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Una funcionaria de la Procuración General bonaerense fue detenida en el marco de una investigación por una presunta asociación ilícita que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover grandes sumas de dinero.
Se trata de Albertina Mangini, quien fue arrestada el 13 de agosto. También fueron detenidos Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. La causa está a cargo de la UFIJ N° 2 de La Plata, encabezada por la fiscal Betina Lacki, y las órdenes fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 6.
Según la hipótesis de la fiscalía, el grupo captaba personas sin recursos, muchas de ellas sin cuentas bancarias ni billeteras virtuales, y les ofrecía dinero a cambio de sus datos personales y biométricos. Luego eran citadas en un bar de La Plata, donde se utilizaban celulares para realizar registros faciales y abrir cuentas digitales. Por esa operación recibían unos $80.000.
Una vez creadas, las cuentas quedaban vinculadas a otros correos electrónicos y números de teléfono y, según los investigadores, eran utilizadas como receptoras de fondos. La fiscalía sostiene que parte del dinero estaría relacionada con un casino online ilegal y con maniobras de defraudación y lavado de activos.
Uno de los principales operadores señalados en la investigación es Mauro Perrotta. Los investigadores vincularon cuentas abiertas a nombre de damnificados con líneas telefónicas y correos relacionados con él. También analizaron movimientos financieros, conexiones telefónicas y registros de antenas para reconstruir el funcionamiento de la estructura.
La investigación detectó movimientos millonarios. En uno de los casos, dos cuentas digitales registraron operaciones por $172.242.946,68 durante aproximadamente un año. En otra plataforma, cuentas vinculadas a Marchioni registraron créditos por más de $13.574 millones y débitos por una cifra similar, lo que representa un flujo bruto superior a los $27.000 millones.
Además de Mangini, Perrotta y Marchioni, fueron investigados Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. La fiscalía atribuye distintos roles a los integrantes y detectó, entre otros elementos, un patrón de transferencias con montos terminados en “.12”, que habría servido como señal para identificar el dinero proveniente de la maniobra.
Mangini cumplía funciones como secretaria de la Fiscalía General Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. Para los investigadores, ese puesto le habría permitido entrar en contacto con personas en situación de vulnerabilidad.
La funcionaria ya había presentado en agosto de 2024 un pedido de eximición de prisión y, según su defensa, permaneció durante casi dos años a disposición de la Justicia. Tras su arresto, sus abogados cuestionaron la medida, presentaron un hábeas corpus y solicitaron su libertad.
La defensa argumentó que Mangini tenía domicilio conocido, arraigo y actividad profesional, además de señalar que había informado previamente a la Justicia sobre un viaje al exterior. Como alternativas a la prisión, propuso una caución, presentaciones periódicas o la retención del pasaporte.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó el planteo y confirmó la detención. Los jueces consideraron que existía una orden judicial válida al momento de la captura y que la investigación continúa con diligencias pendientes.
La Cámara también valoró la cantidad de imputados, la presunta división de funciones y el papel que la fiscalía le atribuye a Mangini. En ese contexto, entendió que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que la funcionaria continuará detenida mientras avanza la causa.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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