Una pelea aparentemente menor, motivada por una discusión por un corte de pelo, terminó de la peor manera en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la provincia de Salta. Rodrigo Ismael González, un interno del penal, fue condenado a tres años de prisión por homicidio simple con exceso en la legítima defensa, tras matar a puñaladas a otro recluso, Braian Ezequiel Flores.
El episodio ocurrió el 9 de septiembre de 2024 en el Pabellón Funcional 3 “B”. González, agotado tras pasar buena parte del día cortando el cabello a sus compañeros, se negó a seguir con los pedidos cuando le tocaba el turno a Flores. La negativa desató una violenta discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea letal.
La confrontación final tuvo lugar alrededor de las 19:05, frente a la garita del celador, conocida como “la pecera”. Flores cayó al suelo con graves heridas en el pecho y el abdomen. Fue trasladado en código rojo al hospital Joaquín Castellanos, en General Güemes, pero murió poco después de ingresar.
Mientras tanto, González, también con heridas leves, se refugió en su celda. Según reveló la investigación, ni otros internos ni personal penitenciario intervinieron para detener la pelea.
En un primer momento, la Justicia imputó a González por homicidio simple. Sin embargo, su versión —que alegaba que fue agredido primero por Flores luego de negarse al corte de pelo— fue tomada en cuenta, y el delito fue recalificado como homicidio simple con exceso en la legítima defensa.
El juez federal Julio Bavio homologó el acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, la defensa y el representante de la víctima, y estableció una condena de tres años de prisión. Esa pena se suma a una anterior que González ya cumplía por robo agravado por el uso de armas.
Además, la causa derivó en una investigación paralela contra el celador Mauricio Aguilera Shloter, quien fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la fiscalía, el agente presenció la pelea sin intervenir ni dar aviso sobre la presencia de armas blancas, incumpliendo lo establecido por el reglamento del Servicio Penitenciario Federal.
El caso evidenció una grave falla en los protocolos de seguridad dentro del penal y expuso la falta de respuesta del personal ante situaciones violentas entre reclusos.




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