MADARIAGA: Lo condenaron por violencia de género y abuso sexual pero ella lo perdonó, él pidió permiso para casarse y se lo denegaron

 


Bruno David Báez se convirtió en el protagonista de esta historia que transcurre entre Madarriaga y la cárcel de Dolores. El hombre, fue condenado con anterioridad por el asesinato del contador Adolfo Herro, sucedido en 2005 en Cariló, y hace dos meses por un caso de violencia de género con abuso sexual gravemente ultrajante contra su pareja.

 

Por el primero de los hechos recibió, en 2012, una pena de 10 años por el delito de homicidio en ocasión de robo. Ya en 2019 estaba en libertad y es en donde comienza la historia que lo llevó a su segundo juicio que culminó en noviembre con una condena de 8 años de prisión por desobediencia, lesiones leves doblemente agravadas y por mediar violencia de género en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal”.

 

E8 de octubre de 2019 se presentó en la casa de su ex a pesar de tener una prohibición de acercamiento. Según el relato primario de la víctima, después de cenar le propuso a la mujer tener relaciones sexuales, y ante la negativa de ésta la golpeó y la arrojó con fuerza hacia un sillón ocasionándole hematomas y escoriaciones.

 

Después, le quitó las prendas de la parte inferior del cuerpo y abusó sexualmente de ella aunque sin consumar la penetración.

 

Cuando se quedó dormido, ella abandonó la vivienda y solicitó auxilio en una estación de servicio cercana.

 

La víctima al formular la denuncia sostuvo que la relación con el imputado había finalizado por situaciones de violencia verbal, psicológica y física que ejercía sobre ella.

 

Sin embargo, durante el juicio la mujer cambió el sentido de sus manifestaciones, por lo cual el Tribunal debió analizar si la víctima había mentido, faltado a la verdad o acomodado los hechos, ya que a más de dos años de denunciados decía que no había sido golpeada ni agredida sexualmente.

 

En el veredicto, sin embargo, se tomó el primer relato de la víctima, algunas medidas de prueba más y se le aplicó la condena de primera instancia.

 

Cuando terminó el juicio quedó sin efecto la restricción de acercamiento y la mujer comenzó a presentarse en las visitas de la cárcel. Las autoridades le negaron sistemáticamente el ingreso.

A comienzos de enero de este año, Báez presentó un escrito en el Tribunal de turno durante la feria judicial, en solicitaba autorización para ser trasladado al Registro Civil de Pinamar “para contraer matrimonio” con la víctima.

 

El Juez Dr. Antonio Severino luego de analizar los alcances de la Ley de Ejecución Penal de la provincia consideró que dicha solicitud no se encontraba entre las previsiones de la norma, que por lo tanto no correspondía hacer lugar a lo requerido.

 

Pero dejó una puerta abierta a que la solicitud sea revisada con mayor profundidad.

 

Entre los considerandos, el juez remarcó que el casamiento excede lo que es un trámite y que se deben analizar varios factores.

 

Uno de ellos es que desde esa perspectiva la retractación de la victima de hechos de violencia de género podía “llegar a ser un indicador de que la violencia no ha cesado o bien se encuentra todavía dentro del denominado circulo de violencia, y en este sentido es oportuno señalar que la violencia no solo es física, sino también psicológica, entre otras”.

 

Además puntualizó que a pocos de ser condenado por segunda vez, el hombre haya adoptado alguna decisión de iniciar curso, taller, espacio de reflexión o ayuda terapéutica para abordar y modificar su responsabilidad en esa relación asimétrica con la víctima, que fuera el encuadre de violencia de género advertido al momento de sentencia.

 

Puntualmente señaló, que a tan poco de dictada de la sentencia condenatoria todo hacía suponer, “que el consentimiento que estaría prestando la víctima para casarse con su victimario, no sería libre sino de alguna manera viciado por el contexto de violencia de género en el que se encuentra inmersa”.

 

La fecha de casamiento es el próximo viernes en el registro civil de Pinamar, al cual el Servicio Penitenciario tendría que trasladar al reo en caso de que consiga, con una apelación, un fallo contrario al actual.