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Miguel Ángel Maino murió el 17 de abril de 2025 y fue una de las primeras víctimas del fentanilo contaminado producido por Laboratorios Ramallo y distribuido por HLB Pharma . Su caso, como el de otras 110 personas en todo el país, forma parte de la causa que investiga el juzgado federal de La Plata como la mayor tragedia sanitaria registrada en la Argentina .
Maino entró caminando al Hospital Italiano de Rosario. Estaba tranquilo. Tenía una cirugía programada para tratar una lesión en el estómago por la cual se estaba preparando hacía un tiempo y, según recuerda su hija, estaba en buen estado general.
“ Ingresó por su propia voluntad, caminando. De hecho, el día de la cirugía estuvo haciendo chistes con los camilleros”, contó a TN Carla Maino, mientras en la boca se le dibujaba una sonrisa nostálgica. Días después, el cuadro de Miguel se complicó.
El equipo que lo trató decidió inducirlo a un coma farmacológico con fentanilo para favorecer su recuperación . A partir de ese momento, el hospital comenzó a suministrarle el fármaco, como lo haría con cualquier paciente en ese estado, pero sin saber que estaba contaminado. “Ahí empieza a recibir la droga de ese lote de forma diaria”, explicó Carla en una entevista exclusiva.
Poco después, aparecieron los primeros signos de alarma . Fiebre persistente, infecciones que no respondían a los tratamientos y un deterioro general que los médicos no podían explicar . En un principio, le dijeron a la familia que era una reacción esperable.
“El segundo día empezó a generar fiebre. Nos decían que era normal , pero esa fiebre se volvió sostenida y cada vez más alta”, relató Carla. Hasta que todo empeoró.
Con el correr de los días, los cultivos que mandaron a hacer los médicos confirmaron la presencia de una bacteria altamente resistente , la misma que más tarde sería detectada en las ampollas contaminadas.
Durante la internación, Carla empezó a notar un patrón que le generó dudas, incluso antes de saber que existía una causa judicial. “Cada vez que lo sedaban, volvía a decaer” , recordó.
Esa relación entre la sedación y el empeoramiento del cuadro se volvió cada vez más evidente para ella, aunque en ese momento no tenía forma de explicarlo. Los médicos, en cambio, hablaban de infecciones intrahospitalarias .
Cuando su padre murió, la explicación oficial fue que había contraído una infección adquirida durante la internación . Pero Carla no quedó se conforme. “A mí no me convencía. Era una rumiación constante de qué había pasado”, contó. Cada día que pasaba se preguntaba y trataba de indagar más en detalle.
La confirmación llegó semanas más tarde, casi por casualidad. Carla escuchó en los medios sobre otros casos similares en La Plata y decidió investigar por su cuenta. Pidió la historia clínica, habló con médicos y finalmente obtuvo una respuesta. “Lo llamé a mi hermano y le dije: a papá lo mataron con esto” , recordó.
Poco después, autoridades del hospital le confirmaron que su papá formaba parte de la causa judicial, que la historia clínica ya estaba incorporada al expediente y que el juzgado eventualmente se contactaría con la familia.
Ese momento fue, según describió, una mezcla de alivio y bronca. “Fue tener una respuesta, pero también entender la injusticia” , dijo.
Lo que más la impactó no fue solo su caso individual, sino el contexto en el que ocurrió. Durante la internación de su padre, veía cómo otros pacientes atravesaban situaciones similares. “No era mi papá, eran todas las familias viviendo exactamente lo mismo, con fallecimientos todos los días” , explicó.
Con el tiempo, esa percepción se confirmó. El factor común entre los pacientes era la administración de fentanilo . Las ampollas estaban contaminadas con bacterias que generaban infecciones graves y resistentes a los antibióticos.
“Mientras le daban antibióticos por una vía, por otra le estaban administrando la droga infectada. Así nunca iba a mejorar”, resumió.
Hoy, a un año de la muerte de su padre, Carla Maino forma parte activa del grupo de familiares que impulsan la causa judicial . Reclaman que se investigue no solo al laboratorio, sino también a todos los actores que pudieron haber fallado en los controles. “Acá hay una cadena de irresponsables” , sostuvo.
También insiste en que el número de víctimas podría ser mucho mayor. La falta de trazabilidad de los lotes y la demora en retirar el medicamento hacen que todavía existan personas que no saben que fueron afectadas. “El número que se conoce es muy bajo todavía” , advirtió.
