La Sociedad de Fomento
que los representa comenzó con las reuniones vecinales y confeccionó hojas para
recolectar firmas que lleven a frenar el proyecto que fue aprobado en el HCD y
es avalado por el Ejecutivo para la instalación de un crematorio en el acceso
al casco urbano.
Se amparan en que la
iniciativa es contaminante dado que también, el horno, servirá para quemar
residuos patológicos de toda la región.
Si bien esta mañana hubo
una reunión entre Alberto “Tito” Juárez –presidente de la Sociedad de Fomento-
y el secretario de coordinación Miguel Vallo en
donde se aseguró que sólo se incinerarían cadáveres. No obstante, aseguran
desde la organización barrial, el propio intendente Esteban Santoro en una
radio confirmó que serviría también para residuos patogénicos.
El mandatario local
aseguró esta mañana que la opinión sobre el asunto “es positiva y por eso lo
hemos empujado. Esto ha llevado dos o tres años y no ha estado oculto. Se buscó
el lugar alejado del ejido urbano. El OPS (Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable) avaló el proyecto. Se han cumplido todos los requisitos y hay
informe de impacto ambiental. No hemos hecho nada contra un vecino o barrio
particular. Es una decisión tomada tiene que ver con cuestiones de
creencia. No van a existir esas
chimeneas con humo negro”.
Esta última frase tiene
que ver con la publicación realizada por CNM para graficar un crematorio a gran
escala que se realizó en el día de ayer para plantear el tema.
El día 15 habrá una Audiencia
Pública en la Casa de la Cultura para explicar los alcances del proyecto y ya
se superó la cifra de 20 interesados que concurrirán para plantear sus dudas al
respecto.
La propuesta fue avalada
por unanimidad, tiene un umbral de contaminación y el hecho radica en la
posible quema de residuos patogénicos que aumentan el nivel de mercurio y plomo
en el aire. Todo esto a pocos metros de un colegio privado.
Los vecinos plantean
llegar al OPDS con su reclamo y creen que sostienen que la elección del lugar
tiene que ver con la finalización de una boca de alta presión de gas que sería
la que precisan los hornos para funcionar. Todo esto ocurre en paralelo con la
prohibición de instalar nuevo medidores y bocas domiciliarias por la capacidad
instalada en la región.




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