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Tras la advertencia de Nación, Jorge Macri dijo que avanzará con la venta de los medios públicos


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A pesar de la advertencia del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ) a la gestión porteña sobre la privatización de sus medios públicos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció este martes que avanzará con el llamado a licitación del Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, indicó Macri en un escueto mensaje en la red social X.

En ese contexto, el jefe porteño ignoró la nota formal que le envió el Enacom, ya que la venta de los medios públicos podría resultar incompatible con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales.

Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos.

El organismo regulador señaló que del análisis del pliego administrativo surge una “colisión con el marco regulatorio vigente”, en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la ley nacional .

Las observaciones surgieron luego de que la Ciudad avanzara con la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño en marzo pasado. El proceso, identificado como licitación pública BAC N ° 1002-0321LPU26 , tiene por objeto la “concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”, por un plazo de cinco años, y depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En la nota enviada por Enacom, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, advirtió que la ley vigente establece que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser realizada por su titular y que la delegación total o parcial de esa función constituye una falta grave, pasible de sanciones que pueden incluir la caducidad de la licencia. En ese marco, aclaró que, de persistir el proceso licitatorio en los términos planteados, el organismo “se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.

El punto de conflicto gira en torno al alcance del “gerenciamiento operativo” que la Ciudad busca concesionar. Según la Ley 26.522, serán consideradas delegación de la explotación, entre otras conductas, la cesión de espacios de programación, la celebración de contratos de exclusividad para la producción de contenidos o la realización de negocios jurídicos que permitan sustituir al titular en la operación del medio.

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Actualmente las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, la Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la radio pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027 .

Según explicó el gobierno porteño en un comunicado, la licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

La Ciudad fundamentó el llamado en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña y su decreto reglamentario , un marco normativo local que regula licitaciones y concesiones administrativas. Sin embargo, el régimen audiovisual está alcanzado por una ley nacional de orden público, que establece que las licencias y autorizaciones de radio y televisión se encuentran bajo jurisdicción federal.

Hasta el momento, el gobierno porteño no respondió públicamente a la observación formulada por Enacom ni informó si prevé modificar o suspender la licitación. El cronograma oficial establecía que la apertura de ofertas estaba prevista para el 20 de abril pasado.

De avanzar el proceso en los términos actuales, el conflicto podría derivar en una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y el organismo nacional.


Fuente: La Nación


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