En la tarde de este sábado, en el Parque Anchorena, dirigentes
de distintas fuerzas y corrientes que forman parte del Frente de Todos se
dieron cita para tomar una foto de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández
quién se encuentra procesada en la causa vialidad en donde se investiga el
presunto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la
provincia de Santa Cruz cuando era jefa de estado.
Con pancartas que contenían las leyendas “Todos con Cristina”
o “Sin Cristina no hay democracia” tomaron la imagen de unión partidaria contra
lo que, aseguran, se trata de un embate de la justicia para intentar proscribir
a la líder del “Frente de Todos” ante una eventual candidatura del próximo año.
¿De qué acusan a Cristina Fernández de Kirchner?
Fernández está acusada de haber encabezado una asociación
ilícita para defraudar a la administración pública durante un período que
abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de
fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero.
La Fiscalía afirma que junto a varios exfuncionarios de su
gobierno direccionó contratos millonarios de obras viales que, según la
querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
Fernández de Kirchner rechaza esas acusaciones.
La acusación hace referencia, específicamente, a 51
licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido
esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena
parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena
nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro
Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el
principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que
habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego,
por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta
defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el
desvío de fondos, "de la noche a la mañana se convirtió en empresario de
la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y
socio comercial de este y de su esposa".
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada
en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido
apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su
abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y
mediática”. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó las acusaciones, alega
que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a
otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en
sus argumentos.
En la causa están imputadas 13 personas, incluida la
vicepresidenta. Otro de los implicados más conocidos es el exministro de
Planificación Julio de Vido, cuyos abogados respondieron que las acusaciones en
su contra faltan a la verdad y que darán sus respuestas en los alegatos
correspondientes.




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