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Cinco menores integraban el grupo, que fue encontrado sin abrigo y sin alimentos. Uno de los niños llevaba dos días sin recibir su medicación. Tandil cuestionó la falta de coordinación y reclamó explicaciones al gobierno de Nelson Sombra. La Justicia inició una investigación por averiguación de ilícito.
Un fuerte conflicto institucional entre los municipios de Tandil y Azul se generó luego de que una familia integrada por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, fuera trasladada desde Azul hasta Tandil en un vehículo oficial y dejada en las instalaciones de la estación ferroviaria local, sin que existiera una comunicación previa con las autoridades tandilenses ni un esquema de asistencia coordinado.
El episodio fue detectado por personal municipal de Tandil, que debió activar el protocolo destinado a personas en situación de calle para asistir al grupo. De acuerdo con lo informado por el gobierno local, los integrantes de la familia se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, varios de ellos sin abrigo y luego de varias horas sin ingerir alimentos.
La situación generó un fuerte cuestionamiento de la secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, quien aseguró que el Municipio nunca recibió una comunicación previa por parte de Azul.
“Nunca tuvimos una comunicación por parte del municipio de Azul en este sentido. Ni para con los menores, ni por víctimas en riesgo, ni por nada”, sostuvo la funcionaria.
Las cámaras registraron el traslado
Uno de los elementos que incrementó la preocupación de las autoridades tandilenses fue la constatación, a través del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo, de que el grupo había llegado a la estación ferroviaria en una combi con identificaciones oficiales de la Municipalidad de Azul.
El vehículo dejó a las personas en el lugar y posteriormente se retiró.
La estación ferroviaria donde fueron encontrados no se encuentra actualmente activa, por lo que el Municipio de Tandil consideró especialmente grave que un grupo familiar con cinco menores fuera dejado allí sin que previamente se hubiera garantizado alojamiento, alimentación o asistencia.
Marcieri cuestionó además que una intervención de estas características pudiera realizarse sin coordinación entre ambas jurisdicciones.
“Una intervención profesional seria jamás puede subir a personas a una combi y dejarlas tiradas en una estación de trenes que no está activa”, afirmó.
Una causa judicial y una custodia que debía mantenerse en Azul
La situación adquiere una dimensión todavía mayor porque, según explicó Marcieri, la familia contaba con una causa judicial activa en Azul y existían medidas de protección vinculadas con sus integrantes.
De acuerdo con la información brindada por la funcionaria, la Justicia había dispuesto una custodia policial dinámica en la ciudad de Azul mientras se aguardaban medidas definitivas de protección por parte del Juzgado de Familia.
Marcieri señaló que incluso le transmitió esa situación a funcionarios del municipio azuleño y que existía una orden judicial que establecía la custodia. Sin embargo, sostuvo que desde Azul se habría manifestado desconocimiento sobre esa disposición.
Tras la exposición realizada por integrantes de la familia en una dependencia policial de Tandil, se inició de oficio una causa por averiguación de ilícito, en la que deberá determinarse si existieron irregularidades en el procedimiento de traslado.
La explicación del Municipio de Azul
Desde el gobierno de Nelson Sombra dieron una versión diferente de los hechos.
Según la explicación difundida por funcionarios azuleños, el traslado habría sido realizado a pedido de la propia familia, cuyos integrantes manifestaron que contaban con posibilidades laborales y un lugar donde alojarse en Tandil.
Sin embargo, desde Tandil pusieron en duda esa explicación.
Marcieri afirmó que solicitó la documentación que supuestamente respaldaba el traslado, entre ella el consentimiento firmado por los adultos y las constancias relacionadas con el alojamiento y el trabajo que tendrían en Tandil, pero sostuvo que esos elementos no fueron remitidos.
“Pedí los documentos, la orden judicial y el consentimiento que dijeron tener, y nunca me lo mandaron”, señaló la funcionaria.
El punto central del cuestionamiento tandilense es que, aun cuando la familia hubiera manifestado su voluntad de trasladarse, la responsabilidad de los organismos estatales no se agotaría en el traslado físico. Para las autoridades locales, debía existir previamente una coordinación que garantizara que las personas no quedaran abandonadas y que los menores permanecieran bajo las medidas de protección correspondientes.
Un menor llevaba dos días sin su medicación
Uno de los aspectos más delicados detectados por los equipos municipales fue la situación sanitaria de uno de los menores.
El niño requiere medicación diaria y, al momento de ser asistido en Tandil, llevaba dos días sin recibir su tratamiento. Según se explicó, la familia había sido retirada de su vivienda de manera apresurada y no había podido llevar consigo sus medicamentos ni buena parte de sus pertenencias.
Los menores fueron trasladados al Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas, donde recibieron controles médicos y se procuró restablecer el esquema de medicación correspondiente.
Para Tandil, este episodio expuso de manera concreta los riesgos que puede generar el traslado de una familia vulnerable sin una planificación previa y sin comunicación entre los organismos que intervienen.
Tandil reclama explicaciones a Azul
Mientras avanza la investigación judicial, el Municipio de Tandil prepara una presentación formal dirigida al intendente de Azul, Nelson Sombra, para solicitar explicaciones sobre el procedimiento utilizado y las condiciones en las que la familia fue trasladada.
La administración de Miguel Lunghi también asumió inicialmente la asistencia del grupo, brindándole alojamiento temporario, alimentos y contención.
La familia manifestó además su intención de recuperar las pertenencias que quedaron en Azul, entre ellas herramientas utilizadas por el padre, quien se desempeña como albañil, además de electrodomésticos y otros elementos necesarios para recomponer su vida cotidiana. Según la información difundida, el grupo cuenta también con ingresos provenientes de una pensión.
El conflicto, de este modo, excedió la situación social de una familia y abrió un fuerte debate sobre las responsabilidades que deben asumir los municipios cuando intervienen en casos de vulnerabilidad, especialmente cuando existen menores y medidas judiciales de protección involucradas.
Mientras Tandil reclama que Azul explique por qué se realizó el traslado y bajo qué condiciones, la Justicia deberá determinar si el procedimiento utilizado configuró algún tipo de irregularidad o delito.
La actual secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, ocupa ese cargo dentro de la gestión del intendente Miguel Lunghi. En Azul, el intendente Nelson Sombra es acompañado actualmente por el secretario de Gobierno Xavier Cabrera Cisneros, de acuerdo con información oficial publicada durante 2026.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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