Por el error de un fiscal, quedó libre un hombre que estaba en prisión por abusar de sus hijas

steban Ramón Delgado salió de la cárcel el 3 de julio pasado. No lo absolvieron ni le revocaron la prisión preventiva por falta de mérito. Salió porque el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe no pidió a tiempo que siguiera preso. El plazo venció, la defensa lo advirtió, pidió la libertad en una audiencia en los tribunales provinciales de San Lorenzo y el juez Ariel Cattáneo no tuvo margen legal para negarla.

Delgado está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas. Una de ellas es Sofía Delgado, la joven de 20 años asesinada en octubre de 2024, cuyo cuerpo apareció atado de pies y manos dentro de una bolsa en un camino rural de Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario. La otra víctima tiene 15 años y que se enteró de que su padre estaba en la calle por el comentario de un vecino que lo vio caminando por el barrio.

La secuencia del error tiene una fecha de origen. Cuando Delgado fue imputado, el 13 de diciembre de 2024, el juez fijó la prisión preventiva hasta diciembre de 2026. Ese horizonte largo daba tranquilidad a la fiscalía y a la querella. Pero el 25 de agosto de 2025 la Cámara de Apelaciones de Rosario acortó el plazo hasta junio de 2026: seis meses menos de lo fijado en San Lorenzo. A partir de ese momento, el reloj procesal corría contra la acusación, y la única manera de mantener a Delgado detenido era pedir una prórroga antes del vencimiento. Y el fiscal a cargo del casó se olvidó.

El legajo por abuso sexual estuvo históricamente en manos del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, el mismo que en diciembre de 2024 formuló la imputación y consiguió la detención. Fue Nicosia quien atribuyó a Delgado haber abusado de Sofía desde los 10 hasta los 13 años “un total de veces indeterminado”, y de Lourdes desde los 9 hasta los 13, según explicó en el diario El Pregón la periodista Anabela Tramontini.

El 1° de junio de 2026 —apenas semanas antes del vencimiento— la causa pasó al fiscal Javier Paz, uno de los nuevos integrantes de la fiscalía de San Lorenzo, en el marco de un proceso de reorganización interna del MPA que redistribuyó legajos. Según El Pregón, Nicosia se desmarcó: desde el 1° de junio el expediente ya no estaba bajo su órbita. En los hechos, su defensa es que cuando venció el plazo la causa ya no era suya.

El problema es que esa versión no cierra con lo que ocurrió después. Fue Paz quien, con el legajo en sus manos, se comunicó con los hermanos de Sofía recién el 3 de julio a las 19 —según la querella, un día después de que Delgado ya hubiera recuperado la libertad— para informarles que desconocía los motivos de la excarcelación.

Dicho de otro modo: no alcanza con que Nicosia diga que la causa ya no era suya si no queda claro que entregó el legajo con el semáforo de los plazos encendido; ni alcanza con que Paz la haya recibido si no verificó, al asumirla, cuándo caducaba la cautelar. La reorganización explica el contexto. No exime la responsabilidad. Un cambio de fiscal es una decisión administrativa interna del Ministerio Público; el vencimiento de una prisión preventiva es una obligación procesal indelegable.

Desde la Fiscalía Regional 2ª informaron que están relevando la información interna del trámite de la causa “en relación con la labor fiscal desarrollada”, para determinar qué ocurrió y por qué no se solicitó en tiempo y forma la prórroga. Es decir: la propia fiscalía admite, implícitamente, que hay una falla de gestión sin resolver. Y que la respuesta a quién cometió el error todavía no tiene nombre y apellido oficial, aunque la secuencia empuja la pregunta directamente hacia el traspaso Nicosia-Paz.

Delgado salió sin restricciones adicionales dispuestas por el fuero penal. La única protección vigente para las víctimas es una prohibición de acercamiento dictada tiempo atrás por el Juzgado de Familia, entonces a cargo del juez Marcelo Escola, que fija un límite de 500 metros. Según la querella, el domicilio que Delgado constituyó al salir está a unos 300 metros de la casa donde viven sus hijos.

El abogado querellante Gabriel Filippini, que representa junto a la doctora Laura Maderna a los hermanos de Sofía, lo definió como “un claro error judicial” que “podría ser involuntario”, pero que de ningún modo debería trasladarse como costo a las víctimas. “Es inaceptable que haya quedado en libertad”, dijo.

El expediente por abuso tiene una cronología que agrava el error. Sofía y Lourdes denunciaron los abusos en 2022. Esa denuncia fue el motivo del alejamiento de las hermanas de sus padres: al momento del femicidio, Sofía vivía con sus hermanas y una sobrina en el barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, no con su familia de origen. La causa recién cobró impulso después del crimen. La detención de Delgado se concretó en diciembre de 2024, dos años después de la denuncia y cuando Sofía ya estaba muerta. La familia y la querella habían cuestionado esa demora. Ahora se suma una segunda: el sistema que tardó dos años en detenerlo tardó un mes en soltarlo por un trámite no presentado.

Sofía fue vista con vida por última vez el 30 de octubre de 2024, cuando salió de su casa de Francia al 500 a comprar algo dulce en un kiosco cercano. Su cuerpo apareció el 15 de noviembre en un zanjón sobre un camino de tierra a menos de un kilómetro del Camino de la Cremería, en Ricardone, a 25 kilómetros de Rosario, dentro de un bolsón de materiales de construcción, envuelto en un aislante térmico, con manos y pies atados y en avanzado estado de descomposición. El preinforme de la autopsia, realizada bajo protocolo de femicidio en el Instituto Médico Legal de Rosario, estableció como causa probable la asfixia mecánica.

El MPA imputó a cinco personas. Al fiscal de la causa por homicidio, Carlos Ortigoza, le atribuyó el femicidio a Alejandro José Bevilacqua y Eduardo Andrés “Pata” Mordini: según la teoría del caso, Bevilacqua pasó a buscarla en un Peugeot 308 gris oscuro “valiéndose de la relación sentimental preexistente”, la trasladó al taller de Mordini en Corrientes al 100 de Puerto General San Martín y allí la atacaron. Brian Ezequiel Baumann, empleado del taller, participó del traslado del cuerpo. Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón —pareja de Bevilacqua— fueron imputadas por encubrimiento agravado.

El taller queda en la zona conocida como San Sebastián, cerca de la ruta de la Cremería, un sector donde paran los camioneros que llevan granos a los puertos agroexportadores y donde, según relevó La Nación en noviembre de 2024, vecinos señalaban el ejercicio de la prostitución y la venta de drogas. Detrás del crimen aparecieron desde el inicio maniobras vinculadas a la trata de personas en una zona roja que funcionó durante años como una de las cajas negras de la policía de la región.