce de manera pública . La Justicia federal acaba de iniciar una causa que avanzará sobre esta trama de irregularidades financieras. Las actuales autoridades de la ARA denunciaron que las maniobras no autorizadas movieron $1.000 millones de que se repartieron al menos veintitrés integrantes de una red de beneficiarios que se sostuvo impune por cuatro años, o más. El desfalco, se sabe ahora, es todavía mayor . Los datos actualizados de los montos desviados podrían sobrepasar los $ 2.000 millones . Es un número aproximado: las novedades y datos se suman a diario y aparecen más transferencias, y nuevos involucrados.
Los sumarios internos impulsados por la cúpula de la Armada generaron estrépito entre sus jefes: solo siete de los veintitrés sospechosos iniciales cobraron 1.200 millones de pesos en los cuatro años que están bajo análisis . El escrito que dio impulso al caso en la Justicia se circunscribía a mil millones de pesos cobrados por veintitrés sospechosos. Todo creció. Los pagos y los sospechosos. ¿Cuál es el número real de la estafa? El tiempo dirá.
En los tribunales, el fiscal Ramiro González dio impulso penal al caso que lleva adelante el juez Sebastián Ramos.
Clarín accedió a documentación interna de la ARA, y al relato de esta trama que realizaron fuentes de la fuerza, en actividad y también en condición de retirados.
Las novedades son relevantes: la plata desviada es mayor de lo que se pensaba; se conocen más involucrados responsables de estos hechos que enriquecieron a más personas de las que trascendieron; a lo que se suma que existieron varias modalidades de pagos indebidos: en el desfalco participaron no solo marinos en actividad y civiles elegidos por ellos mismos para enriquecerlos con dinero ajeno, sino que también cobraron de más, y adrede, marinos dados de baja y jubilados.
"CONFIDENCIAL. MUY URGENTE" , se lee en el sellado de la documentación interna de la Armada que pesquisa esta trama en sumarios administrativos. La leyenda quedó estampada arriba y a la derecha de cada página de esas carpetas. El jefe de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, fue quien decidió avanzar en la investigación interna cualquiera fuese su resultado.
El p acto de silencio que existía entre los responsables y los beneficiarios de las transferencias consideradas delitos por la fuerza se rompió . El "sálvese quien pueda" cunde entre los involucrados en esta trama.
Las autoridades de la Armada cuentan con documentación que registró varias confesiones. Algunas de esas declaraciones tienen peso para sanciones disciplinarias en las que ya trabaja un Consejo de la Marina designado para ese objetivo. Si la pesquisa de la Justicia federal logra crear situaciones en espejo que se reflejen en el expediente de los tribunales, las condenas llegarán, temprano o tarde.
"El CNCO (significa Capitán de Navío de Comando Naval) Ariel Baltazar Atanasoff (Jefe del Departamento Revista) declara haber sido el responsable directo de incorporar manualmente registros e incrementos importantes en los archivos bancarios en forma desvinculada de las liquidaciones oficiales", se explica en los sumarios internos de la ARA, y se agrega el argumento defensivo en esta confesión increíble: Atanasoff adujo que así brindaba "apoyos económicos y favorecía económicamente a los involucrados. Asimismo, reconoce y asume la responsabilidad por las acreditaciones a personas ajenas a la ARA (su cónyuge) y otros tres particulares".
La admisión de Atanasoff aludiendo a los bajos sueldos que se cobran en la Armada no lo exculpa de haber cometido delitos. Sobre todo porque, siempre de acuerdo a los documentos oficiales, hizo de un generoso beneficio económico de su propia esposa, a sí mismo, y a otras tres personas más que nada tenían que ver con la fuerza.
¿Cuánto cobró la familia Atanasoff por las maniobras realizadas por él mismo? La esposa del capitán de navío se llama María del Carmen Prieto . Es civil y no figura de modo oficial vinculada a la Armada, como se dijo, aunque hay indicios de que podría haber recibido el dinero debido a que figura en el Banco Nación como alguien que presta servicios a la Secretaría de Trabajo. En sistemas de información pública financiera, se la enlaza con el "Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas". Más allá de esos enigmas, lo cierto es que Prieto figura en la denuncia original de la Armada como beneficiaria del cobro de más de 152 millones de pesos desviados por Atanasoff. La actualización de esa información indica que, en realidad, cobró el doble: más de 300 millones.
Lo mismo pasa con otros civiles involucrados en esta trama: a Natalia Yahia se creyó que le habían pagado más de 90 millones de pesos, pero se le transfirieron 161 millones ; mientras que Amalia Díaz fue denunciada por cobrar más de 91 millones a pesar de que recibió 120 millones .
