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La causa que investigó una presunta maniobra de fraude inmobiliario vinculada a la venta irregular de lotes en Costa del Este entró en su etapa final tras un acuerdo alcanzado en La Plata, que contempla la reparación del daño a la víctima. Ahora, el Tribunal Oral Criminal II deberá definir si homologa el entendimiento para cerrar definitivamente el expediente.
El acuerdo fue impulsado por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi y contó con la aceptación del particular damnificado, representado por el abogado Daniel Onofri. De esta manera, se evita la realización del juicio oral en una causa que durante años fue considerada una de las más resonantes en materia de delitos económicos en la provincia.
El expediente investigó el accionar de una presunta asociación ilícita integrada por abogados y un contador, entre ellos Hugo Marcos Manes, Juan Hugo Jofre, Viviana Marcela Noguerol, Jorge Gustavo Salim, Miguel Ángel Cravero, Natalia Carolina Salov, Ricardo Miguel Mutti y Gabriel Ernesto Mancovsky.
Según la acusación, la maniobra se gestó sobre una sociedad denominada “El Camino”, que permanecía paralizada desde hacía más de dos décadas debido a un conflicto judicial que impedía la venta de terrenos. En ese contexto, los imputados habrían presentado documentación falsa ante la Inspección General de Justicia para modificar el domicilio legal y designar nuevas autoridades.
Con esa estructura formal, habrían obtenido poderes presuntamente apócrifos que les permitieron avanzar en la comercialización de lotes, generando operaciones bajo sospecha. La investigación también detectó una distribución de roles dentro del grupo y mecanismos de pago internos, que en algunos casos incluían la entrega de terrenos.
La maniobra fue finalmente detectada por los representantes legítimos de la sociedad original, quienes realizaron la denuncia que permitió frenar las operaciones antes de que se concretaran las transferencias de dominio. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Victoria Huergo, quien reunió pruebas documentales y testimoniales que permitieron elevar la causa a juicio.
El caso incluía imputaciones por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público en al menos 27 hechos, estafas reiteradas, tentativa de estafa y estafa vinculada al IVA. Sin embargo, en la etapa previa al juicio, el Tribunal declaró la prescripción del delito de estafa, lo que modificó el escenario procesal.
A partir de esa decisión, se abrió la posibilidad de una salida alternativa, que derivó en el acuerdo de reparación económica ahora a la espera de homologación judicial. De confirmarse, pondrá fin a un expediente que combinó fraude inmobiliario, falsificación documental y la participación de profesionales en una compleja operatoria.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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