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Madre e hija quedaron vinculadas a una organización que, según la investigación judicial, reclutaba mujeres jóvenes, las ofrecía a clientes y controlaba el dinero obtenido. Las víctimas denunciaron amenazas, golpes, retención de documentación y teléfonos y traslados entre Pinamar y La Plata. La causa podría pasar a la Justicia Federal por una posible investigación por trata de personas.
Una investigación judicial permitió desarticular una presunta red de explotación sexual que operaba en Pinamar y La Plata, con una estructura que habría utilizado el nombre de “La Agencia” y una página de contenido para adultos para captar clientes y ofrecer servicios sexuales.
Entre las principales acusadas aparecen Luana Meza Romero, de 40 años, y su hija Julieta Santillán, de 21, señaladas por la investigación como responsables de reclutar y controlar a mujeres jóvenes que luego eran ofrecidas a clientes en distintos puntos de Pinamar.
La investigación está encabezada por el fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N.º 8 de General Madariaga, con participación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y de la DDI La Plata.
El avance de la causa se produjo luego de que dos mujeres que lograron escapar brindaran testimonios que permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la organización y el mecanismo utilizado para captar nuevas víctimas.
El reclutamiento comenzaba con una relación de confianza
De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, las mujeres eran contactadas inicialmente por Julieta Santillán, quien habría trabajado junto a algunas de ellas y aprovechado esa cercanía para generar confianza.
Las jóvenes relataron que, en un comienzo, las condiciones parecían normales. Comenzaban a trabajar en distintos departamentos de Pinamar y Santillán se ocupaba de conseguir clientes, mientras ellas realizaban los encuentros.
Paralelamente, según la investigación, Luana Meza Romero administraba los perfiles utilizados en una página denominada “Gemidos TV”, donde se publicaban fotografías de las mujeres bajo nombres ficticios como “Loli” y “Lolita”.
Uno de los perfiles utilizados para promocionar los servicios incluía una descripción de contenido sexual explícito destinada a captar clientes.
Con el paso del tiempo, según las denunciantes, las condiciones de trabajo comenzaron a modificarse y las acusadas habrían empezado a ejercer un mayor control sobre el dinero y la vida cotidiana de las jóvenes.
El dinero quedaba bajo control de la organización
La investigación sostiene que los pagos de los clientes eran controlados por las acusadas. Los servicios podían abonarse en efectivo, incluso en dólares, o mediante transferencias bancarias.
Según fuentes vinculadas al expediente, parte de esas operaciones habría sido realizada utilizando una billetera virtual perteneciente a la madre fallecida de Luana Meza Romero.
Una de las víctimas explicó ante la Justicia que inicialmente podía quedarse con el dinero que obtenía, pero que esa situación cambió posteriormente.
“Julieta empezó a tratarme mal y a quedarse con la totalidad del dinero de mi trabajo. Me decía que yo debía pagar los gastos del mantenimiento de ‘La Agencia’ y de la página de Internet”, relató una de las jóvenes.
Otra de las mujeres describió una dinámica similar respecto de Luana: “Ella al principio te endulzaba, te sacaba a comer y después no te daba nada”.
Según los testimonios, posteriormente comenzaron a exigirles pagos por el lugar donde permanecían alojadas. Una de las víctimas indicó que le reclamaban 60 mil pesos, mientras que otra aseguró que le exigían $1.500.000.
Retención de documentos y amenazas
Uno de los aspectos más graves señalados por las víctimas fue el mecanismo utilizado para impedir que abandonaran la organización.
Según sus declaraciones, les retenían los DNI y los teléfonos celulares, además de advertirles que no podían regresar a sus hogares.
Entre las frases que, de acuerdo con los testimonios, recibieron las mujeres aparece una de las expresiones que terminó definiendo el caso: “una vez que entras, no podes salir”.
Las denunciantes también aseguraron haber recibido amenazas contra ellas y sus familiares.
En uno de los relatos aparece una advertencia particularmente grave: “Si la Policía me allana, tu familia va a tener problemas ya que ‘La Agencia’ podría atentar contra su vida”.
