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La ola de amenazas de tiroteos en escuelas encendió la alarma en Mar del Plata, donde la Justicia ya investiga decenas de casos vinculados a mensajes intimidatorios que aparecieron en baños y distintos sectores de establecimientos educativos.
El fiscal Walter Martínez Soto habló sobre el tema en el programa “Palabras más, palabras menos” de La Cielo FM 103.5 y aseguró que lo que comenzó como episodios aislados terminó convirtiéndose en una problemática masiva. Según explicó, en apenas una semana se registraron alrededor de 60 denuncias.
Para el funcionario judicial, muchos de los mensajes parecen responder a una lógica viral impulsada desde redes sociales. “Son amenazas muy similares entre sí, prácticamente copiadas”, explicó, al señalar que detrás de los episodios podría existir una especie de desafío o “challenge” que se replica entre adolescentes.
La mayoría de las amenazas aparecieron escritas en baños escolares, un lugar que, según indicó el fiscal, suele ser elegido porque generalmente no cuenta con cámaras de seguridad. Sin embargo, en algunos establecimientos la división de los sanitarios permitió reducir el número de sospechosos y avanzar en las investigaciones.
Un adolescente ya fue imputado
En medio de la investigación, la Justicia logró identificar a un adolescente de entre 16 y 17 años señalado como autor de una de las amenazas. De acuerdo a lo explicado por Martínez Soto, el joven terminó reconociendo lo ocurrido ante sus padres cuando se vio cercado por las pruebas reunidas por los investigadores.
El menor fue citado como imputado por el delito de intimidación pública, una figura penal que contempla penas de hasta seis años de prisión.
El fiscal remarcó que el contexto actual vuelve especialmente delicadas este tipo de amenazas. Señaló que, tras distintos hechos violentos ocurridos recientemente en el país, estos mensajes generan temor real dentro de las comunidades educativas y afectan tanto a adolescentes como a niños más pequeños.
El costo de los operativos y la responsabilidad de las familias
Martínez Soto también cuestionó las limitaciones actuales del régimen penal juvenil y explicó que existe un período de transición que dificulta aplicar medidas más severas contra los responsables.
Mientras tanto, desde la Justicia analizan otra vía para avanzar sobre las consecuencias de estos hechos: trasladar a las familias el costo económico de los operativos desplegados ante cada amenaza.
La iniciativa se trabaja junto a la Fiscalía de Estado y apunta a que los padres de los menores involucrados deban responder civilmente por los gastos generados por los procedimientos policiales y judiciales.
Además, el fiscal general Fernández Guerrero impulsa que, en los casos donde existan acuerdos alternativos al juicio, también haya medidas de reparación. Entre las posibilidades se analiza imponer aportes económicos destinados a entidades de bien público.
Desde la Justicia remarcan que cada falsa amenaza moviliza recursos policiales y operativos de seguridad que dejan de estar disponibles para otras emergencias reales en la ciudad. Por eso buscan generar un antecedente fuerte frente a una problemática que no deja de crecer en distintas escuelas del país.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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