En paralelo, el juzgado continúa contactando a posibles afectados para realizar pericias médicas. De los 48 sobrevivientes , muchos presentan secuelas, sobre todo respiratorias, y recién ahora están siendo incorporados formalmente a la causa.
En tanto, 6 pacientes fallecieron después de recibir el alta médica . Según confirmó la abogada de Carla, Adriana Francesca, se pidió al Cuerpo Médico Forense una pericia sobre las historias clínicas para saber si fue a causa del fentanilo contaminado. “Puede aumentar el número” , adelantó.
A muy pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, el lugar más golpeado por la tragedia sanitaria, el recorrido lleva inevitablemente a un punto perdido en el mapa. Se trata del predio del Laboratorio Ramallo , ubicado en el partido de San Nicolás.
Sobre la calle Industria Nacional, en medio del campo, rodeado de vegetación, donde solo pasan camiones y lejos de todo, todavía quedan cajas de medicamentos apiladas al costado de la planta , como si el tiempo se hubiera detenido el día en que estalló el escándalo.
El lugar está custodiado por Prefectura. No hay movimiento de empleados. No hay actividad productiva. Solo una sensación de abandono.
En ese predio se produjeron nada más y nada menos que los lotes de la muerte, que se hicieron bajo condiciones deficientes y sin cumplir con las buenas prácticas de fabricación .
Pero lo más grave no fue solo la falla técnica o la negligencia. La investigación detectó que existían irregularidades en los documentos, con registros adulterados y controles internos que no reflejaban la realidad del proceso productivo.
Este manejo de las autoridades y de los directivos habría permitido que el laboratorio superara inspecciones sin que se detectaran las fallas estructurales que finalmente derivaron en la tragedia.
La causa se inició formalmente el 13 de mayo de 2025, pero los indicios comenzaron a aparecer semanas antes, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso completamente atípico en pacientes internados. Los profesionales advirtieron que los casos no tenían relación entre sí desde el punto de vista clínico o epidemiológico.
No compartían habitaciones, no eran atendidos por los mismos equipos médicos y no habían sido sometidos a procedimientos invasivos comunes. Mientras eso pasaba, las familias de las víctimas exigían respuestas. Al indagar sobre su historia clínica, el único pátrón común era que a todos le habían suministrado fentanilo.
A partir de esa sospecha, el hospital decidió avanzar con un análisis que incluyó la toma de muestras de las ampollas en circulación. Se analizaron productos de distintas marcas y, mientras que otras variantes no presentaban anomalías, 10 de 12 muestras del fentanilo HLB dieron positivo para bacterias .
“La contaminación de las ampollas fue demostrada mediante los ensayos bioquímicos de las muestras, que arrojaron como resultado el crecimiento microbiano de dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica ”, detalleron las pericias.
El hallazgo fue informado el 2 de mayo (feriado) a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) , que tomó intervención a través del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) , y recién al día siguiente se pidió retirar todas ampollas que habían sido distribuidas a todo el país. Pero, para entonces, ya era demasiado tarde.
En paralelo, se inició una investigación administrativa y se abrió una causa penal (FLP 17371/2025) a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata . La denuncia formal se presentó el 12 de mayo y al día siguiente se activó la causa judicial, con medidas como allanamientos, secuestro de muestras y se preservó toda la evidencia encontrada en los laboratorios.
Desde ese momento, el objetivo fue, por un lado, determinar la magnitud real de la contaminación , es decir, si afectaba a un solo lote o a toda una serie de producción. Por otro, evitar que el medicamento siguiera siendo utilizado , lo que implicaba ubicar y retirar ampollas distribuidas en distintos puntos del país.
Con la ayuda del Instituto Malbrán, se llegó a saber que de los seis lotes que habían salido en el periodo de entre diciembre del 2024 y enero del 2025, dos estaban contaminados.
“El agravamiento significativo de la condición de salud de los pacientes configura, precisamente, un incremento del riesgo de muerte (...) produjeron un contagio bacteriano adicional a su cuadro clínico y, por lo tanto, un peligro suplementario para su sobrevivencia. Tal incremento del riesgo de muerte no se hubiese producido si el fentanilo HLB lote 31202 hubiese sido fabricado de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación contenidas en la normativa aplicable”, sentenciaron las pericias.
Las pruebas recolectadas en la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak permiten reconstruir cómo se produjo el fentanilo contaminado , pero además dejan al descubierto una lógica de funcionamiento dentro del laboratorio Ramallo que, según el expediente, estaba “completamente alejada de cualquier estándar sanitario”.
