Suspendida la fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno
se dispone a otorgar el tercer incremento del año a los jubilados y pensionados
nuevamente por decreto presidencial.
La suba aproximada se ubicará entre el 6 y el 9% según las
proyecciones; cuando en realidad si funcionara la Ley anterior debería
corresponderles casi el 10%.
El porcentaje de variación será igualitario y no habrá
distinción de haberes como se había hecho en junio pasado.
Desde el Ejecutivo esperan que antes de diciembre la Comisión
Bicameral Mixta de Movilidad Previsional del Congreso haya conseguido una nueva
fórmula de cálculo y la haya aprobado para frenar las críticas que despierta la
metodología actual que se usa.
Inicialmente, la suspensión de la fórmula de movilidad fue
por 6 meses con la expectativa de tener lista una nueva para septiembre. Pero a
mediados de junio, con el argumento de que la pandemia distorsionó la realidad
económica y social del país, a través del Decreto 542/2020, el Gobierno
prorrogó por decreto esa suspensión hasta el 31 de diciembre de este año
fijando que el Poder Ejecutivo determinará los aumentos de los haberes “con el
fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo
prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.
Con los aumentos de marzo y junio, los casi 6 millones de
jubilados y pensionados nacionales, incluyendo a los del haber mínimo, están
cobrando menos que lo que les hubiera correspondido con los incrementos según
la fórmula suspendida. En marzo el aumento fue un 2,3% más una suma fija de $
1.500 –achatando los haberes– cuando el incremento según la fórmula suspendida
daba el 11,56%. En junio la suba fue del 6,12% similar para todos los
beneficiarios contra un 10,9% de la fórmula suspendida.




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