El Congreso debería iniciar una causante de juicio político
contra el presidente Alberto Fernández por un "categórico mal
desempeño" de la función pública tras la difusión de las fotos de la
reunión social celebrada en la Quinta de Olivos el año pasado con motivo del
cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en pleno aislamiento obligatorio por la
pandemia del coronavirus.
Al menos así lo expresaron distintos constitucionalistas
consultados quienes coincidieron en que el jefe de Estado no sólo incumplió una
ley que él mismo había fijado en el marco de la pandemia sino que también
"violó la Constitución".
Frente al escándalo que llevó al Presidente a lamentar la
reunión convocada por la primera dama, la oposición presentó dos pedidos de
juicio político contra Alberto Fernández "por mal desempeño y por la
eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario
público en el ejercicio de sus funciones".
En este contexto, Felix Lonigro, especialista en Derecho
Constitucional, explicó a Clarín que desde el punto de vista penal, el jefe de
Estado puede ser acusado de "los delitos contra la seguridad
pública", que se le imputa a quien resiste una orden de la autoridad
destinada a frenar el avance de una pandemia. "En este caso es la misma
autoridad que emitió la orden la que desobedece y tiene una pena de 6 meses a
dos años, es un delito excarcelable", explicó el constitucionalista, quien
agregó que el otro delito es "violación de los deberes de funcionario
público".
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez le dijo a Clarín
que "en el marco de una República todos estamos sometidos a la ley".
"Y la ley era muy clara, había una situación constitucionalmente razonable
de un aislamiento y aquellas personas que no lo cumplían deberían ser sometidas
a la ley que se aplica a todos. En consecuencia todos tiene que ser sometidos a
un proceso penal", puntualizó el abogado.
Por su parte, Daniel Sabsay fue contundente al abordar el
escándalo en la Quinta de Olivos. "El Presidente cuando jura se compromete
a hacer cumplir la Constitución y él ha incumplido de manera manifiesta",
aseveró el constitucionalista.
"Sin lugar a duda esto da inicio a un juicio político
porque es un mal desempeño categórico que es la causante principal con la que
se inicia un juicio político", aseveró Sabsay, quien agregó que en este
caso, el Presidente "ha mentido, ha violado la ley que el mismo había
fijado y la Constitución".
La foto de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola
Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena
estricta del año pasado.
La Ley Orgánica sobre Juicio Político, que rige este
procedimiento a partir de lo que plantea la Constitución nacional en tres de
sus artículos: 53, 59 y 60, fija que es la Cámara de Diputados la que ejerce el
derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de
Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema.
Este mecanismo es para “las causas de responsabilidad que se
intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus
funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y
declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras
partes de sus miembros presentes".
La Ley de Juicio Político establece que el presidente del
Cuerpo remitirá la denuncia con el material presentado a la Comisión de Juicio
Político, que deberá citar al denunciante o ratificarla, en cuya oportunidad
podrá ampliarla y ofrecer nuevas pruebas. Luego la comisión deberá analizar la
denuncia a fin de pronunciarse sobre su admisibilidad.
Si la iniciativa llega al recinto se necesitan de las dos
terceras partes de los miembros presentes para aprobación del pedido de juicio
político, indicó Gil Domínguez. Si avanzara en la Cámara baja luego se
designaría una comisión acusadora integrada por tres diputados, a fin de
sostener la acusación ante el Senado, donde también necesitará de una mayoría
especial para avanzar con la destitución.
Felix Lonigro dijo que la posibilidad de que avance el
juicio contra Alberto Fernández es "casi nula", dado que el
oficialismo suma los diputados necesarios para obturar la iniciativa mientras
que en el Senado cuenta con mayoría propia.
"Es evidente que el oficialismo domina el Senado y la
oposición no tiene ni siquiera mayoría simple para hacer valer la acusación en
la Cámara de Diputados. Si el oficialismo protege al presidente el juicio político
es imposible", sentenció el constitucionalista.
