
Un establecimiento agropecuario bonaerense puede tener a todo su personal registrado, haber pagado los salarios en término e ingresado los aportes y, aun así, quedar expuesto a una sanción por presentar tarde un formulario. Lo mismo puede ocurrirle a una fábrica o a un comercio. Eso es lo que introduce la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. A partir de enero de 2027, los empleadores alcanzados deberán informar mensualmente sus liquidaciones salariales, adjuntar los recibos de haberes y los comprobantes de acreditación bancaria del personal comprendido y firmar digitalmente una nueva declaración jurada . El trámite se llama F.U.T.U.R.O. y se anuncia como gratuito .
El Ministerio puede ofrecer acceso gratuito al portal. El costo empieza bastante antes. Una pyme que terceriza la liquidación de sueldos tendrá que reunir los archivos del contador y del banco, cotejar las nóminas, conciliar pagos complementarios, armar un PDF por cada tipo de respaldo, obtener la firma y guardar la constancia. Al mes siguiente, el trabajo empieza de nuevo. Una parte de ese costo aparecerá en la factura del estudio contable. El resto se pagará con horas del personal propio, aunque jamás figure en una boleta provincial.
En términos económicos, funciona como una suerte de impuesto burocrático sobre el empleo registrado. La Provincia obliga al empleador a destinar recursos al nuevo trámite y lo expone a sanciones si incumple. En una industria con varios establecimientos, turnos y novedades de liquidación, la tarea se multiplica con el volumen de la nómina. En un establecimiento rural que incorpora personal para la cosecha, el volumen de documentación crece justo cuando la administración está más ocupada con las altas, las liquidaciones y los pagos . Esta nueva carga mensual se suma a los requerimientos que el Ministerio ya puede formular en ejercicio de sus facultades de inspección.
La decisión es particularmente inoportuna cuando se busca reducir las cargas inútiles que encarecen producir, comerciar y contratar en blanco . Cada exigencia puede parecer menor si se la mira desde la oficina que la dicta. La empresa tiene que pagarlas todas juntas. Pedir otra declaración mensual a quienes ya sostienen una nómina formal exige explicar qué problema concreto se va a resolver y por qué ese resultado justifica el costo. La resolución impone la carga antes de ofrecer esa explicación.
ARCA ya recibe la registración de los trabajadores y las declaraciones de la seguridad socia l. Para los empleadores comprendidos en el Libro de Sueldos Digital, también recibe el detalle de las liquidaciones por trabajador. Si el Ministerio bonaerense necesita acceder a esos datos, corresponde que gestione los acuerdos y mecanismos de intercambio que la ley permita. Hacer que cada empleador vuelva a preparar y remitir esa información todos los meses traslada al sector productivo el costo de una coordinación que les corresponde a los organismos públicos .
El comprobante bancario tiene un valor propio. Permite verificar si el salario liquidado se acreditó efectivamente. El Ministerio puede requerirlo cuando investiga una denuncia, detecta inconsistencias o realiza una inspección. Para exigirlo de todos los empleadores, respecto de todo el personal comprendido y todos los meses, debería acreditar por qué esos controles dirigidos resultan insuficientes. La recopilación generalizada también obliga a explicar quién accederá a esos datos salariales y bancarios y durante cuánto tiempo se conservarán.
La misma pregunta vale para la lucha contra la informalidad. En los recibos que ingresen al portal figurarán las personas incluidas en las liquidaciones. Para encontrar a quien trabaja fuera de la nómina sigue siendo indispensable cruzar información, atender denuncias e inspeccionar establecimientos.
Hay también una cuestión de legalidad. La Ley provincial 10.149 faculta a la autoridad laboral a requerir información y a exigir la exhibición de documentación . Convertir esa facultad en un deber general, permanente y sancionable exige identificar la habilitación legal y justificar la proporcionalidad de la carga. La Ley de Modernización Laboral, al reformar el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableció la suficiencia de la registración ante ARCA. La Provincia puede fiscalizar el pago de salarios y las condiciones de trabajo . En la medida en que el formulario reproduce información registral, le corresponde justificar qué finalidad inspectiva reclama una segunda presentación.
La Provincia debería suspender la entrada en vigor de la obligación, medir el costo para el campo, la industria y el comercio y demostrar qué incumplimientos detectaría que hoy se le escapan. Ya puede avanzar en el intercambio de datos disponibles y concentrar los pedidos de documentación en los casos que lo justifiquen. Si un dato ya está en poder del Estado, el esfuerzo de conseguirlo debe recaer primero en el organismo que lo necesita.
El autor es especialista en temas legales del agro
Fuente:
La Nación

GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo

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