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La Justicia le negó la prisión domiciliaria al exjuez Bento, en la cárcel con una condena a 18 años


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La Cámara Federal de Casación le negó la prisión domiciliaria al exjuez federal de Mendoza Walter Bento , condenado en febrero de este año a una pena de 18 años de prisión por haber liderado una banda dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.

La Sala III de la Casación entendió que no había razones para cambiar el régimen de detención del exjuez, que fundó su pedido en la necesidad de restablecer el vínculo con su hijo, que sufre una discapacidad.

La resolución, que lleva las firmas de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, dispone “rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Walter Ricardo Bento”.

Los jueces señalan que para resguardar los derechos del chico no es necesario concederle a Bento la prisión domiciliaria. Se añade que su hijo cuenta con el cuidado de su madre, de personal domiciliario y de profesionales de la salud, además de una cobertura de obra social, transporte y concurrencia a un centro de día.

En respuesta parcial a su pedido y atendiendo un informe del Cuerpo Médico Forense que recomendó promover un proceso de “revinculación progresivo”, la Casación impuso un nuevo régimen de visitas del exjuez de 24 horas cada 14 días.

Destituido y detenido en 2023 por el proceso que derivó en su condena de febrero, Bento esta preso en el penal de Cacheuta, Mendoza. Fue acusado de comandar una asociación ilícita junto a familiares, abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020.

En febrero, el Tribunal lo encontró culpable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de jefe, además de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Se ordenó el decomiso de una importante cantidad de bienes del juez y su familia, como inmuebles y vehículos de alta gama, para cubrir una multa de 540 millones de pesos.

La esposa del juez, Marta Boiza, y su otro hijo, Nahuel, también fueron condenados a seis años y cinco años de prisión, respectivamente.


Fuente: La Nación


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