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Crece la incertidumbre en torno al futuro de la atención presencial de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, luego de que desde el gremio del sector advirtieran sobre un plan para cerrar progresivamente todas sus oficinas físicas en el país, incluyendo la sede de Mar del Plata.
La alerta fue planteada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), Ezequiel Serra, quien señaló que, si bien aún no hay una comunicación oficial, la empresa ya habría iniciado gestiones ante el Ente Nacional Regulador del Gas para avanzar con el cierre de los centros de atención al público.
Según explicó, la compañía argumenta que el 98% de los trámites ya se realizan de manera digital, una tendencia que se consolidó durante la pandemia. Sin embargo, desde el sindicato cuestionan ese dato y advierten que una parte importante de los usuarios —especialmente adultos mayores— continúa requiriendo atención presencial para resolver problemas vinculados a facturación o consultas técnicas.
El proceso ya habría comenzado en localidades más pequeñas como Coronel Vidal y General Lavalle, donde se registraron los primeros cierres. En paralelo, en ciudades del interior bonaerense como Olavarría, Tandil y Azul, la empresa ya habría iniciado procesos de venta y desmantelamiento de sus sedes.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el futuro de la oficina principal de Mar del Plata, históricamente utilizada por miles de usuarios para realizar trámites presenciales. De concretarse el plan, dejaría sin ese servicio a una amplia franja de la población.
De acuerdo a la información recabada, el organismo regulador no avaló un cierre inmediato y total, pero sí habría autorizado una transición gradual de hasta ocho meses, con el objetivo de evitar un colapso en la atención y permitir que los usuarios se adapten a los canales digitales.
En este contexto, desde el gremio siguen de cerca la situación. Aunque la empresa aseguró que no habrá despidos y que los trabajadores serán reubicados, existe preocupación por las condiciones de esos traslados y posibles sobrecargas laborales o cambios en la modalidad de trabajo.
La medida, que implicaría el cierre de decenas de oficinas en todo el país, abre un fuerte debate sobre el acceso a los servicios públicos y el impacto de la digitalización en los sectores más vulnerables.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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