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Este miércoles el juez federal Ernesto Kreplak indagó a las dos ex funcionarias de la ANMAT que ordenó detener este martes , la ex titular de ese organismo, Nélida Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, señaladas en el marco de la investigación federal por fentanilo contaminado , causante de al menos 90 muertes y lesiones en más de 40 personas . Al cierre de esta nota no había trascendido el contenido de la declaración. Ahora bien, ¿qué decisiones u omisiones de esas mujeres se consideraron cruciales para ordenar la detención?
A diferencia de los otros 13 procesados en esta causa abierta en mayo de 2025 (todos, ex empleados de las firmas involucradas), Bisio y Mantecón Fumadó son las únicas ex funcionarias imputadas hasta ahora. La ANMAT depende del Ministerio de Salud, cartera encabezada por Mario Lugones, que en julio se había sumado como querellante en la causa, pero que en agosto quedó desplazado de esa posición (en algún sentido “privilegiada”, ya que las querellas pueden, entre otros, acceder al expediente), dadas las contradicciones que ese rol podía, a la larga, conllevar.
Ese a la larga llegó ahora. En el mismo día en que la Justicia ordenó un allanamiento al Ministerio de Salud (secuestraron documentación que certifica entradas y salidas de ese edificio en 2024 y 2025), las detenciones de este martes quizás se alineen con la determinación, hace ya un año, de correr a la cartera sanitaria del rol de querellante.
Esto, sin contar que en agosto del año pasado (y acaso como señal de que el Ejecutivo tomaba cartas en el asunto a pesar de ese simbólico revés), Mantecón Fumadó fue desplazada de su cargo en el INAME , una de las esferas más importantes de las tres que componen la ANMAT. En cuanto a Bisio, un cuadro técnico de trayectoria que costó mucho reemplazar, terminó renunciando en enero de 2026 , cuando en su lugar aterrizó Luis Fontana, ex directivo de OSDE.
Con su salida de la ANMAT, las mujeres se habían alejado de la escena madre de este escándalo, pero es evidente que la Justicia las siguió mirando de cerca todo el último año. A ellas y a una circunstancia puntual: una reunión celebrada el 14 de enero de 2025, que Bisio, de un día para el otro y justo cuando la Justicia bajaba a Salud de la querella, admitió haber tenido con los referentes de HLB.
En su declaración testimonial inicial había asegurado no conocer a Ariel García Furfaro, dueño y responsable de HLB. Unas semanas después admitió que habían mantenido una reunión en enero de 2025.
Declaró que el encuentro fue tenso. ¿Lo fue? Estuvo liderada por ella y por Mantecón Fumadó, su segunda. Ocurrió dos semanas antes de que las más de 300.000 ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes a los antibióticos empezaran a distribuirse por centros de salud de cinco jurisdicciones del país. También antes de que -aclara el informe de la fiscalía- el 8 de febrero de ese año se produjera “la primera aplicación del fentanilo contaminado, que resultó en el fallecimiento de la primera paciente”, el 12 de febrero de 2025.
La orden de imputación a las ex funcionarias está justificada en un lapidario escrito de 192 fojas con membrete del Ministerio Público Fiscal, en este caso representado por la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº1, María Laura Roteta, y por Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. Ahí le ordenan al magistrado del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación de estos meses, que indague e impute a las mujeres .
El punto de partida del requerimiento es que las funcionarias, antes incluso de que se fabricaran los dos lotes contaminados, conocían el historial de incumplimientos en los que, como detalló Clarín , incurrían HLB y su usina de producción, Laboratorios Ramallo. Según el escrito, “de manera previa a que tuviera lugar la producción y liberación al mercado de los dos lotes de fentanilo contaminados, las máximas autoridades de ANMAT e INAME, Bisio y Mantecón Fumadó, conocían las graves condiciones en las que HLB y Ramallo elaboraban sus especialidades medicinales”.
La fiscalía recuerda que los laboratorios “registraban un historial de incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación y control de calidad y una gran cantidad de reportes por desvíos de calidad de los productos”. Algunos no eran en absoluto menores, enumeran: crecimiento de microorganismos, presencia de hongos, envases mal sellados y formaciones oscuras de origen biológico.
El duro informe reporta que en 2023, un área técnica del propio INAME había elevado un escrito advirtiendo que las irregularidades representaban “un riesgo sanitario para la población” y había solicitado una inspección para verificar las Buenas Prácticas de Fabricación. Sin embargo, apuntan los fiscales del caso, la inspección “ nunca se llevó a cabo ”.
La reconstrucción judicial apunta que el 28 de noviembre de 2024, un mes antes de que las ampollas contaminadas fueran fabricadas, la ANMAT hizo una inspección a Ramallo, la planta donde se producían los medicamentos comercializados por HLB. Todo fue sospechoso, ya que, “a raíz de que una funcionaria de INAME avisó de esta inspección el día anterior, personal del laboratorio montó un operativo para corregir las falencias más notorias”.
