El Gobierno incluyó la prostitución en un registro de trabajos y reavivó la polémica: ¿abolir o regular?

El formulario web empezó a estar disponible el viernes. Y el domingo lo dieron de baja. Las dos decisiones fueron tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esas 48 horas en las que un formulario creado por el Estado permitía sumarse al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) bajo la categoría de trabajadores sexuales alcanzaron para reavivar un debate histórico al interior de los feminismos: si hay que abolir o regular eso que de un lado de la discusión llaman prostitución y del otro, trabajo sexual.

En rigor, la cartera encabezada por Daniel Arroyo había lanzado el jueves ese registro para relevar a trabajadores de la economía informal de distintos rubros y tener información sobre sus ingresos y sus condiciones laborales y habitacionales, entre otros datos. Fuentes del ministerio aseguraron que "se generó un debate en torno a algunas categorías de trabajo en la economía popular" y que ese fue el motivo para frenar la posibilidad de inscribirse.

El ministerio decidió entonces conformar una mesa conjunta de trabajo de la que participarán, según esas mismas fuentes, representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
A esa misma discusión llamarán a referentes de organizaciones sociales "para analizar las distintas perspectivas", según explicaron, sin puntualizar. Lo cierto es que el domingo el ministerio retiró de su sitio web el formulario que apuntaba al relevamiento de trabajadores. Volverá a estar disponible "en breve" según las fuentes, pero sin contemplar la categoría de trabajadoras sexuales hasta que no esté saldada la discusión que convocarán.

La inclusión de la categoría "trabajadores sexuales" en el registro resonó en las redes sociales: quienes celebraban la medida usaron el hashtag #TrabajoSexualEsTrabajo, mientras que quienes sostienen la postura abolicionista replicaban la idea de que, #LaProstituciónNoEsTrabajo. Ese es el debate histórico que el Ministerio de Desarrollo pondrá sobre esa mesa de trabajo antes de volver a decidir si incluye o no esa categoría en el ReNaTEP.

"Ya no debemos ocultarnos ni inscribirnos con categorías engañosas", tuiteó para celebrar Georgina Orellano, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y, según se autodefine, trabajadora sexual. "Yo llegué a inscribirme: preguntaba por tus ingresos, si alquilás, vivís en un hotel, una pensión, a quiénes tenés a cargo", cuenta Orellano a Clarín, y sumó: "El ministerio nos había hecho saber que trabajaba en nuestra inclusión, y que este relevamiento serviría para diseñar políticas específicas para cada sector de la economía informal".
Del otro lado de la discusión, luego de que el formulario fuera retirado de la web de Desarrollo Social, Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura porteño, publicó en Twitter: "Mirá vos, los papichulos de la economía popular consolidando los privilegios de los consumidores de prostitución, bajo el aspecto de proteger entre lxs trabajadorxs a las personas en prostitución y streapers".

En el perfil de Twitter del Ministerio de Desarrollo no hay publicaciones que aludan al ReNaTEP. Respecto del formulario frenado, Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, publicó en esa misma red: "Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado". Una conversación entre dos varones.

"La pandemia evidenció como nunca las condiciones de hacinamiento, hambre y precariedad en la que viven muchas trabajadoras sexuales, y que no hay políticas que cubran esas necesidades porque es un grupo que no está contemplado como tal. Si querés hacer ese trabajo e inscribirte al monotributo lo tenés que hacer como peluquera o masajista. Esto con el correr del tiempo nos iba a permitir bancarizarnos, tener una obra social y aportes jubilatorios", explica Orellano.

Según describe a este diario, la última vez que se censó a nivel nacional, unas 80.000 personas se dedicaban a esta actividad, 20.000 en el espacio público. El 86% de ese universo eran jefas de hogar, sin otro adulto a cargo de hijos o adultos mayores.
"Nosotras nos autopercibimos trabajadoras sexuales. ¿Por qué no reconocen que existimos? El Estado debería estar al margen de debates ideológicos. Que nos digan que no decidimos por nuestra cuenta hacer este trabajo es una infantilización. Por supuesto que somos vulnerables. Quienes venimos de los sectores más populares siempre somos más vulnerables, siempre tenemos menos oportunidades de decidir de qué vamos a trabajar, siempre estamos más expuestas al maltrato y a que nos paguen menos plata por el mismo trabajo. En ese contexto, obviamente tu consentimiento tal vez esté coartado", describe Orellano.

