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Después de haber logrado una media sanción en la Cámara de
Diputados en agosto pasado, este miércoles el Senado uruguayo convirtió en ley
un proyecto de eutanasia que aún enfrenta resistencias.
Bautizada “Muerte digna” e impulsada por el partido de
izquierda en el gobierno, el Frente Amplio (FA), la iniciativa despenaliza la muerte
asistida bajo ciertas condiciones. La Cámara de Diputados le dio media sanción
en agosto y el Senado aprobó la norma con 20 votos a favor de un total de 31
parlamentarios presentes.
Así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que
permiten la muerte asistida en el que figuran Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y
España. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a
través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se
aprueba mediante una ley.
Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar
psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque
sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son
algunos de los requisitos.
Según el proyecto, el médico al que se solicita el
procedimiento está en condiciones de rechazar el pedido. En esa instancia, el
paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. En caso de que este
también rechace el pedido, se deberá convocar a una junta médica que deberá
estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la
patología que padece el paciente y un tercero a definir en la reglamentación de
la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento.
Si el médico acepta la solicitud de asistencia para morir,
deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, que también tendrá
acceso al historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el
solicitante. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, el
procedimiento podrá avanzar.
El paciente también deberá pasar por varias instancias
previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede
arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento.
El texto aprobado en Diputados incluye además la formación
de una comisión de revisión de casos, que deberán reportar sus resultados
anualmente.
Podrán ofrecer la eutanasia la Administración de los
Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador de salud pública
de Uruguay, las instituciones privadas de salud sin fines de lucro conocidas
como mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad
Militar y la Sanidad Policial, pero no podrán brindarla las clínicas privadas.
A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes
naturales.
Para la activista Florencia Salgueiro, de la agrupación
Empatía, la clave de la normativa es el respeto que tiene por la voluntad de un
adulto de terminar con su suplicio.
Florencia presenció la lucha de su padre por recibir
asistencia para poner fin a su vida cuando el ELA hacía insoportables sus días.
Pablo Salgueiro murió a los 57 años sin cumplir su deseo.
Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda
garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes
liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario
y el aborto.
El 62% de los uruguayos están a favor de legalizar la
eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por
la Consultora Cifra.
El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus
socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo
el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los
médicos”, comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
Por su parte, la Iglesia Católica mostró “tristeza” ante la
votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los
ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas
rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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