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Milei confirmó que apelarán el fallo por YPF y apuntó duramente contra Axel Kicillof


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El presidente Javier Milei se refirió este lunes al fallo judicial en Estados Unidos que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó que el Gobierno apelará la decisión y responsabilizó con dureza a Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador bonaerense.


Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales”, expresó en su cuenta de X. Y agregó: “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que daremos pelea”.


En su publicación, titulada “Un fallo contra Kicillof”, Milei calificó al gobernador bonaerense como “el inútil soviético” y lo responsabilizó directamente: “No le alcanzó con arruinar la economía nacional, ahora está destruyendo la provincia de Buenos Aires”. El Presidente también sostuvo que “pasaron más de 10 años desde el último mandato de Cristina Kirchner y seguimos pagando las consecuencias del peor gobierno de la historia”.


Finalmente, en un posdata con tono insultante, escribió: “YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO”.


Fallo judicial en EE.UU. por la expropiación de YPF


El lunes, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia que condena al país a abonar US$ 16.100 millones.


El fallo responde a un reclamo iniciado por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigio de los exaccionistas Petersen y Eton Park, quienes habían perdido sus tenencias tras la reestatización de YPF en 2012.


Preska ya había dictado una sentencia en primera instancia en septiembre de 2023, y ahora ordena el embargo de los activos para asegurar el cobro. La medida se alinea con un pedido de inicios de 2025 para identificar activos argentinos en el extranjero.


La historia detrás de la demanda


En 2012, bajo el mandato de Cristina Kirchner y con Kicillof como ministro, el Gobierno avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol. La operación se concretó tras el pago de una indemnización de US$ 5.000 millones en bonos a la firma española.


En paralelo, la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, había adquirido previamente un 25% de la petrolera financiada por la propia Repsol y por bancos internacionales. Al suspenderse el pago de dividendos tras la estatización, Petersen no pudo devolver sus préstamos y quebró. En ese contexto, Burford Capital compró los derechos de litigio.


El caso se consolidó en 2015, cuando Eton Park, otro fondo inversor afectado, presentó su propia demanda. Burford financió ambas causas y consiguió el fallo favorable que ahora Argentina deberá enfrentar.


Repercusiones y críticas a Kicillof


Las declaraciones de Milei fueron replicadas y respaldadas por varios integrantes de su Gobierno. Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Mario Lugones compartieron su publicación, mientras que dirigentes opositores como Cristian Ritondo apuntaron directamente contra Kicillof: “Seguimos pagando las consecuencias del desastre que hizo”, expresó el legislador del PRO.


Por su parte, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, sostuvo que “es hora de que los que votaron la expropiación de YPF se hagan cargo del desastre”. Y apuntó no solo al kirchnerismo, sino también a “los partidos bien pensantes que avalaron la medida”.


En la misma línea, la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) recordó que “los que votaron la nacionalización junto con un negociado para los K y los Eskenazi fueron cómplices”, y señaló que el juez Ariel Lijo, que no investigó las denuncias, “fue impulsado por Milei para la Corte Suprema”.


Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, también criticó la reestatización y remarcó que las acciones que Argentina debe entregar están valuadas en apenas US$ 6.000 millones, es decir, menos del 40% del total de la sentencia, lo que expone un nuevo perjuicio económico para el país.


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