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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación “con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el
abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación que hizo ayer la ministra en
nombre del Gobierno por el supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de
la Presidencia, Karina Milei.
En esa denuncia por violación a la ley de inteligencia
nacional, el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich solicitó “medidas
manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales
en materia de libertad de expresión”, según advirtió Dalbón.
Bullrich solicitó ayer el allanamiento de los estudios de
Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro
Federico, entre otros.
Adicionalmente, Bullrich solicitó una medida cautelar
inédita: “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier
medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos
en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal”
(sic).
Ello, sostuvo Dalbón, “constituye de manera palmaria un
intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado
pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración
indagatoria.
“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra
periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los
medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura
indirecta y masiva”, dice la denuncia.
“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de
Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de
intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la
libertad de prensa”, advierte el denunciante.
El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich
en “abuso de autoridad”. Se trata de “un ejemplo paradigmático de esa
extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación,
el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir
la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente
contrarias a la Constitución Nacional”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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