Después de 17 años de espera, búsqueda y una persistencia que atravesó a toda una familia, Alberto Martín del Valle, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, fue finalmente detenido en Florencio Varela. El hombre tenía pedido de captura internacional desde 2012 y durante todos estos años logró mantenerse prófugo, cambiando de domicilio e incluso utilizando una identidad falsa.
La historia volvió a tomar relevancia por el papel que tuvo Yamila Segovia, hermana de la víctima. Cuando todo comenzó, Yamila tenía apenas 13 años. Fue quien escuchó el relato de su hermana, acompañó a su mamá en aquellos primeros momentos y vio de cerca las consecuencias de una situación que había comenzado dentro de la propia familia.
Con el paso de los años, aquella adolescente decidió estudiar Derecho. Se recibió de abogada en 2024 y, lejos de dejar atrás aquella historia, se incorporó al expediente para comprenderlo, seguir cada movimiento judicial y continuar reclamando que el acusado finalmente respondiera ante la Justicia.
“Mi intención era seguir el curso del proceso y cuando me corren el traslado de una posible prescripción, dije: ‘esto es una locura’”, contó Yamila. Para ella, permitir que el paso del tiempo terminara beneficiando al acusado era inadmisible frente a la cantidad de elementos que existían en la causa.
La familia nunca dejó de buscarlo. La mamá de Yamila continuó preguntando en fiscalías y siguiendo los movimientos que podían conducir hasta Del Valle. La investigación permitió reconstruir durante años un verdadero derrotero del prófugo por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Y allí aparece un dato particularmente cercano para la región: Alberto Martín del Valle estuvo en Mar de Ajó.
En abril de este año, personal de la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de Bahía Blanca logró ubicarlo en la localidad del Partido de La Costa. Se encontraba junto a su pareja, Fanny M., y la hija que ambos tenían en común.
La presencia del hombre en Mar de Ajó no fue un dato aislado. Los investigadores profundizaron las tareas para determinar sus movimientos y las personas que podían estar colaborando con él. Incluso surgió una línea investigativa a partir de la sospecha de que un hermano del prófugo, integrante de una fuerza policial, podría haberle facilitado información o recursos para evitar ser localizado.
En junio, la Policía Federal realizó allanamientos en San Francisco Solano y también en Mar de Ajó, aunque Del Valle ya no estaba en ninguno de esos domicilios. Para ese momento, la búsqueda continuaba y el hombre había vuelto a desplazarse hacia el conurbano.
La provincia de Buenos Aires había ofrecido además una recompensa de 10 millones de pesos para quien pudiera aportar información que permitiera encontrarlo. Los llamados comenzaron a cercar al prófugo y el 5 de agosto se realizaron nuevos allanamientos en San Francisco Solano, en un operativo en el que se secuestraron 11 teléfonos, aunque nuevamente no lograron encontrarlo.
Finalmente, un testigo de identidad reservada aportó el dato que permitió ubicarlo en una vivienda de Bosques, en Florencio Varela. El domingo, efectivos de la DDI Dolores y del Grupo de Apoyo Departamental llegaron hasta el lugar.
Del Valle intentó ocultar su verdadera identidad, pero hubo un elemento que terminó siendo determinante: un tatuaje en una de sus manos permitió reconocerlo. Al momento de la detención llevaba cinco teléfonos celulares y una fotografía de su hija.
La captura fue el resultado de años de trabajo policial, pero también de una familia que nunca abandonó el reclamo.
Una causa que atravesó generaciones
Cuando se realizó la denuncia, la víctima tenía apenas 11 años. Según consta en la investigación, había sufrido abusos reiterados por parte de quien era su padrastro, además de amenazas y violencia. La situación llegó a un extremo cuando quedó embarazada como consecuencia de los abusos y fue llevada a realizarse un aborto clandestino.
El caso fue denunciado en 2009. Del Valle permaneció apenas unas horas detenido y luego recuperó la libertad tras ser indagado por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Bahía Blanca. Posteriormente escapó y comenzó una larga etapa de búsqueda.
