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A pesar de que logró abrir el recinto, el oficialismo vio frustrados sus planes de aprobar en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada ante la fuerte resistencia de la oposición dialoguista a aprobar el capítulo que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.
La postergación fue comunicada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (LLA-Capital), luego de que fracasaran las gestiones para conseguir los votos que permitieran aprobar el controvertido capítulo de extranjerización de tierras.
La propuesta es el corazón de la iniciativa y es fuertemente resistida por el kirchnerismo y la izquierda , pero también por amplios sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica .
“El punto tres (por el proyecto de propiedad privada) vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”, anunció Bullrich en pleno recinto, cuando ya se habían estancado las negociaciones para que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , aceptara nuevos cambios al proyecto.
Otras fuentes legislativas sostenían otra versión: la ausencia de varios senadores aliados había dejado los números muy ajustados para aprobar el proyecto, sobre todo el controvertido capítulo que pretende eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, no puede superar el 15% del territorio de una provincia, establecido por ley en 2011.
La ausencia de senadores había quedado expuesta en el inicio de la sesión, poco después de las 12.25, que se logró con el quórum justo de 37 senadores presentes, aportados por el oficialismo libertario, que tuvo asistencia perfecta; la UCR, que también sentó a la totalidad de sus diez integrantes; Pro y una mayoría de fuerzas provinciales de Neuquén, Salta y Misiones.
También colaboró a la postergación la desprolijidad del trámite legislativo del proyecto , que sufrió más de 15 modificaciones desde que se firmó su dictamen hace casi dos meses.
Otra señal del clima que envuelve a la iniciativa del Gobierno fue el furioso cruce de mensajes privados entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich.
El temario de la sesión de hoy incluyó, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .
Uno de los candidatos que obtuvo el acuerdo del Senado es Tomás Rodríguez Ponte , exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien ocupará el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También superó el filtro del Senado, aunque con números muy ajustados, Víctor Pesino , el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
Con la apertura del debate, el oficialismo logró que tomasen estado parlamentario los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que nominan a Pablo Yadarola y a Pablo Bertuzzi como vocales de la Cámara Federal porteña, con sede en Comodoro Py.
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de diez días hábiles de notificación, el original establecía sólo tres, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
Fuente: 
La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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