Peritajes, informes técnicos, documentación interna y, sobre todo, conversaciones privadas entre directivos y empleados muestran que la producción de medicamentos se realizaba en condiciones irregulares , con controles inexistentes o directamente falseados, en un esquema donde lo importante no era garantizar la seguridad sino “pasar” inspecciones .
Uno de los puntos más graves que surge del dictamen es la manipulación sistemática de la documentación . Según se acreditó, los registros de producción no reflejaban lo que realmente ocurría dentro de la planta, sino que eran confeccionados después , muchas veces de manera apurada, con datos inventados o copiados de otros procesos.
“La prueba producida permite sostener que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto respecto de su fabricación , antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos”, sostiene el fallo.
Pero lo más contundente aparece en los chats internos del laboratorio, donde los propios directivos hablan sin filtro sobre estas prácticas. En una de las conversaciones analizadas, los integrantes del equipo reconocen que no contaban con documentación respaldatoria suficiente y plantean directamente “armar algo” para poder cumplir con los requerimientos oficiales . En ese mismo intercambio, el director general pidió “dibujar” los registros.
“Se advierte que la directiva consistía en que, ante cualquier impedimento que tornara imposible cumplimentar lo requerido por la ANMAT, debería ser inventado”, señala el dictamen judicial. .
Las irregularidades no se limitaban a los papeles. También alcanzaban a los propios procesos de producción. En una de las secuencias reconstruidas, incluso se discute qué hacer con ampollas de fentanilo ya fabricadas. “Llevale que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada…” , se lee en uno de los mensajes. Para los investigadores, intentaron modificar o simular condiciones de esterilización que eran clave para la seguridad del medicamento.
A esto se suman los informes técnicos de organismos como ANMAT y ANLIS-Malbrán, que concluyeron que los procesos del laboratorio no cumplían con las Buenas Prácticas de Fabricación . Según uno de los peritajes, “no se puede asegurar la calidad de ninguno de los productos evaluados ni que sean seguros para su uso”.
En ese contexto, la investigación también reveló que muchas de estas maniobras se activaban especialmente ante un anuncio de inspecciones. Los documentos se confeccionaban a contrarreloj, se completaban registros faltantes y se intentaba ordenar lo que en la práctica era un sistema caótico.
“Muchos de esos registros se confeccionaron exclusivamente para presentarlos ante la autoridad de aplicación, ante el aviso de inminentes inspecciones ”, señala el expediente.
En el primer eslabón de la cadena de mando estaban los propietarios de la firma y de la alta gerencia . Este grupo tomaba las decisiones estratégicas y comerciales del laboratorio, a menudo utilizando figuras formales para ocultar la propiedad real.
Después estaban las personas a cargo de las direcciones técnicas , que son los responsables legales y profesionales ante la ANMAT de asegurar la calidad y legitimidad de los productos.
También estaban los responsables de Producción y Control de Calidad (Línea técnica). Se trata del personal jerárquico encargado de la manufactura y los ensayos de esterilidad en la planta de Ramallo.
De los mencionados, a Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio se les dictó la falta de mérito en la causa, aunque no pueden salir del país. El resto está procesado, algunos con prisión preventiva y otros permanecen en libertad.
El delito que se les imputa es por “ adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte”, y la Justicia les trabó un embargo que va desde 10 mil millones de pesos, hasta los 500 mil millones.
A medida que avanzó la investigación judicial, el rol de la ANMAT empezó a ocupar un lugar central. El laboratorio no era desconocido para el organismo, ya que se habían hecho múltiples inspecciones a lo largo de los años.
Esas intervenciones respondían tanto a controles de rutina como a alertas específicas, por lo que el organismo tenía un conocimiento previo del funcionamiento de la planta. Sin embargo, ninguna de esas acciones derivó en una clausura definitiva , un punto que hoy es analizado dentro de la causa.
De acuerdo con lo que consta en el expediente, la ANMAT había recibido más de 120 denuncias vinculadas al laboratorio . Se trataba de presentaciones que señalaban irregularidades en la calidad de los productos, fallas en los procesos de fabricación y deficiencias en los sistemas de control.
Con el paso del tiempo, esas denuncias se fueron acumulando y motivaron distintas actuaciones administrativas, incluyendo nuevas inspecciones. Aun así, el laboratorio continuó operando con normalidad y distribuyendo medicamentos en distintos puntos del país.
El accionar de la ANMAT también quedó bajo análisis. Ahora la Justicia busca determinar si los controles realizados fueron suficientes. En ese punto, la investigación no sólo apunta a las responsabilidades dentro de la empresa, sino también a las posibles debilidades del sistema de control estatal.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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