El juicio por YPF ya le cuesta a la Argentina más de US$ 2 millones diarios en intereses

El Gobierno argentino enfrenta no solo el desafío de bajar la inflación, mantener el superávit fiscal y acumular reservas, sino también resolver un frente que amenaza con obstaculizar el ingreso de inversiones clave: los juicios internacionales contra el Estado.

Uno de los procesos más preocupantes es el litigio por la expropiación de YPF, que ya acumula una sentencia de US$ 16.000 millones en contra del país y un adicional de US$ 2 millones diarios en concepto de intereses. El caso, impulsado por Burford Capital, tiene su origen en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner avanzó en la reestatización de la petrolera.

En total, según reveló el exjefe de Gabinete Nicolás Posse en el Senado en 2024, Argentina enfrenta más de 264.000 juicios, de los cuales solo el 20% tienen montos definidos, sumando unos US$ 12.554 millones. Muchos de estos se tramitan ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Las demandas son diversas: estatización de AFJP, caídas de concesiones, negligencias administrativas, y expropiaciones como la de YPF, que es la causa más gravosa y simbólica.

En este caso puntual, el conflicto no radica en si el Estado tenía o no derecho a expropiar, sino en que incumplió el estatuto de la empresa al no realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como establece el reglamento de cotización de YPF en Wall Street. Por esta razón, el juicio se lleva adelante en Nueva York, bajo jurisdicción de la jueza Loretta Preska.

Todo remite a 1993, cuando bajo el Gobierno de Carlos Menem, Argentina privatizó YPF y prometió ajustarse a las normas del mercado de capitales estadounidense. En 2008, el Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) compró el 25% de YPF con financiamiento de Repsol y bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. La compra se basaba en pagar con dividendos, que luego fueron suspendidos tras la expropiación, llevando a Petersen a la quiebra.

El litigio comenzó en 2015, y fue entonces que Burford Capital, una firma especializada en financiar juicios, compró los derechos de litigar en una subasta judicial en Madrid. También financió la causa de Eton Park, otro accionista afectado. Burford no es propietario de las demandas, pero gestiona el proceso.

Tras ocho años de juicio, en septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska emitió sentencia definitiva: Argentina deberá pagar US$ 14.300 millones a Petersen y US$ 1.700 millones a Eton Park. Y desde entonces, cada día que pasa sin pagar, la deuda crece en US$ 2 millones diarios por intereses.

En este contexto, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un dilema: no hay fondos disponibles para pagar el fallo, ni siquiera con la totalidad del último acuerdo con el FMI. Sin embargo, hay margen para negociar, siempre y cuando los funcionarios responsables acepten firmar un acuerdo de pago. La cuestión política y jurídica es si están dispuestos a asumir ese compromiso.

Mientras tanto, abogados, analistas y empresarios coinciden: si Argentina no empieza a resolver sus litigios internacionales, muchas inversiones seguirán postergándose. La inseguridad jurídica que representan juicios como el de YPF constituye uno de los principales frenos a la llegada de capitales al país.