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La Justicia dictó un fallo considerado inédito en Mar del Plata al responsabilizar a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense por la intoxicación con monóxido de carbono que en 2006 afectó a estudiantes de la Escuela Secundaria Básica N° 34 y dejó a varios adolescentes internados.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Fernández, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2, quien ordenó que el Estado provincial indemnice a una de las alumnas que inició una demanda tras aquel episodio ocurrido hace casi dos décadas.
El caso se remonta al 12 de junio de 2006, cuando alumnos de entre 14 y 15 años comenzaron a sufrir mareos, vómitos, dolores de cabeza y desmayos mientras se encontraban en clases dentro del establecimiento ubicado en la zona de Formosa entre Catamarca e Independencia.
La situación generó momentos de extrema tensión y obligó a desplegar un operativo sanitario de urgencia. Varias ambulancias trasladaron a los estudiantes al Hospital Materno Infantil y al Hospital Interzonal General de Agudos. Algunos adolescentes incluso debieron ser derivados a la cámara hiperbárica de la Base Naval debido a la gravedad del cuadro. En total, cinco estudiantes quedaron internados.
Las pericias realizadas posteriormente determinaron que la intoxicación se produjo por fallas en el sistema de calefacción central del establecimiento, que distribuía aire caliente hacia las aulas mediante conductos instalados en los techos.
El abogado Fernando Scarimbolo, representante de una de las alumnas afectadas, sostuvo que durante el juicio quedó acreditado que existían advertencias previas sobre el peligro del sistema. Según explicó, desde principios de 2006 la empresa Camuzzi había señalado irregularidades en la calefacción del edificio escolar.
De acuerdo con la reconstrucción presentada en la causa, nunca se habría autorizado nuevamente el funcionamiento del sistema luego de esas observaciones técnicas. Sin embargo, el mecanismo habría sido modificado posteriormente para volver a poner en marcha la calefacción, situación que derivó en la intoxicación masiva meses después.
Para el letrado, el fallo marca un precedente importante porque refuerza la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones seguras dentro de las escuelas. “Cuando las familias dejan a sus hijos en un establecimiento educativo, existe una obligación concreta de proteger su integridad física y psicológica”, sostuvo.
La sentencia abre además un debate sobre los controles de infraestructura en los establecimientos educativos y las consecuencias que puede generar la falta de mantenimiento en espacios donde asisten cientos de estudiantes diariamente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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