Descartaron residuos y reactivos vencidos, retiraron materias primas rechazadas, colocaron carteles de “fuera de uso” en máquinas que no funcionaban y ordenaron distintos sectores de la planta. Aun con todo eso, la fiscalía afirma que “las irregularidades que presentaba el laboratorio eran tan críticas, que ni el raudo operativo desplegado hasta horas de la madrugada (...) impidió que las inspectoras detectaran deficiencias estructurales que comprometían la calidad, seguridad, trazabilidad y legitimidad de los productos medicinales elaborados”.
Lo importante es que, a partir de esa inspección, las áreas técnicas de ANMAT impulsaron dos acciones concretas: 1) impedir que Laboratorios Ramallo siguiera produciendo hasta corregir las deficiencias detectadas y, 2) elevar algo llamado “proyecto de carta de advertencia”.
Esa carta es central. Fue técnicamente “elevada” (así dice la Justicia) el 3 de enero de 2025 (antes de la reunión con García Furfaro confesada por Bisio). Sin embargo, asegura la fiscalía, restaba ser firmada por las mujeres.
Pusieron el "gancho" recién el 10 de febrero. La publicaron y difundieron a los efectores de salud de todo el país el 24 de febrero. El fentanilo contaminado estaba ya en la calle, en hospitales públicos y centros de salud privados. Los primeros pacientes habían fallecido.
¿Qué pasó en esa reunión? ¿Por qué demoró tanto la advertencia que podría haber evitado el que sin dudas constituye uno de los mayores dramas sanitarios de la historia argentina?
El 14 de enero, “ambas funcionarias mantuvieron una reunión en ANMAT (...) con Ariel García y empleados del laboratorio”, recupera el escrito judicial. En este punto, son decisivos distintos chats incorporados al expediente , en particular los que aclaran que durante el encuentro “se habría acordado no firmarla en ese momento (la carta), a la espera de que el laboratorio presentara un plan de acción de modo tal que, al emitirla, instantáneamente quedara anulada”.
Hay más. Según esos mismos mensajes, dicen los fiscales, la ANMAT convino “ayudarlos a conseguir los rótulos y prospectos de algunos productos medicinales que el laboratorio estaba produciendo sin contar con éstos”.
En base a la prueba recabada en este proceso, la fiscalía también apunta que el 8 de enero de 2025 se propuso prohibir la comercialización de todos los productos de HLB. Sin embargo, la medida nunca llegó a implementarse.
La cronología, contada al modo de este informe, es dramática: “Es decir, desde la elevación del proyecto de la carta de advertencia hasta que tuvo lugar la primera venta a una droguería transcurrieron 23 días . Si en ese lapso la funcionaria hubiese motivado la actuación de INAME en el sentido que proponía el proyecto de la carta (...) o cualquier otro curso de acción frente a la situación informada sobre la existencia riesgo sanitario (disponer el retiro de mercado, inmovilización de lotes, etc.), no se hubiera producido ninguna muerte ”.
Las casi 200 páginas difundidas este martes sostienen que, aun después de firmarse la carta que le impedía a Ramallo producir, comenzaron a llegar consultas y advertencias de hospitales, droguerías y técnicos del propio organismo sobre qué debía hacerse con los medicamentos que seguían circulando bajo la marca HLB.
A la fiscalía le consta que distintos equipos técnicos de ANMAT les advirtieron a las funcionarias “sobre los riesgos para la salud que implicaban estos productos”, que “se podía morir gente”, y también sobre la posible responsabilidad que tendría el organismo. Como varias de esas personas dijeron que la respuesta no fue adecuada, la fiscalía plantea que “las funcionarias nada hicieron en tiempo oportuno para mitigar o neutralizar el riesgo a la salud de la población que implicaba la comercialización de los productos fabricados por Ramallo con marca HLB”.
En este marco, el texto le atribuye a Mantecón Fumadó una frase que no tiene desperdicio. La dijo cuando se planteó la posibilidad de ordenar el retiro de todos los productos elaborados por Ramallo distribuidos en todo el país: “Eso es un montón de guita que está en la calle”.
Sobre esta base, la Justicia sostiene que la responsabilidad atribuida a las ex funcionarias no se limita al momento de fabricación del opiáceo. Hablan de “cobertura estatal”, y dicen que “no sólo permitió que los laboratorios (...) siguieran funcionando y se produjera, en consecuencia, el fentanilo contaminado, sino que inmediatamente después de su elaboración (...) las máximas autoridades de ANMAT e INAME recibieron múltiples alertas acerca de la peligrosidad de los medicamentos”.
“Pese a ello”, concluye el informe, “no tomaron medida de prevención alguna. Cuidar la salud de todos los habitantes del país era su función. No lo hicieron”.
Redactora de la sección Sociedad
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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