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La investigación por el presunto maltrato a una residente de un geriátrico de Mar del Plata avanzó en las últimas horas con la aprehensión del cuidador denunciado y la clausura provisoria del establecimiento por irregularidades administrativas vinculadas a su habilitación sanitaria.
La causa se inició luego de que la propietaria de la residencia denunciara a un empleado, quien fue despedido tras quedar registrado por las cámaras de seguridad mientras agredía a una adulta mayor. El expediente, que comenzó con intervención de la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Penales, quedó finalmente bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo.
Como parte de la investigación, una familiar de la víctima declaró ante la Justicia y se ordenaron diversas medidas, entre ellas la intervención del Cuerpo Médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas por la mujer, paso que será determinante para definir la calificación legal del hecho.
Además, la fiscalía dispuso certificar el domicilio del acusado, realizar informes de concepto y solvencia, ampliar testimonios del personal del geriátrico y analizar la totalidad de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Tras esas diligencias, el cuidador fue aprehendido para notificarlo formalmente de la causa. El hecho investigado ocurrió el pasado 27 de julio, cuando las cámaras registraron presuntas agresiones y amenazas contra una residente, situación que motivó la denuncia policial de la propietaria del lugar.
Clausura provisoria del geriátrico
En paralelo con la investigación penal, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura provisoria de la residencia de adultos mayores "David", ubicada sobre calle Rivadavia entre Funes y Olazábal.
Desde la cartera sanitaria aclararon que la medida no está vinculada directamente con la denuncia por maltrato, sino con el incumplimiento del trámite de renovación de la habilitación sanitaria, que había sido intimado durante una inspección realizada hace aproximadamente dos meses.
Las autoridades explicaron que el establecimiento no inició el procedimiento exigido dentro de los plazos establecidos, por lo que correspondía aplicar una clausura administrativa provisoria hasta regularizar la documentación.
No obstante, remarcaron que los residentes permanecerán alojados en el lugar, ya que la medida busca que los responsables completen la tramitación pendiente y no implica el cierre inmediato ni el traslado de los adultos mayores.
Desde el Ministerio también recordaron que la habilitación de un geriátrico comprende dos instancias: la habilitación sanitaria, otorgada por la Provincia, y la habilitación comercial, cuya competencia corresponde al municipio.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar la responsabilidad penal del cuidador denunciado y establecer, mediante las pericias médicas y el análisis de las pruebas, el alcance de las lesiones sufridas por la víctima.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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