Bruno David Báez se convirtió en el protagonista de esta
historia que transcurre entre Madarriaga y la cárcel de Dolores. El hombre, fue
condenado con anterioridad por el asesinato del contador Adolfo Herro, sucedido
en 2005 en Cariló, y hace dos meses por un caso de violencia de género con
abuso sexual gravemente ultrajante contra su pareja.
Por el primero de los hechos recibió, en 2012, una pena de
10 años por el delito de homicidio en ocasión de robo. Ya en 2019 estaba en
libertad y es en donde comienza la historia que lo llevó a su segundo juicio
que culminó en noviembre con una condena de 8 años de prisión por
desobediencia, lesiones leves doblemente agravadas y por mediar violencia de
género en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal”.
E8 de octubre de 2019 se presentó en la casa de su ex a
pesar de tener una prohibición de acercamiento. Según el relato primario de la
víctima, después de cenar le propuso a la mujer tener relaciones sexuales, y
ante la negativa de ésta la golpeó y la arrojó con fuerza hacia un sillón
ocasionándole hematomas y escoriaciones.
Después, le quitó las prendas de la parte inferior del
cuerpo y abusó sexualmente de ella aunque sin consumar la penetración.
Cuando se quedó dormido, ella abandonó la vivienda y
solicitó auxilio en una estación de servicio cercana.
La víctima al formular la denuncia sostuvo que la relación
con el imputado había finalizado por situaciones de violencia verbal,
psicológica y física que ejercía sobre ella.
Sin embargo, durante el juicio la mujer cambió el sentido de
sus manifestaciones, por lo cual el Tribunal debió analizar si la víctima había
mentido, faltado a la verdad o acomodado los hechos, ya que a más de dos años
de denunciados decía que no había sido golpeada ni agredida sexualmente.
En el veredicto, sin embargo, se tomó el primer relato de la
víctima, algunas medidas de prueba más y se le aplicó la condena de primera
instancia.
Cuando terminó el juicio quedó sin efecto la restricción de
acercamiento y la mujer comenzó a presentarse en las visitas de la cárcel. Las
autoridades le negaron sistemáticamente el ingreso.
A comienzos de enero de este año, Báez presentó un escrito en
el Tribunal de turno durante la feria judicial, en solicitaba autorización para
ser trasladado al Registro Civil de Pinamar “para contraer matrimonio” con la
víctima.
El Juez Dr. Antonio Severino luego de analizar los alcances
de la Ley de Ejecución Penal de la provincia consideró que dicha solicitud no
se encontraba entre las previsiones de la norma, que por lo tanto no
correspondía hacer lugar a lo requerido.
Pero dejó una puerta abierta a que la solicitud sea revisada
con mayor profundidad.
Entre los considerandos, el juez remarcó que el casamiento
excede lo que es un trámite y que se deben analizar varios factores.
Uno de ellos es que desde esa perspectiva la retractación de
la victima de hechos de violencia de género podía “llegar a ser un indicador de
que la violencia no ha cesado o bien se encuentra todavía dentro del denominado
circulo de violencia, y en este sentido es oportuno señalar que la violencia no
solo es física, sino también psicológica, entre otras”.
Además puntualizó que a pocos de ser condenado por segunda
vez, el hombre haya adoptado alguna decisión de iniciar curso, taller, espacio
de reflexión o ayuda terapéutica para abordar y modificar su responsabilidad en
esa relación asimétrica con la víctima, que fuera el encuadre de violencia de
género advertido al momento de sentencia.
Puntualmente señaló, que a tan poco de dictada de la
sentencia condenatoria todo hacía suponer, “que el consentimiento que estaría
prestando la víctima para casarse con su victimario, no sería libre sino de
alguna manera viciado por el contexto de violencia de género en el que se
encuentra inmersa”.
La fecha de casamiento es el próximo viernes en el registro
civil de Pinamar, al cual el Servicio Penitenciario tendría que trasladar al
reo en caso de que consiga, con una apelación, un fallo contrario al actual.




Redes