MADARIAGA: ¿Quién es el preso que amenazó con hacer explotar a Mercuri y a su familia?

Bruno David Báez está alojado en el penal 15 de Batán en la Celda 27 del Pabellón 16. Anoche allí hubo un allanamiento y le sacaron un teléfono celular con el que se cree realizó amenazas de muestre contra el fiscal Walter Mércuri y toda su familia. Paradójicamente y con una impunidad única 120 minutos después ya estaba conectado a redes sociales otra vez y empezó a comentar las publicaciones de este portal en redes sociales.

Báez está molesto porque su hijo, Bruno Agustín Báez de 23 años, fue apresado el jueves a las 11 de la mañana en cercanías de Villa Gesell por estar sospechado de haber participada de un robo armado en el campo “La Constancia” del Cuartel IV de Madariaga al que accedieron 4 delincuentes encapuchados, redujeron a una mujer, la encañonaron y le llevaron algunos ahorros y una camioneta 4x4 que abandonaron a pocos metros para pasarse a otro rodado.

El menor de los Báez está en calidad de detenido y su vinculación arranca porque una patrulla del CPR vio su Peugeot Partner cerca de ese campo estacionada a la vera del camino. Le preguntaron acerca de su presencia allí y el chico argumentó problemas mecánicos. El sitio es tan remoto que tras conocido el atraco se ataron cabos que impulsaron la investigación.

Pero su padre –quién está preso- ayer viernes a las 8:10 de la mañana llamó a la fiscalía y lanzó una amenaza furibunda.

Soy Bruno Báez. Igual te lo digo a vos. Mercuri metió de onda a mi hijo preso. Le voy a poner una granada en su casa. Sé donde vive y hoy mismo lo voy a mandar a matar. Se va a tener que ir de Madariaga porque lo voy a hacer explotar a el y a su familia. Yo Bruno Báez me hago cargo de este crimen.

Los fiscales lo conocen. Saben que es muy impulsivo pero igualmente se tomaron cartas en el asunto: se colocó consigna en la fiscalía y en la casa de Mercuri para proteger a su familia.

Báez, de 44 años, trascendió la escena nacional varias veces. Fue condenado por el asesinato del contador Adolfo Herro ocurrido en Cariló en Julio de 2005.

En aquella oportunidad Herro (54), un contador con estrechos vínculos con políticos bonaerenses, fue encontrado muerto a las 2.10 dentro de su auto Chevrolet Astra gris, en la puerta de la lujosa residencia que ocupaba en la calle Naranjos.

La víctima tenía un disparo sobre la sien izquierda, con orificio de salida por la zona derecha de la cabeza. Pese a que tenía una importante cantidad de dinero y un costoso reloj sólo le robaron su pistola, una Glock calibre 3.80. El crimen ocurrió entre las 21 del 24 de enero y las 2 del día 25.

Un mes después ocurrió un intento de homicidio en Villa Gesell en donde se efectuaron disparos. Al cotejar las vainas servidas se detectó científicamente que habían sido disparadas por la misma arma que le dio muerte al contador.

Allí pudieron identificarlo como participe de este último hecho y luego, al declarar, se logró vincularlo con el homicidio del contador.

Tiempo después fue hallado culpable por se autor del asesinato cometido en ocasión de robo. Este juicio tuvo que realizarse en dos oportunidades por una falla técnica. Una fue en 2012 en donde se realizó un debate abreviado y recibió una condena de 10 años pero su defensa logró, en Casación, anular todo el proceso.

Por esto quedó libre durante algunos años y acumuló nuevos procesamientos. Uno de ellos por usurpación de una esquina en Uruguay y Urrutia en donde eran reiterados los allanamientos por venta de estupefacientes y otra por un robo agravado ocurrido en el Parque Anchorena.

En esta última Báez se presentó en el Parque y amedrentó a un hombre con un arma y le sustrajo una mochila y un casco. Fue cuando éste estaba junto a una mujer –ex pareja del acusado- y su bebé en ese predio. Como el delincuente obligó a la chica a subirse a un auto se pensó en un secuestro y se montó un operativo cerrojo hasta dar con ellos en el interior de un auto.

Ya en 2018 se inició el nuevo juicio por el crimen de Cariló y allí Báez pidió un nuevo proceso abreviado aunque con una condición: firmaría una condena de 10 años de prisión pero si le sumaban al acuerdo todos los procesamientos en su contras. Es decir tres causas para una misma condena.

EL PRESO QUE SE CASÓ CON SU VÍCTIMA

El 8 de octubre de 2019, el protagonista de esta nota se presentó en la casa de su ex pareja desobedeciendo una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga. Luego de cenar le propuso a la mujer tener relaciones sexuales, y ante la negativa de ésta la golpeó y la arrojó con fuerza hacia un sillón ocasionándole hematomas y escoriaciones. Seguidamente le quitó las prendas de la parte inferior del cuerpo y abusó sexualmente de ella aunque sin consumar la penetración. Luego de cesar en su accionar el individuo se acostó en una habitación y se durmió, oportunidad en que la mujer abandonó la vivienda y solicitó auxilio en una estación de servicio cercana.

La víctima al formular la denuncia sostuvo que la relación con el imputado había finalizado por situaciones de violencia verbal, psicológica y física que ejercía sobre ella. Sin embargo, durante el juicio la mujer cambió el sentido de sus manifestaciones, por lo cual el Tribunal debió analizar si la víctima había mentido, faltado a la verdad o acomodado los hechos, ya que a más de dos años de denunciados decía que no había sido golpeada ni agredida sexualmente.

Finalmente, decidieron tomar el primer testimonio y condenar al agresor a 8 años de prisión por "desobediencia, lesiones leves doblemente agravadas y por mediar violencia de género en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal".

Báez fue al penal de Dolores y la restricción de acercamiento quedó sin efecto luego del juicio. Fue en ese momento, que la ex pareja comenzó a presentarse en las visitas de la cárcel pero le denegaban el acceso sistemáticamente.

A comienzos de 2022, Báez presentó un escrito en el Tribunal de turno durante la feria judicial, donde solicitaba autorización para ser trasladado al Registro Civil de Pinamar "para contraer matrimonio" con la que fuese su víctima. Ante esto, el Juez Antonio Severino resolvió que dicha solicitud no se encuentra entre las previsiones de la Ley de Ejecución Penal de la Provincia, ya que "excede lo que se denomina trámite", por lo que no correspondía hacer lugar a lo requerido.

Pero dejó la puerta abierta para que realice una nueva presentación y el caso sea estudiado con mayor profundidad, ya que desde la perspectiva de género, la retractación de la victima de violencia de género podría ser un indicador de que esta no ha cesado. En este sentido, el Juez remarcó: "que el consentimiento que estaría prestando la victima para casarse con su victimario, no sería libre sino de alguna manera viciado por el contexto de violencia de genero en el que se encuentra inmersa".

Inmediatamente, Báez presentó una apelación y logró un fallo contrario, y el vienes 28 de enero de 2022 pudo casarse en el registro civil de Pinamar, bajo la custodia del Servicio Penitenciario.