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Un juez de Chubut le dio 72 horas al Gobierno provincial para completar la compra de carne roja destinada a reforzar la alimentación de los presos alojados en las cárceles de Trelew.
La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Nieto Di Biase durante una audiencia realizada este miércoles, en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado por internos de un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial. Dos representantes de los detenidos participaron de manera virtual.
El reclamo por la calidad de las viandas comenzó al menos en marzo y fue impulsado por el Ministerio de la Defensa Pública. Los internos cuestionan especialmente la falta de proteínas en las comidas, una situación que, según la defensa, afecta particularmente a quienes deben cumplir tratamientos médicos.
Durante la audiencia, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, explicó que el Gobierno ya había iniciado un expediente para comprar carne y reforzar las comidas destinadas a los detenidos de la Alcaidía Policial y del Instituto Penitenciario Provincial.
El juez recordó además una visita que había realizado a la Comisaría 1ª para comprobar personalmente la calidad de los alimentos. En aquella oportunidad, observó un plato de fideos con carne que, según describió, “no parecía demasiado agradable” y tenía un aspecto similar a carne rallada.
El médico forense Diego Rodríguez Jacob también había evaluado las viandas y concluido que necesitaban un mayor contenido proteico.
El defensor público Sergio Rey coincidió con el diagnóstico y cuestionó el servicio de la empresa Cook Master, encargada de elaborar las viandas. Según sostuvo, la calidad de la comida se fue deteriorando con el tiempo y pidió evaluar la desvinculación de la firma.
Rey también reclamó controles periódicos porque, según señaló, la calidad de las viandas suele mejorar durante las inspecciones y vuelve a empeorar cuando dejan de ser supervisadas.
Por su parte, Miquelarena reconoció que durante el último mes Cook Master redujo la cantidad de proteínas de los menús sin consultar previamente al Gobierno. Mientras se analiza la continuidad del contrato, el Ejecutivo inició el 14 de agosto un proceso administrativo para comprar carne y distribuirla en los establecimientos penitenciarios de Trelew.
El juez consideró que, aunque se trata de una solución transitoria, la propuesta resulta razonable. También remarcó que los detenidos están bajo custodia y responsabilidad del Estado, independientemente de las dificultades económicas que atraviesa la sociedad.
El próximo lunes 24, a las 10, se realizará una nueva audiencia para determinar si la intimación judicial fue cumplida.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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