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Pasaron 7093 días desde la tarde en que el cuerpo de Nora Dalmasso apareció sin vida en su casa de Río Cuarto. Más de 19 años después, el crimen sigue impune, aunque la Justicia tiene un nuevo sospechoso.
En el camino, la investigación oficial se estancó, cambió de rumbo de manera constante y dejó un saldo de inocentes acusados, pruebas clave demoradas y una familia señalada durante años.
Hoy, los fiscales que condujeron la causa durante casi 15 años afrontan el juicio político más importante de la historia judicial de Córdoba .
El sábado 25 de noviembre de 2006 , Nora Dalmasso, de 51 años, fue asesinada en su casa de la calle 5 del country Villa Golf de Río Cuarto. Su cuerpo quedó sobre la cama de la habitación de su hija. Tenía un cinto de bata atado al cuello, señales de asfixia y lesiones compatibles con un ataque sexual.
Ese fin de semana no había nadie más de la familia en la vivienda. Su esposo, Marcelo Macarrón , estaba en Punta del Este participando de un torneo de golf. Su hijo Facundo se encontraba en la ciudad de Córdoba y su hija Valentina , en Estados Unidos.
Fue el oficial inspector Sergio Ariel Liendo , de la Subcomisaría Abilene, quien acudió al lugar tras un llamado que alertó un posible caso de suicidio. Llegó a la casa cerca de las 18.35 del 26 de noviembre de 2006. En ese momento, el policía tenía 32 años y escaso conocimiento en la preservación de la escena del crimen. No contaba, siquiera, con la cinta para delimitar el perímetro.
La escena, lejos de preservarse de forma rigurosa, se contaminó: por el dormitorio pasaron más de 20 personas, desde policías y peritos hasta la empleada doméstica y el cura de la familia. Hubo incluso quienes comieron un sándwich de lomito en la cocina sobre una mesa de vidrio donde se habían buscado huellas .
Fue el propio Liendo y un compañero. Él mismo lo contó y aclaró: “Llevé vaso y cubiertos de la comisaría. Sobre el mismo papel, hicimos como un mantel; comimos ahí arriba, volvimos a envolver; no usamos nada, nada”.
En los primeros días, la investigación quedó en manos del fiscal Javier Di Santo . Una de las medidas fuertes se tomó en febrero de 2007, cuando fue detenido e imputado Gastón Zárate , un pintor que trabajaba en la casa y que fue apodado públicamente como “El Perejil” .
La sospecha sobre Zárate no iba a durar mucho: la falta de pruebas y la presión de la opinión pública -incluso se realizó una marcha para repudiar el encarcelamiento del joven, una “pueblada” que se la conoció como “El perejilazo”- lo dejaron libre a las pocas horas ese mismo día .
Pese a no haber evidencias en su contra, recién quedó sobreseído en el expediente cuatro años después , en marzo de 2011.
Meses después del arresto de Zárate, la causa se centró en el círculo íntimo: a mediados de 2007 fue imputado Facundo Macarrón , el hijo mayor de la víctima, hoy de 38 años, bajo una hipótesis que mezclaba cuestiones familiares y hasta su orientación sexual. La acusación, muy endeble , indicaba: abuso sexual calificado seguido de muerte, con el grado de “sospecha leve”.
El fiscal dedujo que el joven había entrado en la casa con sus llaves, después de manejar bajo la lluvia 230 kilómetros desde Córdoba, donde vivía porque estudiaba Derecho, y atacó a su madre.
Durante ese período, Facundo estuvo bajo la lupa judicial y mediática, con restricciones para moverse y soportando el señalamiento público.
“No es fácil ser señalado como un matricida y que encima se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Había un claro condicionamiento en los interrogatorios. A mis amigos les instalaban una idea fija. Se insinuaba que por ser gay, uno tiende al delito”, relató esta semana en el jury. Y lamentó: “Me arruinaron la juventud” .
El calvario para Facundo también fue largo. Quedó sobreseído en octubre de 2012.
En los años siguientes el expediente pasó de mano en mano y sumó hipótesis contradictorias. Di Santo continuó al frente hasta 2015, sin avanzar en líneas alternativas. La investigación se estancó y, cuando se apartó sin lograr ningún resultado, asumió en su lugar Daniel Miralles .
El nuevo fiscal fue más lejos y apuntó contra el viudo . Por un cabello y por restos de semen, que se correspondían con el ADN de Marcelo Macarrón ideó su propia hipótesis: planteó que habría viajado en secreto desde Punta del Este, entró en su casa, tuvo sexo con su esposa, la ahorcó con el lazo de la bata y con sus manos, para luego volver a Uruguay. Una trama que no se sostuvo por ningún lado.
Miralles fue reemplazado en 2017 por Luis Pizarro , quien mantuvo al mismo acusado pero reformuló la hipótesis. Sostuvo que Macarrón no había matado a su esposa, sino que la habría mandado a asesinar por un sicario, en un crimen por encargo .
La línea investigativa era que el asesino presuntamente simuló la escena del crimen para que pareciera un femicidio. Eso explicaría por qué no actuó como actúa un sicario: con armas de fuego. Pero jamás se identificó a ningún supuesto asesino a sueldo. Ni cómo llegó a Río Cuarto, ni cómo se fue. Nada otra vez.
En el medio, la investigación también tuvo como imputado a Rafael Magnasco , un abogado sobre el cual circuló el falso rumor de un romance con la víctima. El resultado fue siempre el mismo: ninguna de esas imputaciones se sostuvo.
