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La investigación por presuntos sobresueldos y desvíos de fondos en la Armada Argentina continúa ampliándose. La pesquisa interna de la fuerza había detectado 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026, pero nuevos datos incorporados al expediente indican que el monto bajo análisis podría ser superior.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y el caso quedó bajo investigación del fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Ramos. En paralelo, la Armada inició actuaciones disciplinarias contra los militares involucrados y apartó de sus funciones a nueve efectivos, entre ellos el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista.
Según la investigación administrativa, el mecanismo habría consistido en modificar manualmente archivos utilizados para las acreditaciones bancarias de haberes, de manera que determinadas personas recibieran montos superiores a los que figuraban en sus liquidaciones oficiales.
Entre los 23 beneficiarios identificados inicialmente había militares, personal civil y cuatro personas sin relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas recibieron en conjunto más de $434 millones a través de 184 acreditaciones.
Una de las principales beneficiarias identificadas es María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 acreditaciones por más de $152 millones, según la denuncia original. También aparecen Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz, entre otros beneficiarios externos a la fuerza.
La investigación también analiza pagos a militares que habrían recibido montos superiores a sus haberes correspondientes y situaciones particulares de personal destinado en el exterior o que se encontraba con licencia sin goce de haberes.
Algunos de los beneficiarios declararon que habían interpretado las diferencias como posibles errores en las liquidaciones, mientras que otros restituyeron parte o la totalidad de las sumas recibidas. La valoración de esas explicaciones forma parte de la investigación judicial y administrativa.
Los nuevos datos difundidos durante los últimos días indican que siete personas habrían recibido al menos $1.270 millones entre 2022 y 2026. Por ese motivo, el monto final del perjuicio todavía no está establecido y podría modificarse a medida que avance el análisis de las transferencias.
La Justicia deberá determinar cómo funcionó el mecanismo, quiénes participaron, cuál fue el destino del dinero y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Hasta el momento, se trata de una investigación en curso y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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