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Adriana creyó que tenía un inquilino que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba tiempo para ponerse al día con el alquiler. Durante meses, ella y su suegro, propietario de la vivienda, aceptaron esperar. Sin embargo, la situación cambió cuando descubrieron que el hombre había publicado las habitaciones del departamento en plataformas inmobiliarias para alquilarlas a otras personas .
Según contó la mujer, el inquilino dejó de pagar hace dos años, pero cobra alrededor de 2000 euros por mes por subalquilar las cuatro habitaciones a estudiantes . Mientras tanto, ella y su familia todavía no pudieron recuperar la propiedad.
El caso fue difundido por RAC1.cat . Adriana explicó que inició una demanda de desalojo , pero que el procedimiento quedó demorado después de que el hombre solicitara asistencia jurídica gratuita.
La mujer contó que al principio pensaron que el inquilino había tenido problemas económicos a raíz de la pandemia . Por eso, durante meses le permitieron postergar los pagos con la expectativa de que pudiera regularizar su situación.
La sospecha apareció cuando encontraron anuncios de las habitaciones del departamento publicados en internet. Según el relato de Adriana, el hombre no vivía allí y había conseguido cuatro estudiantes que ocupaban los espacios a cambio de un pago mensual .
“Después de estar más de un año sin pagar y ver que publicitaba nuestro piso por el alquiler de habitaciones interpusimos demanda judicial de desahucio”, explicó.
Sin embargo, el procedimiento se suspendió cuando el inquilino pidió justicia gratuita . Aunque finalmente le denegaron el beneficio, Adriana aseguró que la causa todavía no se había reactivado y que esperaba una respuesta para recuperar la vivienda.
A las dificultades para recuperar el departamento se sumó otro problema. Adriana contó que recibió una notificación del Ayuntamiento con una multa de 60.000 euros porque la propiedad había sido publicada en Airbnb como alojamiento turístico sin la licencia correspondiente.
La mujer presentó alegaciones y aseguró que el expediente sancionador quedó archivado de manera provisional . Según explicó, el anuncio había sido publicado por el propio inquilino sin su autorización.
Además, sostuvo que el hombre habría reconocido ingresos de unos 1500 euros provenientes de trabajos no declarados . También afirmó que el juez ordenó averiguar dónde vivía realmente y que fue localizado en un ático de la zona alta de la avenida Diagonal, en Barcelona.
La propietaria aseguró que no piensa desalojar por su cuenta a las estudiantes que viven actualmente en el inmueble . Considera que debe esperar una resolución judicial para recuperar la posesión de la vivienda. También propuso crear un registro de inquilinos que permita conocer si una persona tiene varios contratos de alquiler activos.
Mientras tanto, continúa esperando una respuesta de la Justicia. Según explicó, el problema también afecta a su suegro, de 80 años y con demencia, quien necesita recuperar la propiedad para poder disponer de ella .
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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