Tres años después de la denuncia se ordenó su captura internacional.
Mientras el acusado permanecía prófugo, la familia continuó esperando. Yamila, que había sido una adolescente cuando escuchó por primera vez el relato de su hermana, terminó convirtiéndose en abogada y decidió utilizar sus conocimientos para seguir una causa que nunca dejó de formar parte de su vida.
“Es algo que toda la vida esperé. Por mí, por mi hermana, por mi mamá que estuvo rota”, expresó después de conocer la detención.
Pero para Yamila la captura no representa el final de la historia. Sabe que ahora comienza otra etapa judicial y que la defensa del acusado ejercerá sus derechos dentro del proceso.
“Tengo una mezcla de sentimientos, entre alegría y, a la vez, esta sensación de que esto recién empieza”, manifestó.
El reclamo que busca cambiar la ley
En paralelo con el seguimiento de la causa de su hermana, Yamila impulsa el denominado Proyecto Segovia, una iniciativa que busca modificar las reglas de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
El objetivo es evitar que el paso de los años termine cerrando la posibilidad de llevar a juicio hechos de extrema gravedad y, particularmente, impedir que una persona acusada pueda beneficiarse de permanecer prófuga durante largos períodos.
La experiencia de esta familia fue determinante para ese reclamo. El expediente estuvo durante años atravesado por demoras y por el riesgo de que la acción penal pudiera considerarse prescripta.
De hecho, el Juzgado de Garantías N.º 1 había considerado que la acción penal estaba prescripta, pero esa decisión fue apelada y posteriormente la Cámara de Apelaciones N.º 1 de Bahía Blanca revirtió el criterio al considerar otros delitos atribuidos a Del Valle, entre ellos el incumplimiento de los deberes de cuidado y la falsificación de documentación pública para eludir a la Justicia.
“Tenían todo probado y aun así no hicieron nada”, cuestionó Yamila al explicar por qué decidió hacer pública la historia.
Su objetivo, además de conseguir justicia para su hermana, fue mostrar lo que significa para una víctima y su familia convivir durante años con un expediente que avanza lentamente mientras el acusado permanece en libertad.
Mar de Ajó, una de las escalas del prófugo
La aparición de Mar de Ajó dentro de esta historia adquiere especial relevancia para la región. Durante la investigación, los detectives lograron establecer que Del Valle había vivido allí junto a su nueva familia.
Incluso fue visto llevando a su hija a la escuela y concurriendo a una iglesia evangélica. Los investigadores conocían sus movimientos, pero pese a las tareas de vigilancia no lograron detenerlo en ese momento.
La familia también llegó hasta ese lugar. La mamá de Yamila supo quién era la nueva pareja de Del Valle, la localizó y le contó el calvario que había atravesado su familia. Intentó convencerla de que lo entregara, pero eso no ocurrió.
Del Valle continuó desplazándose.
De Brandsen a Mar de Ajó y luego hacia distintos puntos del conurbano, la búsqueda se extendió durante años. Hasta que finalmente fue ubicado en Florencio Varela.
El lunes fue trasladado a Castelli, donde la fiscal Leila Scavarda lo indagó mediante videollamada. Del Valle se negó a declarar y quedó a la espera de su traslado a una unidad penitenciaria.
La acusación incluye abuso sexual agravado por acceso carnal, tentativa de aborto, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y falsificación de documento público.
Para Yamila, sin embargo, la detención es apenas un paso.
Después de 17 años, la imagen que durante tanto tiempo imaginó finalmente ocurrió: el hombre al que su familia buscó durante casi dos décadas volvió a quedar frente a la Justicia.
Y aquella niña de 13 años que un día escuchó a su hermana animarse a contar lo que había sufrido, hoy es abogada y continúa peleando para que el caso no termine simplemente con una captura, sino con una respuesta judicial.
Mientras tanto, el Proyecto Segovia busca que otras familias no tengan que atravesar una espera semejante y que el paso del tiempo no se transforme nuevamente en una herramienta de impunidad.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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