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En medio de la crisis política desatada por la filtración de audios que denuncian un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó desligar al Gobierno de Javier Milei de cualquier vinculación con el caso. La trama involucra directamente a altos funcionarios y allegados de la Casa Rosada, incluidos Karina Milei —hermana y asesora presidencial— y Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza del oficialismo.
El caso estalló tras la publicación de grabaciones en las que Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, señalaba presiones y maniobras para la supuesta recaudación de fondos irregulares. Las conversaciones, difundidas por medios nacionales, dieron pie a una investigación judicial que podría escalar hacia la esfera más cercana al Presidente.
Francos, al ser consultado por periodistas en Casa Rosada, afirmó que “Spagnuolo nunca me planteó una denuncia ni una sospecha”, y que las acusaciones difundidas en los audios “son temas de su vida personal que no tienen nada que ver con el Gobierno”. Sin embargo, la oposición ya impulsa pedidos de informes y la citación del jefe de Gabinete al Congreso para dar explicaciones.
La situación se agravó por el abrupto final de la relación política entre Milei y Spagnuolo. Según trascendió, el ex funcionario, que mantenía trato directo con el Presidente, cortó todo contacto con la cúpula del Gobierno antes de presentar su renuncia. A pocas horas de su salida, la Justicia Federal inició actuaciones para verificar la autenticidad de las grabaciones y determinar si existió una red de sobornos vinculada a la adjudicación de contratos y beneficios dentro de la ANDIS.
En las grabaciones, Spagnuolo hace referencia a “Lule” Menem, quien ocupa un rol estratégico en el esquema de poder oficialista. Si bien el sobrino del ex presidente Carlos Menem no tiene cargo público formal, cumple funciones de articulación política y es considerado un operador clave de Karina Milei. Hasta el momento, ni Menem ni la Secretaria General de la Presidencia han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
El impacto político es significativo: el escándalo surge en un contexto en el que Milei intenta consolidar su imagen internacional y avanzar con su programa económico en el Congreso. La oposición ya evalúa usar la causa como argumento para frenar proyectos clave, mientras que en el oficialismo crece la preocupación por el costo político que podría implicar una eventual imputación de figuras cercanas al Presidente.
La investigación judicial se encuentra en etapa preliminar, con peritajes sobre las grabaciones y la recolección de pruebas documentales. Fuentes tribunalicias adelantaron que se convocará a declarar a varios funcionarios y ex funcionarios, así como a empresarios presuntamente vinculados a la trama de coimas. Todo indica que la causa podría ampliarse en las próximas semanas y derivar en un expediente de alto voltaje político.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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