Peón rural denunció que fue torturado por sus empleadores y amenazado con ser “desaparecido” en cal viva

Un grave episodio de violencia rural conmociona a la localidad bonaerense de Vedia, en el partido de Leandro N. Alem. Un peón de campo de 20 años, identificado como Agustín F., denunció haber sido agredido brutalmente por sus dos empleadores dentro de la estancia donde trabajaba y amenazado con ser “metido en una lata con cal viva” en caso de efectuar alguna denuncia. El hecho, ocurrido el 30 de septiembre, generó alarma entre trabajadores rurales y puso nuevamente bajo la lupa las condiciones laborales en ámbitos aislados del interior provincial.

De acuerdo al testimonio del joven, todo comenzó alrededor de las 19.30, cuando compartía una ronda de mate con los hermanos S.A. y D.A., propietarios del establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 7, camino a la localidad de Juan Bautista Alberdi. Sin previo conflicto ni aviso, ambos hombres comenzaron a golpearlo de forma reiterada, lo redujeron y lo inmovilizaron con precintos. Durante el ataque, según consta en la denuncia, lo mordieron en la oreja derecha causándole una mutilación parcial, le fracturaron el tabique nasal y le provocaron desplazamiento de senos maxilares, además de lesiones en la tráquea.

Los agresores, señala la acusación, también le apuntaron con una carabina en la cabeza y exhibieron una jeringa, advirtiéndole que el líquido contenido en ella podría “pararle el corazón”. La broma macabra fue acompañada de una amenaza aún más siniestra: que serían capaces de hacerlo desaparecer en un tambor con cal viva, impidiendo cualquier búsqueda policial. La violencia se prolongó durante más de una hora y media, período en el que el joven asegura haber perdido parcialmente el conocimiento producto de los golpes.

Finalizado el ataque, los empleadores habrían trasladado al peón hasta Junín en una camioneta azul y lo dejaron frente a su vivienda, advirtiéndole que no realizara ninguna denuncia. Según declaró, los agresores le aseguraron que matarían tanto a él como a su familia en caso de hablar ante la policía o personal médico.

A pesar de las intimidaciones, la víctima logró asistir a un centro de salud, donde los médicos certificaron el grado de las lesiones e indicaron reposo absoluto por 40 días. Posteriormente, con el acompañamiento de los abogados Anabella Sandoval y Matías Almeyra, decidió formalizar la denuncia ante la ayudantía fiscal de Vedia. Los letrados solicitaron cambiar la calificación de la causa: actualmente investiga por privación ilegítima de la libertad, lesiones y coacción agravada, pero el equipo legal sostiene que los hechos encuadran en un intento de homicidio, dada la metodología empleada y las amenazas explícitas.

La Justicia ordenó el allanamiento de la estancia, donde se secuestraron teléfonos celulares, precintos y jeringas, elementos cuya correspondencia con la denuncia se encuentra en análisis. Además, se dictó una orden de prohibición de acercamiento contra los acusados. Sin embargo, hasta el momento, no fueron llamados a indagatoria, situación que motivó preocupación en el entorno de la víctima.

El impacto del caso se extendió rápidamente entre trabajadores rurales de la región, quienes expresaron su repudio y exigieron mayores controles en establecimientos del interior bonaerense. Representantes sindicales vienen advirtiendo desde hace años sobre la vulnerabilidad de los peones que trabajan aislados geográficamente, una condición que dificulta la denuncia de maltratos, sometimiento y explotación. Organizaciones locales reclamaron que el episodio no quede impune y solicitaron intervención del Ministerio de Trabajo provincial.

Mientras la investigación avanza, la defensa del joven aseguró que este permanece “psicológicamente destruido” y bajo tratamiento médico. La causa podría agravarse en las próximas semanas, especialmente si la fiscalía considera que, además de las lesiones físicas, existió un plan deliberado para atentar contra su vida o desaparecer su cuerpo.

Con la mirada de la comunidad puesta sobre el expediente, el caso abre un nuevo debate sobre las relaciones laborales en zonas rurales, los mecanismos de control estatal y la necesidad de fortalecer redes de protección para trabajadores vulnerables.