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A siete meses del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei otorgándole más poder a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Gobierno habilitó la apertura de la bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia para definir un plan de labor y tratar los asuntos pendientes .
La comisión está convocada para el martes a las 16, marcará el debut del libertario Sebastián Pareja al frente de la misma y medirá un poco el estado de la relación política entre el oficialismo y los aliados , tras varios cortocircuitos entre el escándalo del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la reforma electoral.
Al tratarse de cuestiones de los servicios de inteligencia la reunión es reservada y los legisladores evitan anticipar que planteos llevarán a la mesa de debate, que controla La Libertad Avanza no sólo porque la preside sino también porque tiene 5 legisladores propios y dos aliados que hasta el momento acompañaron al oficialismo como Cristian Ritondo y Martín Goerling , ambos del PRO. Esto l permite tener una mayoría garantizada.
Sin embargo, la primera polémica ya está planteada desde el momento de la reunión constitutiva, en mayo pasado, cuando Patricia Bullrich , jefa del bloque oficialista, acordó la distribución de los lugares en la comisión asignándole al bloque Peronista que comanda José Mayans , una de las 7 sillas que le corresponden al Senado.
La herida quedó abierta porque el peronismo entendía que al menos le correspondía dos o tres lugares por ser la primera minoría. Lo cierto es que la ex ministra aprovechó la interna peronista para ocupar uno de los lugares con la senadora anti K Carolina Moisés .
Por la controversia, el bloque de Mayans aún no designó a su representante en la comisión, y el kirchnerismo se quedó con tres lugares pero por el lado de Diputados con la inclusión de Agustín Rossi , el camporista Rodolfo Tailhade y el massista Ramiro Gutiérrez .
Más allá de la pulseada por la distribución de las plazas en la comisión, la bicameral viene con varios asuntos pendientes del ciclo anterior, cuando la bicameral estuvo presidida por el radical Martín Lousteau, que primero rechazó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y que luego hizo varios cuestionamientos que nunca fueron respondidos por la Secretaría de Inteligencia, que actualmente conduce Cristian Auguadra y que responde al asesor estrella Santiago Caputo .
Lo cierto es que Auguadra no sólo no dio respuesta a las críticas del PIN del año pasado sino que tampoco dio explicaciones sobre el DNU 941/2025, que fue elaborado en los últimos días de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 .
El decreto reforma estructuralmente la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 reorganiza el Sistema de Inteligencia, al tiempo que establece la Agencia Federal de Ciber inteligencia creando el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La oposición cruzó al Gobierno en su momento por esperar hasta el receso del Congreso para avanzar con la reforma a través de un DNU. De esta manera desplazó a la bicameral del debate y no se evaluó el impacto que las reformas podrían tener sobre derechos y controles institucionales.
Pero, sin duda, lo que más preocupación generó en el Congreso fueron las facultades extraordinarias que se les dio a los espías como la posibilidad de aprehensión y las atribuciones de la contrainteligencia , que quedan habilitadas para intervenir en los partidos políticos.
Incluso, el PRO de Mauricio Macri llegó a sacar un comunicado pidiendo precisiones sobre los protocolos para avanzar con estas medidas. También se presentaron recursos de amparo por parte de dirigentes vinculados al radicalismo y organismos de derechos humanos.
Los amparos fueron rechazados por la Justicia, en su mayoría, porque materialmente no existía una amenaza actual ni concreta contra la libertad . Pero el debate quedó abierto en el Congreso con proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición, que no llegó a reunir el número dado que se necesita la mayoría simple de los presentes de ambas cámaras.
A todo esto se sumó otra controversia que fue la Resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa que reorganizó el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) de Argentina. La norma fue presentada por la Casa Rosada como una reforma del papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos globales y las amenazas de ciber espionaje, terrorismo y operaciones de influencia extranjera.
En rigor, lo que se cuestiona es la derogación de la Resolución N° 381/2006 que limitaba las atribuciones de la SIDEF y se terminó ampliando las facultades de contrainteligencia militar , incorporando definiciones amplias para la intervención como “campo cognitivo”, “dominio informacional”, “amenazas híbridas” y “actividades especiales de contrainteligencia”. Todo sin control del Congreso.
Redactor de la sección Política
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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