En la documentación de la Armada se incluyen varias "confesiones" de otros capitanes de corbeta que trabajaban junto a Atanasoff. De modo curioso, algunos alegan que necesitaban el dinero para afrontar deudas , como el capitán de corbeta Juan Carlos Barrios.
Y también hay casos, como el de otro capitán de corbeta llamado Cristian Lobato, que admitió que recibió más de 70 millones de más respecto a su sueldo real, pero afirmó ante sus jefes que esperaba que se le pidiera ese dinero porque creía que todo se había tratado de un "error bancario" . Quienes siguen la pesquisa interna de la Marina no le creyeron.
Otros capitanes de corbeta que confesaron que cobraron de más, y se defendieron igual que Lobato, es decir, diciendo que creían que todo se trató de un error bancario, fueron Gerardo Heredia, Mathias Agustín Pieroni y Anabella Farías.
Hasta que este caso no se hizo público, jamás habían dicho nada al respecto.
Otro capitán de corbeta, Leonardo Álvarez, también admitió pagos indebidos (recibió más de 24 millones de pesos, como mínimo), pero en cambio aseguró que le había comunicado la novedad a Atanasoff y no había devuelto la plata porque esperaba que se la pidieran.
Un caso especial es el del capitán de corbeta Roberto Castro. Estaba destinado a una misión humanitaria en Colombia, por lo que su sueldo era afrontado por un organismo internacional. Aun así, cobró en paralelo en su cuenta de la Argentina alrededor de 54 millones y medio de pesos. Aceptó ante sus superiores la irregularidad.
¿Este sistema de reparto discrecional de plata indebida empezó en julio del 2022 o antes ? Las autoridades decidieron poner esa fecha como límite en el pasado porque no encontraron pagos de más concretados en junio del 2022. Pero si existieron esos sobresueldos en meses anteriores, o el año anterior, no se determinó porque de otro modo la investigación interna hubiera demorado varios meses más, señalaron fuentes de la Armada a Clarín .
La Justicia podría descubrir, entonces, que el sistema de sobresueldos era más viejo de lo que se creía, o no. Se verá. Las dudas crecen. El pacto de silencio entre los involucrados y beneficiarios se rompió.
Esta trama fue detectada por una mujer con rango inferior a los de Atanasoff y el resto de los marinos que fueron suspendidos. Se trata de una teniente de apellido Acuña. Pudo informarle a sus superiores, o se animó a hacerlo, cuando encontró el momento. Fue en el verano pasado, debido a que Atanasoff y otro jefe más habían tomado licencia.
Sin ellos, la teniente Acuña fue a mostrarle documentación inicial sobre estos pagos al Jefe de Administración Financiera de la Armada, el también capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio.
Lo curioso es que al primero que le entregaron la dirección de la pesquisa fue a Atanasoff . No avanzaba en nada, por supuesto. Luego se descubrió que su esposa era parte de quienes habían cobrado de más. Eso desató el caso hasta que llegó el día de hoy. Las intrigas acechan ahora a la Marina.
¿Este esquema delictivo contó con protección de los altos mandos que ocuparon puestos de relevancia durante cuatro años de descontrol financiero? ¿Pudo un grupo de expertos contables, pero integrante de la fuerza, burlar los controles internos sin ser descubierto?
El Almirante Romay fue quien ordenó judicializar la situación. A mitad de semana, el jefe de la Armada decidió suspender del servicio a nueve capitanes de corbeta, un Suboficial Primero y a un Capitán de Navío.
El capitán de navío Atanasoff es el oficial de mayor grado separado de la institución. El resto de los suspendidos trabajaban junto a él y algunos fueron mencionados, junto a sus coartadas defensivas, en este artículo.
En paralelo, otros dieciocho integrantes de la Armada están sometidos a sumarios internos y podrían ser también suspendidos.
Será un Consejo Disciplinario el que determinará si los oficiales con Atanasoff a la cabeza cometieron faltas "gravísimas". Si fuera así, serán destituidos de inmediato. En simultáneo, actuará la Justicia penal.
Los documentos internos de la Armada, a los que accedió Clarín , admiten que existe un grupo de civiles y de otros integrantes del posible grupo delictivo que no pueden ser convocados a dar explicaciones porque directamente no forman parte de la Marina, o se trata de civiles jubilados, o de "personal en baja efectiva", que por esos estatus no son alcanzados por el "Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares". Aun así, durante años, recibieron desde cuentas de la fuerza dinero que no debían cobrar. Se enriquecieron. Mucho.
Lo contrario les pasó a la gran mayoría de los militares de mar argentinos.
Periodista especializado en Política
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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