
Tras presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a cumplir la ley -y transferirle $2.5 billones a las facultades- el Gobierno buscará aprobar su propio proyecto de Financiamiento Universitario , que la Casa Rosada ya giró en febrero a Diputados.
Autoridades parlamentarias del oficialismo aseguraron que La Libertad Avanza buscará reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso. El último sábado, el Ejecutivo giró al Senado un proyecto que modifica la ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras tanto, en Diputados, retomarán la discusión educativa reflotando también un proyecto que el Gobierno había mandado a la Cámara Baja en febrero. Si bien lo habían incluido en el temario de extraordinarias nunca se trató . Ahora, aseguran, que lo tratarán. En la oposición especulan con que el retraso se debió a que esperaban un fallo favorable de la Justicia.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal los obligó a cumplir con la ley de financiamiento y ahora el Gobierno recurrió a la última opción: presentar un per saltum ante el Máximo Tribunal.
La ley vigente -que no se aplica- fija la recuperación de los salarios desde diciembre de 2023 a la fecha- mientras que la propuesta enviada por el Ejecutivo plantea una actualización escalonada de los básicos del personal docente y no docente de las universidades nacionales: del 4,1 % a partir marzo de 2026, otro 4,1 en julio y el último tramo en septiembre.
A su vez, si bien el proyecto oficial mantiene la obligación convocar a paritarias cada tres meses elimina la parte que dice que debe asegurar "en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".
Un informe difundido por Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) señalaba que el proyecto del Ejecutivo "no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento".
"En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública", señalaron.
Si bien fuentes del oficialismo señalaron que el texto fue consensuado con rectores, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) insisten con la aplicación de la ley actual.
"Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", advirtieron el jueves desde el CIN en un comunicado en el que también señalan que "45,6 por ciento cayeron las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 hasta la fecha".
El conflicto suma capítulos. La ley de Financiamiento Universitario se aprobó por primera vez en 2024, pero el presidente Javier Milei la vetó. En agosto de 2025 el Congreso vuelve a sancionar una ley que actualiza gastos de funcionamiento y salarios en las casas de estudio. Milei la vuelve vetar, pero esta vez ambas Cámaras lograron los dos tercios para insistir y le revierten el veto al Presidente.
Sin embargo, aunque el Ejecutivo promulgó la ley pero suspendió su aplicación efectiva. Desde ese entonces el conflicto escaló a la Justicia.
En el medio, tras la victoria electoral y el recambio de legisladores en ambas Cámaras, el Gobierno intentó derogar la ley incluyéndola en un capítulo dentro del Presupuesto. Esa maniobra hizo que todo el Capítulo XI del Presupuesto se cayera en la votación en particular. En otras palabras, el Congreso volvió a sostener la ley.
Redactora de la sección Política
Fuente:
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo

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