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Un ex cura sentenciado por abuso sexual se escapó antes de escuchar la condena



"La Justicia me juzgó por no poder recordar los abusos que sufrí a los 17 años. Recién a los 20 pude ser consciente de lo que el denunciado me había hecho desde mis 5 años". Con esas palabras, Mailín Gobbo (35) reflexiona sobre el proceso judicial al que se enfrentó (y enfrenta) desde que denunció por violación al ex sacerdote Carlos Eduardo José (65), que este martes se fugó antes de ser condenado.

A José un fallo de Casación lo había declarado culpable por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante". Las audiencias para fijar el monto de la pena, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 comenzaron hace tres meses. Pero su defensa pidió postergar la "audiencia de cesura" (en la que se dicta el monto de la pena) porque el ex sacerdote debía realizarse una cirugía y se lo concedieron. Recién este martes los jueces Marcelo Machado, Héctor Toneguzzo y Alejandro Moramarco Terrarossa iban a dictarle la condena. Pero se enteraron de que José había fugado porque su propia abogada les avisó que su cliente no le contestaba los mensajes que le había enviado temprano.



Ante su ausencia, la Policía lo buscó en su casa de Carué 5273, en Caseros (Tres de Febrero), pasadas las 10.30. Ya no estaba. Entonces el TOC lo declaró en rebeldía y ordenó su pedido de captura nacional e internacional. 

"Para mí no fue una sorpresa que no se presente hoy. La Justicia no tuvo en cuenta que ya estuvo prófugo la primera vez ante la primera denuncia en 2017", explica la joven a Clarín.

Y agrega: "Vive cerca de mi casa, a solo 10 cuadras. Los vecinos lo vieron hasta ayer (por el lunes), había movimientos en su domicilio. Me contaron que se dejó la barba y usaba gorras. Era de esperarse que algo iba a pasar". Hasta el momento, pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio del ex cura para seguirle el rastro.

Los abusos contra Gobbo comenzaron cuando la víctima tenía 5 años hasta sus 20. Tanto los abogados querellantes como el fiscal de juicio Ricardo Romero habían solicitado 20 años de prisión.

José fue párroco y representate legal del Instituto Parroquial San José Obrero de Caseros desde 1993 hasta julio de 2003. Desde esa fecha hasta septiembre de 2022, figura en sus registros oficiales que trabajó en relación de dependencia con el Instituto Nuestra Señora de la Merced, también en Caseros.

Al San José Obrero asistió Gobbo hasta sus 15 años, al igual que las demás denunciantes. "Tres chicas más lo denunciaron. La primera denuncia la hice con Jazmín Detez en abril de 2017. Después lo denunciaron Karen Maidana y Cecilia Burgos junto a dos más que no continuaron el proceso", cuenta.

A excepción de los hechos que denunció Gobbo, el resto fueron considerados prescriptos. Durante la jornada, ella estuvo acompañada en los Tribunales y luego en su casa por otras dos de las denunciantes.

"Tras las denuncias, ex compañeras del colegio empezaron a recordar que también las había abusado. Una me llegó a decir: 'A mí también me hizo eso'. Es tan traumático que uno tarda en rememorar", dice la mujer de 35 años.

La falta de respeto por los tiempos de procesar lo vivido es lo que "más la indigna". Y agrega: "La Justicia no comprende que uno denuncia no por uno mismo, sino para prevenir y cuidar a las infancias. Porque el daño ya está hecho. La reparación viene por la visibilización, ser escuchado".

De hecho, tener una hija de 8 años la hizo reconocer la importancia de la escucha activa y la comunicación ante cualquier incomodidad. 

Durante el proceso judicial sintió que "la Justicia la cuestionó, interrogó, analizó", lo cual implicó "ir con miedo a hablar". Sumado a la exigencia de detalles "aún habiendo hecho cinco pericias". "Siempre me sentí juzgada, no cuidada", aclara.

Y hace hincapié en que "recién en el juicio me di cuenta que me abusó desde los 5 años". Ante las dificultades para recordar, organizaciones civiles exigen que los delitos de abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles.

Es que la gran mayoría de los casos de abuso sexual cometidos contra los chicos no terminan en condenas, debido a la prescripción de la acción penal. Ante esto existen los juicios por la verdad.

Sin embargo, para Gobbo "no sirven", ya que solo "la condena es la única forma de apartarlo de la sociedad". Este tipo de juicio solo atribuye responsabilidad, es decir, indica que una persona cometió determinados delitos o no. Y aunque los haya cometido no fija una condena porque la prescripción ya operó.

Batalla judicial interminable

Hace dos años, el mismo TOC, pero integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira, lo absolvió porque consideró que los hechos denunciados habían prescripto. El "hecho I" ocurrió en el colegio San José Obrero en Caseros entre 2000 y 2001 y el "hecho II"  tuvo lugar entre 1999 y 2008 en la casa de la misma víctima, Gobbo.

Sin embargo, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtió parcialmente la sentencia en octubre pasado. Consideró acreditados "la materialidad ilícita" y "la autoría responsable" de José en relación a los hechos denunciados ocurridos en la casa de la entonces adolescente. En esos años tenía entre 12 y 21 años.

Por eso, el Máximo Tribunal en lo penal bonaerense ordenó que el TOC determine la pena de la sentencia condenatoria, sin posibilidad de volver a revisar los hechos o cambiar el sentido de la decisión judicial.

La otra batalla que Gobbo dio fue ante la Iglesia. En 2009 presentó una denuncia. "Supuestamente lo sancionaron desde el Vaticano. Me citó el obispo Guillermo Rodríguez Melgarejo para avisarme y me pidió que no lo siga divulgando, ya que la Iglesia lo iba a apartar de los niños y que debía hacer un tratamiento psiquiátrico", recuerda.

Y agrega: "En ese entonces Bergoglio (actual Papa) era el presidente del Episcopado. Pertenecía al partido de San Martín".

A José lo trasladaron. "A fines de 2016 me entero que estaba yendo a un comedor en una villa". Temió que les pasara lo mismo por eso en abril de 2017 hizo la denuncia en la comisaría.

"Hasta que no hice la denuncia me sentía responsable. Pero cuando lo trasladaron a Azul abusó. Nosotros hicimos la denuncia en el Obispado de Azul y lo trasladaron de nuevo para acá", detalla Gobbo, quien todavía espera que la Justicia de San Martín haga justicia.



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