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La muerte de Agustín Herrera, un adolescente de 17 años , en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta, derivó en una investigación por presunta mala praxis. El joven falleció el 20 de octubre de 2025 por una falla multiorgánica provocada por una sepsis generalizada, según los informes forenses.
En septiembre de 2026, las defensas de tres médicos imputados por homicidio culposo solicitaron la suspensión del juicio a prueba y ofrecieron distintas formas de reparación: $35 millones, un automóvil, tareas comunitarias y donaciones a instituciones .
Aunque el padre de la víctima, constituido como querellante, aceptó la propuesta, el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado , rechazó el pedido y resolvió que la causa penal continuara.
El caso comenzó el 18 de octubre de 2025 , cuando Agustín Herrera fue llevado al hospital Juan Domingo Perón por fuertes dolores abdominales.
Según la denuncia presentada por su padre, una médica de guardia le indicó calmantes, recomendó que permaneciera en observación hasta el mediodía y posteriormente le otorgó el alta.
Sin embargo, los dolores continuaron y la familia decidió trasladarlo nuevamente al centro de salud durante esa misma tarde. El adolescente quedó internado y su estado de salud se agravó.
El domingo 19 de octubre, cuando estaba previsto que fuera intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivado a terapia intensiva. Finalmente, murió durante la mañana del lunes 20.
Los informes de autopsia y anatomopatología determinaron que el fallecimiento se produjo por una falla multiorgánica derivada de una sepsis y una pelviperitonitis apendicular .
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, que analizó la historia clínica y las actuaciones de los profesionales que atendieron al adolescente.
En diciembre de 2025, cuatro profesionales del hospital fueron imputados por homicidio culposo por mala praxis . Sin embargo, el pedido de suspensión del juicio a prueba que se analizó en septiembre de 2026 correspondió a las defensas de tres de ellos.
Durante la audiencia, los abogados propusieron distintas formas de reparación del daño. La oferta económica contemplaba:
Además, los imputados solicitaron no ser inhabilitados para ejercer la medicina. Argumentaron que necesitaban continuar trabajando para poder cumplir con sus compromisos económicos.
El padre de Agustín, que participa en la causa como querellante, y las demás partes aceptaron la propuesta. Ese consentimiento dejaba abierta la posibilidad de realizar un eventual reclamo por la vía civil.
El 3 de septiembre de 2026 , el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado, rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba al considerar que no estaban reunidos los requisitos necesarios para concederlo.
El magistrado cuestionó que los profesionales pretendieran evitar el proceso penal mediante una reparación económica y, al mismo tiempo, continuar ejerciendo su actividad sin restricciones.
En su resolución, sostuvo: “No es razonable ni lógico pretender evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica y además querer conservar intacta la actividad profesional en cuyo ejercicio se produjo el hecho investigado, como si no hubiese pasado nada” .
De esta manera, el juez resolvió que la investigación penal deberá continuar y que la Justicia tendrá que determinar si los médicos tuvieron responsabilidad en la muerte del adolescente.
Los $35 millones fueron parte de una propuesta de reparación , no una indemnización ordenada judicialmente. Los profesionales continúan imputados y el rechazo de la suspensión del juicio a prueba no equivale a una condena penal.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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