A la par de los cambios de sospechosos, los supuestos móviles detrás del crimen también se modificaron con cada acusado. Cuando la mira estuvo sobre Zárate, la versión oficial hablaba de una violación seguida de asesinato y robo . En el caso de Facundo, la acusación insinuaba que había matado a su madre por un conflicto ligado a su orientación sexual , algo que nunca se probó ni se ajustaba a la realidad.
Respecto a Marcelo Macarrón, primero se sostuvo que habría mandado a matar a su esposa por cuestiones económicas , aunque ni las cuentas ni los movimientos bancarios mostraron irregularidades. Más adelante, el fiscal Pizarro sumó la hipótesis de desavenencias matrimoniales como posible detonante. Incluso, en los primeros días, los propios investigadores deslizaron que el hecho podría estar vinculado a un supuesto juego sexual , una versión que tampoco encontró sustento en la prueba.
A lo largo de los años, varios peritos y forenses criticaron la calidad de las autopsias, la preservación de la escena y la cadena de custodia de las pruebas.
El prestigioso forense Osvaldo Raffo , ya fallecido, fue uno de los que advirtió errores en el análisis del cuerpo y cuestionó la hipótesis de un sexo consentido antes del crimen.
Por su parte, el criminalista Raúl Torre , contratado por la defensa, afirmó que la víctima fue atacada por un “depredador sexual” y que la escena estuvo expuesta a una contaminación inusual.
En 2021, la causa prescribió formalmente para la mayoría de los imputados, al haberse cumplido el plazo de 15 años que marca el Código Penal.
A mediados de 2022, el expediente con más de 7.000 fojas llegó a juicio oral. El único acusado era Marcelo Macarrón, señalado como autor intelectual de un femicidio por encargo. El debate duró tres meses y tuvo más de 200 testigos.
Durante el juicio, el propio fiscal de Cámara, Julio Rivero , admitió que no había pruebas ni para acusar al viudo ni para sostener la hipótesis del sicario .
“ Realmente sería un acto de irresponsabilidad funcional, de oportunismo y de cobardía, sustentar una acusación en contra de Macarrón ni como autor material, ni como cómplice primario o partícipe necesario o como coautor de homicidio por precio o promesa remuneratoria”, se sinceró en su alegato.
La absolución fue inmediata . La familia Macarrón, que había pasado por imputaciones y años de sospechas, quedó desligada, pero el expediente acumulaba más de una década y media de errores y un dato clave: la muestra de ADN levantada del cinto de la bata nunca había sido comparada con todos los posibles sospechosos.
La investigación tuvo un nuevo impulso en octubre de 2022. El fiscal Pablo Jávega tomó el expediente y ordenó un mapeo genético de alrededor de 200 personas que habían tenido contacto o vínculo con Nora o la vivienda en los días previos al hecho. El objetivo era cotejar todos los perfiles con las muestras de ADN halladas en la escena, especialmente el cinto y un vello púbico encontrado sobre el cuerpo .
En septiembre de 2023, Roberto Bárzola , un parquetista que había trabajado en la vivienda esa semana, fue citado y su perfil genético analizado. Tiempo después, los resultados confirmaron que su ADN estaba en el cinto de la bata y en el vello recogido en la escena , según el informe del Centro de Genética Forense de Córdoba y el FBI.
Bárzola, que tenía 26 años al momento del crimen, no era alguien nuevo en el caso: ya había declarado seis veces en el expediente y figuraba desde el inicio señalado por Delia Grassi, la madre de Nora, como una persona con la que su hija había tenido problemas antes del asesinato. Finalmente fue imputado a fines de 2024, casi 18 años después del crimen.
El parquetista dio su versión: dijo que solo fue a trabajar uno o dos días, que no conocía a la víctima y que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Sin embargo, sus declaraciones presentaron contradicciones sobre los horarios y los lugares donde estuvo ese sábado.
La defensa de Bárzola pidió la extinción de la acción penal por prescripción , el expediente siguió su derrotero judicial y el sospechoso fue sobreseído en octubre pasado por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto.
La querella recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Actualmente se espera esa resolución , que se determine si la causa queda cerrada o si, por el contrario, aún puede avanzarse en la acusación penal contra el acusado.
En caso de que el tribunal rechace el recurso, la familia Macarrón anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el expediente permanece abierto solo para un eventual juicio por la verdad , sin posibilidad de condena penal.
En paralelo, el caso llegó a un punto inédito en la historia judicial de Córdoba: el jury de enjuiciamiento contra tres fiscales por mal desempeño y negligencia grave .
Di Santo, Miralles y Pizarro enfrentan desde la semana pasada la evaluación de sus actuaciones por casi una década y media de investigación sin resultados. El proceso podría derivar en la destitución de los funcionarios.
Durante las audiencias, familiares de la víctima y testigos declararon sobre la falta de recursos, el desorden en la instrucción y la sucesión de errores en cadena.
El miércoles, Facundo Macarrón decidió hablar con la prensa y apuntó fuerte contra los fiscales y el manejo que hicieron de la causa. “Está resultando peor de lo que imaginamos. Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito ”, denunció.
Sobre Bárzola, dijo: “Pensamos que no lo habían investigado, pero lo hicieron y omitieron algo clave: sacarle el ADN. No profundizaron esa línea de investigación porque no les interesó. Habían obrado mal con Zárate y la pueblada los condicionó”.
Los fiscales, por su parte, defendieron sus intervenciones y rechazaron haber omitido pruebas clave.
El debate continuará con jornadas hasta el 8 de mayo para la producción de prueba y declaraciones. En total, están previstos 37 testigos. Los alegatos se realizarán el 11 y 12 de mayo y, si se cumple el cronograma, el veredicto se conocerá ese mismo día.
Fuente: 
Infobae
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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