Acusan a una cantante de usar el CUIT de Kicillof y otros cuatro gobernadores para hacer compras ilegales

Valentina Olguín quedó envuelta en un verdadero escándalo en las últimas horas: la cantante está acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores para comprar ropa en el exterior y revenderla dentro de Argentina.

El caso salió a la luz cuando el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió un correo electrónico sobre una compra internacional que no había realizado, a fines de 2024. Ante esta situación, presentó una denuncia que dio comienzo a la investigación a cargo del fiscal Agustín Chit.

Lo curioso fue que a los pocos días se sumaron más gobernadores como víctimas del mismo delito. Se trataba de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Claudio Poggi, de San Luis.

El mecanismo era tan simple como audaz: el sistema Courier permite hasta cinco envíos anuales por persona, por un valor máximo de US$ 5.000. Como ya había agotado su cupo y el de su círculo cercano Olguín recurrió a los datos de terceros. Y no eligió a cualquiera: apuntó directo a gobernadores provinciales, cuya correspondencia, se presume, tiene menores chances de ser retenida por Aduana.

ALLANAMIENTO Y DECLARACIÓN

Durante un allanamiento en un departamento del barrio porteño de Núñez donde vive Olguín se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y decenas de prendas de vestir. El análisis forense arrojó más evidencia de que la joven habría estado buscando datos de otros políticos para repetir el mismo modus operandi.

En su indagatoria, Olguín reconoció parcialmente los hechos y declaró que obtuvo los datos “por Google”, algo que genera serias dudas en los investigadores. La sospecha es que eligió a los gobernadores con total intención de eludir controles aduaneros, sabiendo que sus nombres generan menos sospechas.

El delito que se le imputa, “contrabando simulado”, está tipificado en el Código Aduanero y contempla penas de dos a ocho años de prisión efectiva. El fiscal ya giró copias a la Justicia Federal de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Entre Ríos para que se investigue en cada jurisdicción.