Los peritos que analizan el celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, confirmaron que no es posible recuperar los mensajes y archivos borrados del dispositivo, al menos por ahora. Así lo informaron a Sebastián Casanello, juez federal a cargo de la investigación, y al fiscal Franco Picardi, quienes indagan un presunto pago de coimas en el organismo, tal como el propio ex funcionario habría revelado en audios filtrados.
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, la imposibilidad de acceder a esa información se debe al método específico utilizado para el borrado, detallado en un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su vivienda de un country de Pilar, donde le secuestraron dos teléfonos celulares. Los entregó apagados y sin proporcionar las claves. Uno estaba en desuso y no contenía datos relevantes, mientras que en el principal los técnicos lograron ingresar y clonar todo su contenido. Sin embargo, no hallaron información útil para la causa: muchas conversaciones estaban eliminadas, entre ellas con el presidente Javier Milei —a quien representó como abogado en varias causas— y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En los audios, Spagnuolo también mencionaba a Eduardo “Lule” Menem, asesor principal de Karina, como parte del supuesto circuito de coimas.
El objetivo de la pericia era recuperar los mensajes borrados, pero el borrado especial aplicado impidió hacerlo.
En paralelo, la DATIP peritó un celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como presunta recaudadora de los sobornos. En este caso, el dispositivo —de última generación— tampoco pudo ser desbloqueado, ya que Kovalivker se negó a dar la clave.
Para este jueves está previsto el análisis de otros tres celulares: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el de Daniel Garbellini, ex número dos de Spagnuolo en la ANDIS. Eduardo es el padre de Emmanuel y Jonathan, y si bien figura como socio de la empresa, se encuentra alejado de la gestión diaria.
Los investigadores, no obstante, no esperan grandes hallazgos. Eduardo y Jonathan no fueron localizados en los allanamientos —Jonathan incluso logró salir de Nordelta antes de que llegara la Policía porteña— y entregaron sus teléfonos varios días después, apagados y sin claves.
Garbellini, en cambio, sí facilitó la contraseña, por lo que se podrá extraer la información. Sin embargo, su celular fue incautado cuando el caso ya era público, por lo que habría tenido tiempo de eliminar material sensible.
Todos los imputados ya cuentan con representación legal. El último en designar abogado fue Garbellini, que eligió a Agustín Biancardi. Ninguno de ellos pudo acceder aún al expediente, que sigue bajo secreto de sumario —prorrogado por Casanello por otros diez días hábiles—.
La defensa de los Kovalivker, encabezada por Martín Magram, pidió la nulidad de la causa cuestionando el origen de los audios y reclamó la aplicación de la cosa juzgada, ya que el año pasado la droguería fue investigada por sus contratos con la ANDIS y el expediente se cerró.
Sobre estos planteos, el juez abrió un incidente para que se expresen todas las partes —incluyendo las defensas, el fiscal Picardi y la ONG Poder Ciudadano, aceptada como querellante— antes de resolver.



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