En otro episodio, según las víctimas, recibieron la amenaza: “Si decís algo, va a arder Troya”.
Los testimonios también mencionan agresiones físicas y señalan que, además de madre e hija, habría intervenido la presencia de hombres utilizados para intimidarlas.
De Pinamar a La Plata
La investigación determinó además que la organización habría trasladado a las mujeres entre Pinamar y La Plata.
Según los testimonios, cuando alguna de ellas pretendía regresar a su casa, era trasladada hacia La Plata bajo la promesa de que allí podría obtener “plata fácil”.
Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, una vez en esos departamentos las jóvenes eran obligadas a continuar trabajando para saldar supuestas deudas, permanecían encerradas y sufrían situaciones de maltrato.
Las víctimas aseguraron además que, aunque no tenían contacto directo entre sí, conocían la existencia de otras mujeres que también habrían sido explotadas por la organización.
Una de las denunciantes había conseguido escapar durante el año pasado. Tras denunciar la situación y mudarse con su pareja, aseguró que tenía miedo de volver a ser localizada.
Tiempo después, mientras trabajaba en un comercio de ropa, habría sido contactada nuevamente por Luana, quien le ofreció regresar con la promesa de que las condiciones serían diferentes.
La joven aceptó volver.
“Fue la peor decisión que tomé en mi vida”, expresó posteriormente ante la Justicia.
La denuncia que permitió descubrir la organización
La investigación tuvo un giro decisivo el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años se presentó en la DDI La Plata junto a Julieta Santillán.
La familia de la joven había realizado una denuncia por averiguación de paradero debido a que no tenía noticias de ella. Durante el procedimiento, uno de los efectivos advirtió que podía encontrarse bajo una situación de vulnerabilidad y decidió entrevistarla por separado.
El policía tomó contacto con el fiscal Walter Mercuri, quien entrevistó a la joven de manera virtual.
Durante esa conversación, la mujer contó que se encontraba retenida contra su voluntad y que era obligada a trabajar para la organización.
“Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, declaró.
A partir de ese testimonio, el fiscal ordenó la detención de Santillán, quien había acompañado a la joven hasta la dependencia policial.
La investigación tuvo luego un segundo avance. Al no recibir noticias de su hija, Meza Romero habría enviado a otra mujer a la DDI para averiguar qué había ocurrido.
La joven llegó a la dependencia y manifestó inicialmente que trabajaba en un local de ropa y que buscaba información sobre Santillán.
Pero durante la entrevista con los investigadores terminó revelando que también sería víctima de la organización y que se encontraba bajo una situación de sometimiento.
“Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, manifestó ante el fiscal Mercuri.
Los allanamientos en Pinamar y La Plata
Con la información aportada por las víctimas y los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Dolores autorizó dos allanamientos.
Uno de los procedimientos se realizó en un edificio ubicado sobre avenida Libertador, en Pinamar, mientras que el segundo tuvo lugar en un inmueble de calle 63 entre 7 y 8, en La Plata.
Los operativos permitieron avanzar sobre la estructura investigada y terminaron con la detención de personas vinculadas a la organización, entre ellas Luana Meza Romero, Julieta Santillán, Camila Azul Muñoz y Thomas Isaías Romero.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, profilácticos, documentación vinculada a las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.
También fueron encontrados $3.397.500 en efectivo y USD 1.100.
En el domicilio de La Plata, además, los investigadores encontraron a una niña de 9 años, hija de una de las personas aprehendidas, por lo que se dio intervención al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.
La causa podría pasar a la Justicia Federal
La investigación continúa abierta y los investigadores buscan determinar si existen otras personas involucradas y más víctimas.
Fuentes judiciales indicaron que el expediente podría avanzar hacia la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas, una hipótesis que deberá ser analizada a partir de los elementos reunidos durante la investigación.
Mientras tanto, la Justicia continúa reconstruyendo el funcionamiento de la organización, el rol que habría tenido cada uno de sus integrantes y la cantidad de mujeres que podrían haber sido víctimas de la presunta red que operaba entre Pinamar y La Plata.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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