La Frontera de Pinamar: el abogado de Martínez Carignano pidió el cierre total hasta que haya garantías de seguridad

La medida cautelar dictada por la Justicia bonaerense que ordena frenar la circulación de cuatriciclos, UTV y vehículos 4x4 en la zona conocida como “La Olla”, en la Frontera de Pinamar, volvió a exponer un fuerte contrapunto entre la postura del Municipio y la visión de quienes impulsaron la acción judicial.

Este lunes por la mañana, en una extensa entrevista brindada a CNM Radio, el abogado Federico Paruolo, representante legal de Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, defendió la resolución judicial y sostuvo que la actividad estaba “totalmente descontrolada”, con riesgo concreto para la vida de las personas.

“No alcanzaba con subir las multas”

Paruolo explicó que la presentación judicial se comenzó a trabajar a los pocos días del accidente que tuvo como víctima al niño Bastián, y que la decisión de avanzar por la vía del amparo surgió al advertir que las medidas adoptadas por el Municipio no resultaban suficientes.

“Nos parecía que hacía falta tomar algún tipo de medida que no sea únicamente cobrar multas más caras. La actividad estaba totalmente descontrolada, con cantidad de accidentes y con imágenes que se veían todos los días”, afirmó.

Según detalló, el propio juez reconoció en su resolución que se trata de una situación “pública y notoria”, que no necesita mayor prueba porque es visible para cualquiera que recorra la zona.
“Esto es el primer paso para que la Municipalidad asuma la responsabilidad que tiene de hacer los controles necesarios para evitar accidentes”, remarcó.

Predio privado, pero con responsabilidad pública

Uno de los ejes centrales de la entrevista realizada en el programa Informe Central fue la discusión sobre el carácter privado de las tierras donde se desarrolla la actividad. Paruolo fue tajante al descartar ese argumento como excusa para la falta de controles.

“Que sea un predio privado no autoriza a violar la ley. La ley de tránsito rige igual. Decir que no se puede intervenir porque es privado es falso, y el juez se lo marca claramente al Municipio”, sostuvo.

Para graficarlo, utilizó comparaciones directas:
“Si diez personas se mudan a un edificio y usan un pasillo privado como campo de tiro, la Policía no puede mirar para otro lado porque es privado. Es una actividad riesgosa y regulada”, explicó, y agregó:
“Si en tu casa estás cometiendo un delito, no podés ampararte en la privacidad del domicilio”.

En ese sentido, afirmó que la falta de intervención es una decisión política, no una imposibilidad legal.

Cerrar los accesos hasta cumplir la orden judicial

Paruolo fue claro al interpretar el alcance de la cautelar al explicar que “Hoy la Municipalidad debería tener cerrados los ingresos a la Frontera, tanto desde la Ruta 11 como desde Pinamar Norte, hasta que se cumpla lo que pidió el juez".

Advirtió además que, si el Municipio no cumple la orden, existen consecuencias concretas:
“Se puede denunciar el incumplimiento de una orden judicial. El juez puede imponer multas personales a funcionarios, denunciar penalmente al intendente o incluso pedir asistencia policial para cerrar los accesos”, explicó.

Corredores seguros y pistas reguladas

El abogado diferenció el concepto de corredor seguro del desarrollo de actividades dentro del predio.

“No alcanza con una entrada y una salida. También hay que regular cómo se circula adentro. Si quieren hacer una pista de 4x4 o motocross, tiene que estar demarcada, con sentido único, separada por tipo de vehículos y lejos de zonas públicas”, sostuvo.

Recordó que existen ejemplos de circuitos habilitados y regulados, y que el problema en Pinamar es la ausencia de límites claros. “Es una actividad riesgosa y, como tal, debe desarrollarse dentro de marcos estrictos”, insistió.

Vida y seguridad versus intereses económicos

Paruolo reconoció que la cautelar genera impacto en comerciantes y prestadores turísticos, pero planteó el conflicto en términos de derechos en colisión.

“Acá hay que ponderar el riesgo entre la vida y un negocio que facture un poco más. Nosotros entendemos que es prioritario resguardar la integridad física y la vida, sobre todo de niñas y adolescentes”, afirmó.

Y agregó: “Hay chicos que ni siquiera pueden decidir libremente hacer una actividad riesgosa, porque los llevan los padres”.

La postura del Municipio y el choque de visiones

Las declaraciones de Paruolo contrastan con lo expresado minutos antes en CNM Radio por el intendente Juan Ibarguren, quien defendió la continuidad de la actividad bajo controles y sostuvo que “prohibir por culpa de unos pocos no es justo ni inteligente”, remarcando el impacto económico y cultural del uso recreativo de vehículos en la playa y los médanos.

Mientras Ibarguren insiste en controlar y sancionar sin prohibir, desde la parte actora advierten que la orden judicial es clara y que, hasta que no existan garantías efectivas de seguridad, la Frontera debería permanecer cerrada al tránsito vehicular.

Un conflicto abierto

La discusión quedó planteada y, según adelantó Paruolo, el próximo paso dependerá de lo que haga el Municipio en estas horas.
“Lo ideal sería que la Municipalidad se siente con el privado, ponga la orden del juez sobre la mesa y lleve una propuesta concreta. Si no hace nada, el juez tendrá que decidir”, concluyó.

La cautelar, por ahora, solo alcanza a la zona de la Frontera de Pinamar, pero el debate ya trascendió lo local y expone una tensión de fondo entre seguridad vial, uso del espacio, turismo y responsabilidades del Estado.