Sonia Sánchez, que se autodefine como sobreviviente de la trata y prostitución -una tarea que ejerció durante seis años desde los 16- y autora de "Ninguna mujer nace para puta", es tajante: "El trabajo sexual no existe. Sí las personas en situación de prostitución, de explotación sexual. La prostitución implica violencia física, emocional, psíquica y económica. El Estado, a través de este formulario, habla de un trabajo y no de una explotación: quiere legalizar el proxenetismo, que ahora mismo está penado por la ley. Se convierte en un trabajador al traficante de personas, muchas veces detrás de mujeres que manifiestan estar trabajando por su propia cuenta".

"Yo trabajé como empleada doméstica. Y ahí sufrí maltratos y abusos peores: me rebajaban más que en ningún otro trabajo. Es la moral lo que hace que se vea al trabajo sexual como algo distinto. Pero en mi caso, luego de acercarme a otras compañeras y desarrollar herramientas de autocuidado como trabajar en lugares privados y no en la calle, hacerlo junto a otra compañera o acercarme a una organización, conseguí condiciones de menos maltrato que como empleada doméstica. Le puedo decir al cliente 'esto no lo hago' y que el servicio termine ahí. Esta es una manera de conseguir la misma o más plata que limpiando una casa, pero en menos horas: te deja estar más tiempo con tus hijos", reflexiona Orellano.

"A quien defienda la idea de la autonomía le quiero preguntar si cuando agarren a su hija o a su nieta va a pensar lo mismo. Agarran a las chicas, muy chiquitas, las llevan al sindicato Ammar, les dan el carnet de autónoma y detrás de todo eso hay proxenetismo. Ammar tiene a tres personas judicializadas por proxenetismo", apunta Sánchez.

Consulta por esto, Orellano responde: "Son compañeras que fueron procesadas porque como la ley de trata de 2012 no contempla el consentimiento ni aunque la persona dé cuenta de eso, tal vez son las titulares del contrato de alquiler de un departamento en el que trabajan varias mujeres y se las toma como proxenetas".

"Yo he estado en la prostitución. Para sobrevivir a ese campo de concentración hay que adormecerse, anestesiarse. No hay abrazos, no hay caricias: hay manoseos. La prostitución implica que sos boca, vagina y ano. El lenguaje maquilla esa realidad y entonces muchas mujeres dicen 'voy a trabajar' para sostener la mentira de la sociedad y sobrevivir", sostiene Sánchez.

La abogada Sabrina Cartabia, defensora de Thelma Fardin en su denuncia por violación contra Juan Darthés entre otras causas, reflexiona: "Hay que poner el escenario en contexto: la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA determinó que las mujeres son más pobres que los varones y que representan una gran proporción de la economía informal. Esto las convierte en el sector más perjudicado por el aislamiento obligatorio. Este registro ministerial podía ser un primer paso para abordar la problemática de las trabajadoras sexuales, muy estigmatizadas".

"¿Quién soy yo para responder si alguien hace algo con o sin consentimiento? Eso sólo lo puede responder esa persona, porque si no deja de ser un sujeto de derecho y pasa a ser un objeto de protección. Hay que prestarle atención a los niveles de violencia que se ejercen cada vez que se habla en nombre de ese grupo y se niega su existencia como tal, algo autoritario", suma la letrada.

"Hay todavía un gran estigma sobre las trabajadoras sexuales: a las mujeres nos criaron pensando que las putas son el enemigo. Cada vez que te dicen 'puta' te están insultando, no querés ser eso. Las condiciones de vida de un colectivo precario serían menos precarias si el trabajo sexual dejara de ser una vergüenza social", explica, y agrega: "Además de mejorar a ese colectivo, claro que hay que trabajar en políticas públicas para que quienes quieren abandonar el trabajo sexual tengan opciones para hacerlo".

María Alejandra Magnano es una de las titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal. "Argentina adhiere a leyes y tratados internacionales que, así como están, penalizan cualquier forma de explotación de prostitución ajena. Hay muchos prostíbulos que tienen a mujeres como regentes para parecer una cooperativa, o mujeres en situación de explotación a las que se les da un carnet para que parezcan cuentapropistas. Cualquier modificación a esa base jurídica debe pasar por el Congreso, no puede resolverse a través de ninguna de las dependencias del Poder Ejecutivo. Es un debate que no puede dirimirse en un formulario web", sostiene. Es que es mucho más grande que eso.



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