Para el especialista, el brindis en la Quinta de Olivos para
celebrar el cumpleaños de la primera dama puede conducir a que el Presidente
"tenga una responsabilidad electoral, si esto influye en las
elecciones". Pero insistió que "naturalmente hay una responsabilidad
penal porque hay un fiscal que está interviniendo, Ramiro González, y por esa
vía un juez podría procesarlo, fijarle prisión preventiva hasta inclusive
condenarlo".
No obstante, el Presidente tiene inmunidad y hasta que no
termine su mandato no va a ser posible que cumpla una pena, si eventualmente lo
condenaran.
"No tengo duda que hay varias causales de juicio
político, independientemente de la dificultad de conseguir mayorías agravadas
porque son dos tercios en Diputados para acusar y dos tercios en el Senado para
condenar", expresó, por su parte, Sabsay.
La oposición impulsa el juicio político contra Alberto
Fernández
En medio de la polémica, los jefes de bloque de Juntos por
el Cambio Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro) presentaron este viernes,
a última hora, un proyecto en el que solicitan el juicio político contra
Alberto Fernández "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio
de sus funciones", a raíz de la foto del festejo del cumpleaños de la
primera dama del 14 de julio de 2020.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de los diputados
Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Miguel Bazze,
Luciano Laspina, Albor Cantard, Federico Angelini, José Cano, José Nuñez,
Facundo Suárez Lastra, Gisela Scaglia y Ricardo Buryaile.
En la presentación, los legisladores apuntaron que las fotos
en las que se vio al Presidente en una reunión social con la primera dama
"dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se
aplicaban".
"La situación desenmascara la hipocresía del
Presidente. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones
sociales y limitaba la circulación de los esenciales. Él, quien ordena cumplir
lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde
vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano",
expresaron los diputados.
Asimismo indicaron que este escándalo es la gota que
"rebalsó el vaso". "Se ha deshonrado la investidura pública. Se
ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que
impone la Constitución Nacional", destacaron los referentes de la
principal fuerza opositora, quienes consideraron que "la palabra del
Presidente está devaluada hace tiempo, las conductas que hoy se muestran suman
a ese descrédito y desprestigio".
Previamente, otro grupo de diputados de Juntos por el Cambio
había presentado también un pedido de juicio político contra el jefe de Estado
"por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento
de los deberes de funcionario público".
En este caso la propuesta lleva las firmas de Fernando
Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del
Cerro, David Schlereth, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Adriana Cáceres, José
Luis Patiño y Héctor Stefani.
Ambas presentaciones terminan siendo simbólicas ya que en la
Comisión de Juicio Político, que es presidida por Josefina González, del Frente
de Todos, el oficialismo tiene mayoría con 15 representantes.
Con estos dos pedidos de enjuiciamiento, el presidente
arrastra cuatro proyectos que solicitan que sea sometido a juicio político.
Una de las iniciativas fue presentada el 27 de julio por el
macrista José Luis Patiño, quien acompañado por otros integrantes de Juntos por
el Cambio, acusó al presidente de "mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones". El expediente fue impulsado tras conocerse la carta que la
asesora presidencial Cecilia Nicolini envió al Fondo Ruso de Inversión Directa
(RDIF) para reclamar la entrega de segundas dosis de Sputnik V contra el
coronavirus.
"En definitiva, el fracaso autoinflingido por el propio
Gobierno, en la adquisición de vacunas, no sólo le ha costado la vida a miles
de compatriotas que no llegaron a vacunarse a tiempo, sino que esta demora y
los consecuentes niveles de circulación del virus que no se pudieron evitar,
han sido la excusa para la aplicación de medidas de carácter autoritario que
significaron la vulneración de derechos humanos como la vida, la dignidad, el
trabajo y la educación, entre otros, llevándonos a la peor crisis económica y
educativa de nuestra historia", se fundamentó en la propuesta.
Un anterior proyecto fue presentado el 28 de junio pasado y
pertenece al radical Alvaro De Lamadrid, quien cuestionó al Presidente y a su
vice Cristina Kirchner por el manejo de la pandemia.
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